El modelo policial vasco cinco años después del adiós de ETA: Ertzaintza, Guardia Civil y Policía Nacional

El final de la violencia de ETA ha obligado a las Fuerzas de Seguridad a reorganizarse en el País Vasco. Esta es la radiografía de su estructura.

De ETA a la amenaza yihadista

Euskadi y España celebran estos días cinco años desde que ETA anunciase el “cese definitivo” de su actividad terrorista. A diferencia de otras treguas anteriores, en esta ocasión no sólo era el final de los atentados, sino también de la extorsión y del terrorismo de baja intensidad (‘kale borroka’ y violencia de persecución, principalmente). Un lustro parece ya margen suficiente para valorar el efecto de este trascedente cambio, toda una revolución silenciosa en la convivencia, en la situación de las fuerzas de seguridad desplegadas en el País Vasco, que en 2011 era la región europea con más policías por habitante con un contingente de alrededor de 15.000 efectivos entre Ertzaintza (8.000), Policía Nacional (1.500), Guardia Civil (3.000) y cuerpos locales y forales (2.500).

La transición hacia un nuevo modelo policial, en todo caso, ha coincidido con la creciente amenaza global que constituye el yihadismo. Son dos las visiones al respecto. Algunos analistas sostienen que la experiencia adquirida durante décadas contra ETA se ha convertido en la mejor preparación ante Daesh (el autoproclamado Estado Islámico) o Al Qaeda. Otras voces, en cambio, aprecian que ambos fenómenos tienen muy poco que ver. A mi entender, tienen más razón los segundos que los primeros. Es cierto que el trabajo de coordinación, sobre todo con Francia, ya viene engrasado desde hace años. También lo es que determinadas unidades de elite como los artificieros o los equipos de Intervención especial de distintos cuerpos tienen alta preparación en situación de riesgo. Pero el terrorismo de ETA y la nueva amenaza yihadista son muy disímiles y exigen un nuevo enfoque policial.

Para empezar, las actuaciones de ETA respondían casi siempre a un patrón estándar. Los atentados indiscriminados de los que se valen Daesh o Al Qaeda nunca se produjeron en suelo vasco (sí en Barcelona o Madrid, paradójicamente). También estaba acotado el número de objetivos y amenazados y, aunque amplio, el despliegue podía ser más o menos controlable. Otra diferencia sustancial es que los miembros de ETA ponían muy en valor su vida y articulaban estrategias de huida perfectamente diseñadas. Finalmente, en el plano más policial y sin entrar en detalles operativos, a nadie se le escapa que la labor de captación de información y de confidentes se antoja mucho más compleja cuando se habla del islamismo radical.

Con estas premisas, el País Vasco ha afrontado en los últimos años un importante cambio de modelo policial. Es cierto que la etapa de ETA no está cerrada. La organización no actúa pero no se ha disuelto formalmente ni entregado su arsenal de armas. Asimismo, quedan más de 300 crímenes sin resolver y algunas facciones del denominado Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV) no acatan la estrategia no armada (o militar, según sus términos) y han llevado a cabo en este período pequeñas campañas de violencia callejera, aunque en ningún caso han causado daños personales. En este contexto, ni la Ertzaintza ni las Fuerzas de Seguridad del Estado han disuelto sus estructuras antiETA.

Una Ertzaintza más “cercana”

En 2012, al acceder al cargo, la nueva consejera vasca de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia (PNV), anunció un plan (‘Horizonte 2016’) para reorganizar la Ertzaintza y encaminarla hacia un modelo de “cercanía” con la sociedad. Hay que recordar que, en virtud del reparto competencial que fija con nitidez el Estatuto de autonomía de 1979, la Ertzaintza es el cuerpo “integral” de la comunidad autónoma del País Vasco y que asume las funciones de seguridad ciudadana, orden público, investigación criminal y tráfico, entre otras. Comparte con las Fuerzas de Seguridad del Estado, en cambio, el trabajo antiterrorista y de Información, dada la naturaleza suprautonómica de estos delitos.

La Ertzaintza moderna (hubo un antecedente en la II República) surge en 1982 y no es hasta 1995 cuando adquiere su despliegue total en todo el territorio y con todas las atribuciones. Es un cuerpo, por lo tanto, que nace bajo la amenaza terrorista y que se ve obligado a desarrollar todo tipo de protocolos para la autoprotección, ya que ETA asesinó también ertzainas al igual que guardias y policías.

En materia de orden público, el principal cometido de la Ertzaintza fue el control de los brotes de violencia callejera o ‘kale borroka’. Según un reciente informe encargado a la Universidad de Deusto por el Gobierno vasco, entre 1990 y 2011 fueron más de 1.300 los atentados de distinta consideración que padecieron los integrantes de la Policía autonómica. Por término medio, es uno cada semana, aunque los años 1995 y 1996 fueron “especialmente duros”, reza el documento.

La unidad antidisturbios o Brigada Móvil configuró todo un catálogo de tácticas para combatir a los radicales callejeros en tramas urbanas tan complejas como las de los pueblos y ciudades de determinadas zonas vascas. Incluso desarrolló y patentó un sistema para regular la potencia de las escopetas de pelotas de goma para controlar velocidades y distancias, ahora retiradas tras la muerte en una carga policial de 2012 del joven Íñigo Cabacas. Otras pruebas policiales, como el empleo de camiones con cañones de agua no fueron consideradas efectivas y quedaron desechadas.

Sin embargo, fue la escalada terrorista de ETA la que obligó al Gobierno vasco a articular medidas adicionales. Cuando ETA amenazó y empezó a asesinar a cargos electos de los partidos constitucionalistas (PSE-EE y PP en Euskadi, PSN y UPN en Navarra, principalmente), la unidad de escoltas (Berrozi, por el pueblo abandonado alavés en el que se entrenan) quedó sobrepasada. Surgió así la llamada unidad de Acompañamientos, ertzainas de base que pasaron a proteger a dirigentes políticos. Uno de ellos, el joven Jorge Díez Elorza, falleció en el atentado contra el socialista Fernando Buesa. Este grupo, formalmente, quedó disuelto tras el cese de ETA, aunque antes se destinó temporalmente a proteger a mujeres víctimas de violencia de género.

Por aportar una visión numérica a este cambio radical, ahora sólo hay 154 ertzainas dedicados a seguridad personal (todos de Berrozi) cuando en el punto álgido de ETA llegó a haber 3.000 escoltados. Numerosas proveedoras de seguridad privada han presentado también ERE o reubicado su personal a otras funciones, en el País Vasco o fuera de él. “Hay la misma seguridad de personalidades que en cualquier país del entorno”, suelen repetir altos mandos de la seguridad vasca preguntados por la nueva situación.

De la Instrucción 53 a la Instrucción 79

ETA asesinó a Ana Isabel Arostegi y Francisco Javier Mijangos cuando regulaban el tráfico en la localidad guipuzcoana de Beasain. Fue en 2001 y supuso todo un punto de inflexión en la historia de la Policía vasca. Tras la presión sindical, la Ertzaintza creó la llamada Instrucción 53, un catálogo de medidas básicas de autoprotección y protocolos antiterroristas. Las comisarías o ‘ertzain-etxeak’ (como los cuarteles de la Guardia Civil) empezaron a contar con muros blindados exteriores y agentes con arma larga las protegían. Antes de acudir a una incidencia de carretera, por si se trataba de una emboscada, había que hacer comprobaciones previas con policías de paisano. Los escoltas imponían rutas diferentes cada día a sus protegidos y en 2003 se adquirieron coches-patrulla blindados, unos Volkswagen Passat que hoy continúan en servicio.

La nueva etapa abierta en 2011 ha sido visible con la derogación de la Instrucción 53. Desde entonces, la Ertzaintza ha recuperado las patrullas a pie por las calles de pueblos y ciudades y liberado recursos para otras tareas. Un documento de evaluación de ‘Horizonte 2016’ elaborado por el Gobierno autonómico cuantificó en un 68,53% más las labores de prevención y en un 15,59% más esas patrullas a pie, llamadas ‘korrikas’ en la jerga interna. Significativamente, también se ha presentado ya un plan de reformas de la comisaría vizcaína de Ondarroa, golpeada en 2008 por un potente atentado. El muro de seguridad que se construyó para blindar el centro policial de nuevas amenazas quedará derribado para lograr un espacio ajardinado “más amable” para el ciudadano.

Además, a partir de 2011 y con especial intensidad desde 2013, se acometió una reforma profunda en la estructura del cuerpo, que supuso la reconversión de la División Antiterrorista y de Información (DAI, aunque antes AVCS o, sobre todo, UIA) en una nueva Oficina Central de Inteligencia de carácter más transversal y atenta a otras realidades criminales como el cibercrimen, las grandes bandas organizadas o, desde luego, el yihadismo. La nueva OCI tiene dimensiones más reducidas que la antigua DAI.

En materia de yihadismo, algunas fuentes internas han denunciado falta de especialización e incluso de dominio del árabe, la lengua franca del mundo musulmán. Sin embargo, la Ertzaintza poco a poco ha ido consolidando pequeños grupos especializados y participa de manera regular (como invitada, todavía no como miembro de pleno derecho) en el denominado CITCO, la mesa de seguridad nacional antiterrorista. Esta nueva estructura se estrenó en 2016 con una operación en la localidad guipuzcoana de Rentería, en la que procedió a arrestar a un joven presuntamente radicalizado.

El plan estratégico de la OCI, además de apostar por “la colaboración con otros cuerpos policiales para el traslado de información”, reclamaba la participación de la Ertzaintza en el espacio europeo de seguridad Schengen como miembro de pleno derecho. En la misma línea, planteaba profundizar el contacto entre la OCI y “otros servicios de inteligencia” de “países exportadores de terroristas”. En el documento, de diez folios, no se concretaba cuáles eran esos países prioritatrios.

La Instrucción 53 contra ETA se ha convertido en Instrucción 79 contra el yihadismo. La Ertzaintza ha vivido la paradoja de desembarazarse de una amenaza terrorista para golpearse de lleno con la realidad de una alerta europea de nivel 4 de 5 y que exige actuaciones tan concretas como la vigilancia de zonas estratégicas, patrullas con chaleco antibalas y armas largas o la recuperación de los vehículos blindados. Es unánime en el País Vasco la denuncia sindical de que el Gobierno autonómico no está poniendo los suficientes medios materiales para dotar a la Ertzaintza de los recursos suficientes ante la nueva amenaza, principalmente en lo que a armamento, uniformidad y vehículos se refiere. Como ejemplo recurrente se cita que los blindados de 2003 ya no llevan sus lunas protegidas tras sucesivas renovaciones y que no está prevista la incorporación de nuevas unidades en el plan de renovación del parque móvil puesto en marcha hace unos años.

Esta misma semana, el secretario general del sindicato de mayor implantación en el cuerpo (ErNE) advirtió públicamente de que Euskadi “no es una isla” y de que el Gobierno no se está tomando en serio el nuevo escenario internacional.

¿Repliegue de las Fuerzas de Seguridad del Estado?

Otro de los debates recurrentes tras el comunicado de ETA de octubre de 2011 es el del “repliegue” de las Fuerzas de Seguridad del Estado. La “desmilitarización” del País Vasco fue una de las exigencias tradicionales de la banda terrorista y de su entorno y periódicamente se celebran acciones de presión con el lema “Alde hemendik!” (‘Que se vayan’, en euskara) o similares. El Gobierno del PNV, por su parte, reivindica un “ajuste del despliegue” de Policía Nacional y Guardia Civil (al Servicio de Vigilancia Aduanera nunca se hace mención) más que un “repliegue”. De hecho, en el programa electoral de 2016 se reconocía que el Estatuto vasco otorga competencias exclusivas a ambos cuerpos, entre ellas fronteras, extranjeros, puertos y aeropuertos, armas, DNI y pasaportes y toda la criminalidad de ámbito “supracomunitario”, es decir, la que exceda a la comunidad autónoma o afecta a varios territorios.

La cifra actual de policías y guardias en el País Vasco es desconocida a nivel oficial. De manera orientativa, se estimaba en 4.500 funcionarios en 2011. Sin que el Gobierno de España haya puesto en marcha en ningún caso un plan de repliegue (o de ajuste del despliegue), la realidad es que en este lustro el contingente es menor. Como en el conjunto de servicios públicos estatales, autonómicos y locales, la Administración no ha sustituido al 100% las vacantes que se han producido. El mismo problema de personal que acucia a la Ertzaintza –en una década se habrá jubilado la mitad de su plantilla de 8.000 mujeres y hombres- afecta en cierta medida también a las otras organizaciones.

Si en 2011 se estimaba en 3.000 unidades el contingente de la Guardia Civil, el 12 de octubre de 2016 –con motivo de la celebración de la fiesta nacional de España y de la patrona de la institución, la virgen de El Pilar- el general al cargo del cuerpo en la zona vasca, Félix Blázquez, habló de “2.500” funcionarios a su cargo. Lo que no ha variado es su estructura territorial, con bases en las tres capitales (Vitoria, Bilbao y San Sebastián) y en otras 20 localidades menores, además de en puertos y aeropuertos.

Con muchas menos competencias y menos personal, la Guardia Civil tiene tantos cuarteles como comisarías la Ertzaintza (25 en total, aunque dos de ellas han sido fusionadas en los últimos años, por lo que hay 23 demarcaciones). Organizaciones como la AUGC han denunciado que se mantienen abiertos pequeños puestos en localidades de poca población y sin apenas personal. El exresponsable de esta agrupación, Juan Antonio Delgado, ahora diputado en el Congreso con Unidos Podemos, declaró en 2014 a ‘El Mundo’ que sin ETA operativa “quizás” no serían necesarios “tantos agentes”.

Complemento salarial, sí; medallas, no

Los guardiaciviles, como los policías nacionales, siguen percibiendo en 2016 un complemento retributivo por estar destinados en el País Vasco y que surgió como compensación a la amenaza de ETA (que se llevó por delante a 161 miembros del instituto armado, por aportar un dato). Técnicamente, no es un plus de “peligrosidad”, sino de “territorialidad”. Puede rondar los 500 euros mensuales y ya es más reducido que en otras zonas de España como Ceuta y Melilla. La “territorialidad”, aunque algo más baja, se abona ya también en grandes ciudades como Madrid y Barcelona y no supone en ningún caso el diferencial económico que era para los funcionarios del Estado hace años.

La Policía Nacional, como tercera gran pata de la seguridad vasca, mantiene el mismo catálogo de puestos de trabajo en 2016 que en 2011, un despliegue de alrededor de 1.500 unidades. “No se han eliminado las comisiones de servicio en las brigadas de Información”, apuntan fuentes internas sobre el personal adscrito a los grupos antiterroristas del cuerpo en el País Vasco. Eso sí, la carga de trabajo asociada a ETA “ha bajado mucho” como también determinadas medidas de autoprotección en centros policiales (Vitoria, Basauri, Bilbao, San Sebastián e Irún) y actuaciones en la calle. Si en 2014 la media diaria de controles de carretera de las FSE en Euskadi era de nueve, en 2015 ya había bajado a cinco (según datos oficiales enviados al Parlamento Vasco).

“Recuerdo semanas de lunes a domingo trabajando de noche con cuatro o cinco controles diarios con el apoyo de la Unidad de Intervención Policial. Era de continuo. Y eso ya no existe”, explica un antiguo integrante de las unidades de Información de la Policía Nacional. Se da la circunstancia de que recientemente la jefatura ha reforzado los grupos contra el yihadismo con personal adscrito a la lucha contra ETA. “Grupos muy técnicos del MLNV, del entorno de ETA, han pasado a islamismo de la noche a la mañana y sin formación específica”, inciden las fuentes consultadas.

En este contexto, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) impulsó precisamente en 2011 un “reconocimiento” para el personal de las Fuerzas de Seguridad del Estado destinado en las comunidades autónomas vasca y navarra durante los ‘años de plomo’. La iniciativa del sindicato mayoritario de la Policía Nacional pasaba por que el Ministerio del Interior premiara con una cruz al mérito policial con distintivo blanco a todos los funcionarios con cinco años de servicio en esta zona y con distintivo rojo a los que acreditasen 15 años seguidos o 20 alternos. Esta condecoración está pensionada y podría suponer una pequeña subida salarial para un agente de escala básica de unos 140 euros.

El Gobierno del PP, sin embargo, nunca llegó a atender esta reivindicación a la que también se sumó en 2015 la AUGC de la Guardia Civil. “El reconocimiento pretendido no llegará a materializarse en algo tangible y nos sentimos defraudados por los políticos al ver de nuevo truncadas nuestras expectativas en esta materia”, denunciaron representantes de los miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en un simbólico comunicado conjunto hecho público en 2015 después de cuatro años sin avances en este terreno.

 

*Iker Rioja es periodista de eldiario.es en el País Vasco y experto profesional en Seguridad Ciudadana y Criminología por la UNED