“La izquierda abertzale es un peligro para la prevención de la radicalización”

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“Tras la derogación de la doctrina Parot, las instituciones no estuvimos a la altura”

“Nuestra intención es que el Gobierno vasco y el de Navarra se sumen al futuro pacto de Educación

“Tendremos que incluir programas de sensibilización con Venezuela en torno al terrorismo”

Ser la cara del Gobierno central ante las víctimas del terrorismo en un país con un millar de asesinatos no es fácil. Tampoco es sencillo ser nombrada directora general de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo por el primer Gobierno de Mariano Rajoy tras haber llegado a la Dirección General en 2004 de la mano de un Ejecutivo socialista. Abogada y natural de Lugo, Sonia Ramos Piñeiro lo sabe y por ello imprime cautela gallega a sus respuestas. Lo hace semanas después de haber sido renovada en el cargo por el nuevo titular de Interior, Juan Ignacio Zoido.

El pasado 2 de enero cumplió usted cinco años al frente de la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo. ¿Cuáles eran los problemas a los que debía enfrentarse la Dirección entonces y cuáles son ahora?

En 2012 y 2013, la aplicación de la ley 29/2011 [Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo], porque cuando se inició la legislatura la ley estaba recién aprobada a finales de la legislatura anterior. Pusimos en marcha la elaboración del reglamento y todas las medidas que suponía. Ahora, con el reglamento prácticamente ejecutado, aunque siempre hay ayudas e indemnizaciones que estamos tramitando, el reto de esta legislatura es afianzar más las políticas de memoria y de reconocimiento a las víctimas. Este es el gran objetivo estratégico de la Dirección General.

¿Qué proyectos concretos están sobre la mesa?

El primero es el proyecto educativo. Una vez que conseguimos introducir en la LOMCE los desarrollos curriculares, contenidos de valores frente al terrorismo y el papel de las víctimas, hemos comprobado que las editoriales no habían traducido esos contenidos que habíamos propuesto y que gracias al Ministerio de Educación habían podido aprobarse. Con lo cual, hemos iniciado con el Ministerio de Educación una colaboración para ofrecer a las editoriales de manera gratuita materiales educativos oficiales y de calidad, formación a los docentes y testimonio de las víctimas. No sólo pretendemos que ese testimonio sea presencial, sino también que sea a través de los medios de comunicación, Internet y redes sociales. Consideramos que hay muchísimos materiales que son útiles y en los que están trabajando las asociaciones de víctimas del terrorismo y al propia Fundación de Victimas. Queremos ir de la mano con las entidades.

Al margen de la educación, ¿qué líneas de actuación se van a promover en lo referente a la memoria?

Es fundamental la línea internacional, en el ámbito de la concienciación. Nos hemos dado cuenta de que todavía queda mucho por hacer. Efectivamente, los países de nuestro entorno están sufriendo la lacra del terrorismo yihadista en su generalidad. Pero es verdad que no tienen la experiencia que España, por desgracia, viene arrastrando en la atención a las víctimas por nuestro terrorismo, primero nacional de más de cincuenta años. Cuando acudimos a los foros internacionales vemos que todavía la concienciación en torno a cuál debe ser el papel que deben ocupar las víctimas en la lucha contra el terrorismo no está al nivel que en España consideramos que debe estar. Por lo tanto, impulsar el estatuto internacional de víctimas que ya dejamos segmentado en los primeros cimientos en Naciones Unidas y también avanzar en que haya un reconocimiento de memoria es otro de los objetivos que nos fijamos.

¿Qué medidas prevén impulsar en el marco internacional?

Tenemos que aprovechar que cada pocos años se revisa la estrategia global contra el terrorismo. Ha sido revisada en 2016 y tenemos la próxima revisión en 2018. Una de las cosas que echo en falta en el seno de Naciones Unidas es que no hay un día internacional de la memoria de las víctimas del terrorismo. Vemos que en el calendario de homenajes que hacen están las víctimas del Holocausto, víctimas de genocidio, víctimas de accidentes de tráfico… Una buena propuesta podría ser que España liderase que hubiese un día internacional en homenaje a las víctimas del terrorismo, que podría ser, aunque no podríamos descartar otros, el 11 de marzo, en coincidencia con el día internacional europeo.

¿Se va a impulsar esa propuesta por parte de su Dirección General?

Sí. Se va a impulsar. Nos parece una buena iniciativa. Existen la necesidad de que haya una cultura de paz y de valores. Creo que lo que en España vamos a hacer a nivel interno también es muy exportable a Naciones Unidas y en otros organismos internacionales. También se revisa en mayo de este año por parte del Consejo de Europa las directrices de protección a las víctimas as del terrorismo. Se revisaron por última vez en 2005. Hemos propuesto una serie de avances. Esta semana tenemos una reunión con Exteriores y Justicia para llevar un documento y que, en esas directrices, como anexo, figure el modelo español. No hablo sólo del asunto de la reparación, hablo del acceso a la justicia, que es muy importante. Todas estas pequeñas actuaciones redundan en la memoria y la concienciación internacional.

Con respecto al modelo español, y dado que uno de los objetivos de esta Dirección es la colaboración con las Administraciones públicas en materia de asistencia y apoyo a las víctimas del terrorismo, ¿cómo se están enfrentando a los problemas derivados del culto al terrorista que se suceden diariamente en el País Vasco y Navarra?

Por una parte, la propia ley 29/2011 condena los homenajes y exaltaciones públicas a miembros de organizaciones terroristas. Ahí la labor, en la legislatura anterior, de la delegación del Gobierno en el País Vasco interponiendo recursos contra todo este tipo de actos y homenajes ha sido ímproba. Y creo que se va a seguir así. No tenemos que olvidar que de Interior dependen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado, que están muy pendientes de cualquier tipo de actuación. Desde aquí se vive con una actitud de total seguimiento y condena de ese tipo de actuaciones.

Sin embargo se siguen produciendo. Hace escasos días en San Sebastián las calles se cortaron para recibir al etarra Balerdi Ibarguren, autor de siete asesinatos. ¿Tendría que impulsarse una mayor implicación por parte del Ejecutivo vasco y por parte de las administraciones locales en la persecución de delitos que se producen a nivel local?

Tenemos un órgano de relación con las comunidades autónomas que creamos la legislatura pasada. Hemos convocado este órgano para el 9 de febrero. En el orden del día, además de cuestiones asistenciales, vamos a plantear de qué manera conjunta podemos tratar no sólo las políticas de apoyo a las víctimas sino las políticas de memoria. Primero vamos a escuchar que tienen que decir. El Gobierno, por ejemplo, ha recurrido la ley que se denomina coloquialmente de abusos policiales de Navarra. Todavía no ha finalizado el plazo para la presentación del recurso contra la ley vasca también denominada de abusos policiales. Creo que en los distintos ámbitos se está trabajando. ¿Que podemos hacer más? Yo me imagino que para las víctimas nunca será suficiente. Es muy doloroso ver que desde determinados pueblos o ayuntamientos se legitima este tipo de actos de recibimiento y de homenaje. Pero los instrumentos están ahí, estamos en un Estado de derecho y confío.

¿Hay que revisar los instrumentos del Estado de derecho al constatar que los homenajes no cesan?

Si continúan, no sobra que estudiemos si puede haber mecanismos adicionales. Porque a lo mejor pueden ser más efectivos otros mecanismos que no sean solamente la interposición de un recurso contencioso administrativo contra una decisión de un ayuntamiento. Veámoslo.

"El principio de equidad exige equiparación de indemnizaciones en torno a víctimas de todas las bandas terroristas"

Sobre la ley de abusos policiales, se está hablando mucho sobre si el PNV, en sus negociaciones con el Gobierno, ha puesto ese tema sobre la mesa. ¿Se va a seguir adelante con el recurso que el Gobierno anunció contra esa ley?

No me consta que esté sobre la mesa de la negociación esa ley. Lo que sí conozco es que el Tribunal Constitucional te permite ampliar de un plazo de tres meses a seis todas las leyes susceptibles de impugnación ante el Constitucional. Se suele recurrir normalmente a este plazo de seis meses para que pueda haber negociación por parte del Gobierno y de las comunidades autónomas. El mecanismo está abierto y no finaliza hasta mayo de este año. No sé si el Gobierno vasco ha previsto hacer una modificación en el texto inicial. Lo que sí es verdad es que la ley navarra está recurrida.

¿Qué puntos de la ley podrían ser objeto de recurso de inconstitucionalidad?

Hay varios puntos. Son cuestiones muy técnicas, pero por ejemplo la creación de una comisión de carácter administrativo para valorar las secuelas o lesiones al margen de los tribunales de valoración que dependen del Instituto Nacional de Seguridad Social. Un órgano administrativo no puede hacer una valoración de secuelas al margen de los órganos evaluadores. Todo mecanismo para declarar la incapacidad o una secuela depende de la Seguridad Social. Ese es un aspecto inconstitucional.

Al ser la educación una competencia transferida, ¿cómo se puede obligar al País Vasco y Navarra a cumplir los contenidos que desde el Gobierno se van a promover en sus currículos educativos?

Nuestra idea es que esta materia pueda ser objeto de un pacto de Educación y que el mayor número de partidos políticos y grupos parlamentarios se sumen. Creo que en una materia como esta tiene que haber consenso y estoy convencida de que habrá el máximo, como cuando se aprobó la ley de reconocimiento de protección integral a las víctimas. No me quiero adelantar, pero nuestra intención es que el Gobierno vasco y el de Navarra se sumen a al futuro pacto de Educación.

¿Es optimista teniendo en cuenta que el Gobierno vasco ha promovido y promueve programas en los que lleva a las aulas, además de a víctimas del terrorismo, a víctimas de abusos policiales, generando una equiparación que va en sintonía con la “teoría de conflicto”?

Ese planteamiento diverge de nuestro proyecto educativo. Tenemos muy clara cuál es la frontera y, además, las víctimas del terrorismo tienen que tener un tratamiento individualizado. Las víctimas tienen un significado político porque no se les ha asesinado por ninguna razón que no fuese una razón política, para imponer unos ideales políticos por medio de la violencia. Mi opinión es que en el caso de que haya habido actuaciones irregulares por parte de los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, España es un Estado de derecho. No se puede equiparar el terrorismo de ETA con actuaciones singulares de personas que, siendo deplorables, existen unos medios judiciales a través de los cuales ha habido sentencias judiciales en relación a esas actuaciones. En materia de memoria defendemos una memoria exclusiva para las víctimas del terrorismo.

Por lo tanto, en ese pacto de Educación el Gobierno vasco tendría que renunciar abrazarse a la teoría del conflicto a la que todavía se abraza…

A ver qué proponen ellos para adherirse.

Pero el proyecto actual del Gobierno vasco es incompatible con este proyecto.

Obviamente no consideramos que haya habido un conflicto. Sí una organización terrorista que ha asesinado y unas víctimas. Pero no un conflicto entre partes.

¿Cabe la posibilidad por tanto de que el Gobierno vasco y navarro, este último con una posición más radical al apoyarse en Bildu, se queden fuera de ese eventual pacto educativo?

Les ofreceremos el proyecto como se le va a ofrecer al resto de partidos. Tendrán que ver.

Hay alrededor de 400 asesinatos de ETA sin resolver. ¿Qué puede hacer Interior para garantizar el derecho a la justicia o, al menos, a la verdad de esas 400 familias?

Apoyar a esas familias, como en el caso de la familia Romeo, que ha acudido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ha tenido el apoyo de la sociedad civil, fundamentalmente de COVITE. Y después, cuando hemos conocido que se habían agotado todas las instancias judiciales en Bélgica frente a la reclamación de extradición de Natividad Jaúregui y su enjuiciamiento posterior en España, hemos dado el asesoramiento a la familia para la presentación del recurso ante el TEDH. Resulta lógico que nada debe primar por encima del derecho a la vida. Intentar que se esclarezca el mayor número de atentados es uno de nuestros retos.

¿Debe el Gobierno posicionarse del mismo modo en torno a paraísos de ETA como Venezuela, un país con un importante número de etarras con crímenes sin resolver a sus espaldas? Muchos de ellos acumulan órdenes de busca y captura dictadas por la Audiencia Nacional e ignoradas por Venezuela.

Creo que el posicionamiento del Gobierno siempre es el mismo. En ocasiones depende de los convenios de extradición que haya suscrito. En el caso de Venezuela, niega la extradición de los etarras que están en el país. En la medida que se tenga constancia de que un etarra abandona un país a otro en el que sí puede operar la extradición, me consta que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado siempre están pendientes de que esos desplazamientos se produzcan para poder juzgar a esas personas en España.

No obstante, llama la atención de que cuando hay agravios entre dirigentes políticos de ambos países España llegue a llamar a consultas a embajadores y, sin embargo, cuando se niega la extradición de terroristas en busca y captura parece, y las víctimas del terrorismo pueden percibirlo así, que el esfuerzo diplomático no es tan fuerte. ¿Qué percepción tiene de ello?

La verdad es que el trato que he tenido con asuntos consulares y embajadas en casos de atentados terroristas con víctimas españolas sí me ha parecido de mucha sensibilidad. Quizá nosotros ahí tengamos que incrementar las relaciones que el Ministerio del Interior tiene con otras administraciones, que pueden ser también las nuestras en el exterior, para llevar la sensibilización en torno al terrorismo.

"Muchas víctimas tienen secuelas psicológicas porque no hubo un tratamiento adecuado desde el primer momento"

¿Venezuela está en la agenda de esa labor de sensibilización?

Tienen que estar todos. Programas concretos con Venezuela no he previsto ninguno. Pero por qué no, los tendremos que incluir.

Los colectivos y asociaciones de víctimas llevan años resaltando que la Ley de Víctimas genera una victimización adicional a aquellas víctimas cuyos casos siguen irresueltos. Lo dicen porque la indemnización que percibe una víctima sin acceso a la Justicia es la mitad que la percibida por un damnificado que sí ha tenido acceso a la Justicia. ¿Se está trabajando para hacer algo al respecto?

El ministro [del Interior], en su comparecencia en el Congreso, cuando presentó el programa de legislatura, hizo un compromiso de valorar con las asociaciones y fundaciones de víctimas qué reformas legales eran necesarias y mencionó la equiparación de indemnizaciones y también equiparación de indemnizaciones de las víctimas españolas cuando sufren un atentado en el extranjero. Vamos a hacer una nueva ronda con las asociaciones de víctimas para, al margen de esa reivindicación que nos había llegado, pueda haber otra para preparar un documento que recoja, de manera integrada, cuáles son las principales reivindicaciones que en el modelo español desde las víctimas nos hacen al Ministerio. Tenemos que hacer un estudio y, sobre la base de un principio de equidad, equiparar a todas [las víctimas mortales], hayan tenido o no sentencia con 500.000 euros.

Un trabajo reciente desvela que hay víctimas que ni siquiera han solicitado indemnización por circunstancias muy diversas. ¿La Dirección las tiene identificadas en sus listados de víctimas?

Es algo que también me ha sorprendido a mí. En la legislatura pasada indemnizamos por primera vez a más de 600 víctimas o familias que no habían recibido ninguna indemnización. Lo que hicimos fue actualizar los datos de domicilios y teléfonos de familias de atentados antiguos. Nos dirigimos a ellos. Ahora es verdad que todavía nos llega alguna solicitud que ya estaría fuera de plazo, pero la estamos tramitando como ayuda extraordinaria. Les estamos dando la misma indemnización que si la hubiesen solicitado en plazo.

¿Hay un listado definitivo de víctimas del terrorismo de ETA?

Tenemos 865 víctimas mortales de ETA identificadas. Aunque es cierto que a veces olvidamos a los heridos. Desde el Centro Memorial se abordará esa labor y se elaborará un registro de personas heridas de todas las organizaciones terroristas, algo complejo. Es una obligación moral.

El hecho de que los herederos del brazo político de ETA estén hoy en las instituciones tiene una doble interpretación: para unos es una victoria porque han aceptado estar dentro del sistema; para otros, la prueba de la derrota. ¿Considera esta Dirección que esos partidos son un peligro potencial para la prevención de la radicalización?

Tenemos que trabajar para contrarrestar ese relato, que es falso. Utilizan muchos mecanismos para imponer su relato, sobre todo internacionales. Debemos evitar que ese falso relato cuaje. Sí les veo como un peligro. Y el mejor elemento para combatirlo es el testimonio de las víctimas.

Después de años tratando de cerca con víctimas del terrorismo, ¿en qué aspectos cree que el Estado no ha dado la talla?

España ha reaccionado bien, pero reaccionó tarde. Muchas víctimas tienen secuelas psicológicas porque no hubo un tratamiento adecuado desde el primer momento… Tras la derogación de la doctrina Parot nos pusimos a disposición de las víctimas de los terroristas que estaban siendo excarcelados. De ahí salieron muchas necesidades de atención psicológica. Las víctimas contaron con una red de amigos y de familiares importante, pero las instituciones no estuvimos a la altura. No podemos pensar que el bienestar psicológico que van a lograr es el mismo que cuando se hace una intervención inmediata después de un atentado. Las víctimas, y con razón, han tenido una sensación de soledad. Las que se tuvieron que ir, los que enterraron a sus seres queridos solos… Creo que un reto no culminado es el reconocimiento a los amenazados y a los exiliados del País Vasco. También a los que se quedaron y siguieron sufriendo amenazas allí.

¿Cree que la ciudadanía es consciente de las secuelas que ha dejado el terrorismo en las víctimas?

Creo que sí. La sociedad actual apoya a las víctimas y reconoce su sufrimiento. Además, cada vez va más gente a los homenajes. Como española, me siento orgullosa.

¿Queda trasladar esa sensibilización al País Vasco y Navarra?

Es verdad que en determinados sitios tenemos que trabajar más. Es así porque ellos han tenido otro relato durante tiempo.

¿Qué labor va a llevar a cabo el Centro Memorial en este aspecto?

Están en el proyecto educativo porque una de las áreas que llevan es el área pedagógica y educativa. En el proyecto de los heridos también van a colaborar con nosotros. Están muy volcados con el estudio de la cesión de los documentos que se va a hacer por parte del Gobierno francés. Todo esto va a contribuir a que el Centro Memorial sea un centro de investigación sobre ETA importantísimo. Esa documentación va a estar abierta a investigadores e historiadores. Va a permitir avanzar en el conocimiento y el relato. El Centro Memorial no va a ser solo un referente en el País Vasco, también en el plano internacional, porque no hay ningún centro de memoria específico de terrorismo.