Contra el olvido

En las últimas elecciones vascas, el 58% de los votantes ha elegido a partidos que defienden el “derecho a decidir”. A decidir lo que ellos quieren que decidan. 

Los resultados de las elecciones al Parlamento Vasco celebradas el pasado 25 de septiembre ponen de manifiesto un hecho sobre el que no se reflexiona a pesar de la gravedad de lo que revela. El hecho al que me refiero es que 46 de los 75 escaños del Parlamento Vasco (sin incluir los 11 logrados por Podemos) han sido obtenidos por partidos nacionalistas(PNV y EH Bildu), quienes han recibido el respaldo del 58,88% de los votantes. O lo que es lo mismo, 397.664 votos el primero y 224.254 el segundo. Entre ambos, la nada desdeñable cifra de 621.918 votos (de un total de 1.012.085).

Se trata en ambos casos de partidos políticos que defienden –con diferencias de matiz- el mismoelecciones-vascas proyecto político por el que ETA ha sembrado de sangre, sufrimiento y muerte el País Vasco y el resto de España. Un proyecto político que se sustenta en la consideración indiscutible de la existencia de un único sujeto colectivo (el “pueblo vasco”), dotado de una única lengua propia (el euskera) y de “identidad nacional”, motivos por los cuales tiene derecho a su existencia política como nación y a constituirse en Estado. Un proyecto político, sin embargo, que es ilegítimo porque es en aras del mismo que ETA ha practicado y justificado siempre su acción terrorista.

Para lograr ese País Vascoúnico y diferente ambos invocanla bicoca del inexistente “derecho a decidir”. En realidad, de lo que se trata es del derecho a decidir lo que ellos quieren que se decida y en el sentido que ellos desean porque cuando no quieren, bien que lo impiden. Testigo de ello son, por ejemplo, todos los vascos que se han visto y se ven impedidos de acceder a la función pública vasca por desconocer una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma Vasca, con la connivencia sonrojante de los socialistas vascos que parecen despertar ahora de su largo letargo en esta materia.

Todo esto sucede en una sociedad marcada por el terrorismo de ETA y por la cobardía general frente al mismo. A pesar de todo ello (o quizás por ello), el 58,88% de los votantes en las últimas elecciones al Parlamento Vascoha demostrado que comparte y apoya esa ideología y que la deslegitimación ideológica del terrorismo no parece estar entre sus prioridades. En efecto, ¿dónde queda la deslegitimación del terrorismo cuando el proyecto político en virtud del cual tantos seres humanos fueron victimizados no padece ninguna consecuencia en las urnas? Ante esa realidad, ¿qué significa la afirmación de que “La memoria de las víctimas constituye,…, un elemento esencial para la deslegitimación, ética, social y política del terrorismo”, contenida en la Ley Vasca de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo? ¿O hay que concluir que en gran parte de la sociedad vasca rige la desmemoria?

Es cierto que dentro del nacionalismo vasco la responsabilidad en todo lo acontecido durante décadas no es igual: mientras queunos pusieron toda la carne en el asador y a día de hoy todavía están orgullosos de ello, los otros callaron en muchas ocasiones y se beneficiaron del trabajo sucio de los primeros. En expresión magistralmente gráfica del que fuera Presidente del PNV, Sr. Arzalluz,unos sacudieron el árbol y los otros recogieron sin rubor ni remordimiento las nueces. Una de ellas, los beneficios derivados de la alteración del censo electoral. Nunca abrieron la boca para denunciarlo. Otra, la de poder hacer política libremente mientras los representantes de las opciones políticas no nacionalistas eran asesinados selectivamente, perseguidos, expulsados u obligados a vivir protegidos por escoltas. Una tercera: tampoco se negaron nunca a participar en contiendas electorales sometidas a tamaña desigualdad entre los participantes. Hay muchas más.

A pesar de las palabras bonitas a las que se recurre desde las instituciones vascas para pasar página (relato, memoria, reconciliación) tantolos resultados electorales como su repaso en los distintos municipios vascos revelan la cruda y elocuente realidad, a la vez que ponen de manifiesto que el proyecto político nacionalista no sólo no está deslegitimado sino que recibe un apoyo mayoritario por parte de los votantes vascos.

A la hora de escoger entre la memoria de las víctimas para deslegitimar ética, social y políticamente el terrorismo o la identidad nacional (nacionalista vasca) los datos revelan claramente la opción prioritaria:la preeminencia dada al sujeto colectivo (el “pueblo vasco”) frente al individuo, así comoa la identidad y la lengua (vasca) frente a la democracia y los valores democráticos.

Eso explica que enEuskadi se rindan honores a los asesinos y a los terroristas por su pertenencia a ETA y por lo que han hecho,ante la pasividad e indiferencia general de ciudadanos e instituciones vascas. También los pactos realizados por el nacionalismo vasco para despojar a partidos constitucionalistas de alcaldías ganadas legítimamente en las urnas. Esta ausencia de firmes convicciones democráticas en el ámbito del nacionalismo vasco explica igualmente que este no haya sido combativo contra el terrorismo nacionalista de ETA (los ejemplos de ello, por desgracia, son abundantísimos).

Que el pasado 14 de septiembre el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Lekeitio, regido por el PNV, fuera utilizado para homenajear a un miembro de la citada banda terrorista y que el personaje en cuestión se sentara en la silla del alcalde no es por desgracia una excepción sino un ejemplo más de la realidad que describo. De modo mucho más gráfico que los informes y estudios encargados en materia de víctimas por elGobierno Vasco y su Secretaría de Paz y Convivencia, la permisividad y la pasividad reveladas por esa utilización acreditan la nula cultura democrática de quien rige ese Ayuntamiento y el valor real que el mismo, su partido y otras instituciones otorgan a las víctimas del terrorismo. En este caso, a los tres vecinos de ese municipio asesinados por ETA: el marinero Ignacio Montes Abad, el policía municipal Juan Rodríguez Rosales y el guardia civil Alberto Villena Castillo. Entre los tres eran padres de ocho niños.