Las cuentas pendientes de ETA con las víctimas canarias

Pancartas de apoyo a ETA en la casa-cuartel de Legutio (Álava), donde ETA asesinó al último guardia civil. Foto de eldiario.es

Pancartas de apoyo a ETA en la casa-cuartel de Legutio (Álava), donde ETA asesinó al último guardia civil. Foto de eldiario.es

En las últimas semanas hemos asistido a la preparación por parte de ETA y de su entorno del quizá último acto propagandístico de la banda terrorista. Empezó con una petición de perdón que no era tal, continuó con un comunicado de disolución leído por el histórico terrorista Josu Ternera y finalizó con la escenificación de la pantomima en Cambo (Francia) el pasado viernes. Los protagonistas del teatrillo fueron los llamados verificadores internacionales, los autodenominados “artesanos de la paz” y miembros de la izquierda abertzale con una trayectoria terrorista destacable. Una foto final de ETA cruel e indigna en la que los que sometieron a toda una sociedad al yugo del terror se vanaglorian y se felicitan por haber dejado de matar. Un final que ni el propio Orwell habría esbozado en su imaginación.

Los sucesivos descabezamientos de la dirección de ETA y la desintegración sistemática de sus aparatos logístico, político y militar que comenzaron en el año 2000 degradaron de forma considerable las capacidades de la banda terrorista hasta tal punto de ser irreversible su imposibilidad operativa de cometer atentados. Por tanto, el abandono del terrorismo de ETA fue una consecuencia de su derrota por las fuerzas policiales y no de una reflexión moral y ética sobre la violencia y su trayectoria.

Ahora, siete años más tarde, ETA se ha disuelto, pero lo que no se disuelve son las consecuencias de su actividad terrorista, que comenzó 1968 con el asesinato del guardia civil José Pardines Arcay. Desde entonces, la banda terrorista ha dejado un reguero de sangre: 853 asesinatos, 2.597 heridos, más de 100.000 exiliados que tuvieron que irse del País Vasco y una cifra de crímenes sin resolver que superan los 300.

Los crímenes sin resolver de ETA no son una cuestión prioritaria, puesto que de un arrepentimiento que no fuera propagandístico o estratégico, nacería una voluntad sincera de ayudar a esclarecerlos por parte de la banda. La dirección del grupo terrorista siempre ha establecido un límite para que sus miembros en prisión se acogieran a beneficios penitenciarios: la delación. Son muchos los terroristas encarcelados que conocen datos que ayudarían a resolver los crímenes sin autores conocidos; no obstante, no parece que estén dispuestos a desvelarlos.

La comunidad autónoma canaria no ha permanecido ajena al dolor causado por medio siglo de terror. Son nueve las víctimas canarias producidas por el terrorismo etarra. Cuatro guardias civiles, dos policías nacionales, un militar, un guardia forestal y un civil. El caso de las víctimas canarias es un doloroso ejemplo de esos más de 300 crímenes sin resolver, puesto que, de los nueve asesinatos, tan solo se puede contabilizar como resuelto uno de ellos.

A finales de 1970, ETA mató a Ramiro Quintero Ávila, José Benito Díaz García, Juan Bautista García, José Manuel Amaya Pérez y a Aurelio Pérez Zamora. Ninguno de estos atentados está resuelto.

En los casos de José Benito, José Manuel y Aurelio ni siquiera hay sentencia, puesto que los sumarios de sus respectivos atentados fueron sobreseídos y archivados, siendo ejemplos flagrantes de casos en los que los terroristas han quedado impunes.

En el caso de Ramiro, la sentencia 106 del 15 de octubre de 1981 condena a 23 años de cárcel al etarra José Manuel Arzalluz Eguiguren como autor de un delito de asesinato. Sin embargo, en la ejecución del atentado participaron otros dos miembros de ETA cuyas identidades se desconocen y que junto con el condenado formaban parte del comando Uzturre.

Del asesinato de Juan Bautista también hay sentencia, la 70 de 4 junio de 1981. La sentencia es condenatoria para dos miembros de ETA por haber facilitado información sobre la víctima, Jesús María Amenabar Villarroel y Francisco de Xabier Jaca Arrizabalaga. Un dirigente de ETA encargó someter a vigilancia a Juan. Había llamado la atención de la banda puesto que salía con una chica de Ormaiztegui y su moto con matrícula de Gran Canaria no pasaba desapercibida. A pesar de haber frustrado un primer atentado contra su persona en el que le adosaron a su coche un artefacto explosivo compuesto por 2 kgs de goma-dos, los terroristas se salieron con la suya y acabaron con su vida en abril de 1979. De los autores del atentado nada se sabe.

Respecto a los otros cuatro asesinatos restantes, tanto el de Santiago González de Paz como el de José Francisco Hernández Herrera, los sumarios fueron sobreseidos y archivados poco tiempo después de que se cometieran los atentados. Quedándose los responsables de los mismos sin ser enjuiciados y condenados.

En el caso del asesinato de José Torralba López también hay una sentencia condenatoria que solo afecta a dos colaboradores de la banda. La 34 del 14 marzo de 1981 condena a María del Carmen Thomen Álvarez e Ignacio Aristizabal Iridoy por sus labores de colaboración al facilitar información sobre la víctima a la banda terrorista. José estaba junto con su compañero en la garita de la explanada contigua al puente de Santiago en la frontera de Irún cuando dos terroristas no identificados les acribillaron causándoles la muerte.

El caso de José Carlos Marrero Sanabria es especialmente doloroso. Este grancanario era guardia civil perteneciente al GAR (entonces Grupo Antiterrorista Rurale) y estaba integrado en un convoy realizando labores de inspección por el alto de Meagas. La banda terrorista había colocado un artefacto de 10 kgs de amonal y abundante tornillería en una curva con poca visibilidad, añadiendo a este primer explosivo un segundo conectado a un sedal disimulado entre la maleza. La explosión del primer artefacto al paso del vehículo en el que iba José Carlos fue mortal para un compañero suyo y a él le produjeron heridas que le supusieron una insuficiencia respiratoria provocada por un traumatismo torácico y shock traumático, dejándole estas heridas una grave lesión cerebral. José Carlos nunca se recuperó y tras dos años, terminó por acabar con su vida. En tres sentencias diferentes (ST 76/89, 21 octubre, ST 37/93, 19 octubre y ST 17/99, 20 abril) fueron condenados como autores los terroristas José María Pérez Díaz, José Antonio López Ruiz, Ignacio Miguel Berasaluce y José Ignacio Urdain Cirizar; además de Begoña Uzcudun Echenagusia como encubridora.

El ejemplo de las víctimas canarias es una pequeña muestra de la cantidad de asesinatos de ETA que quedan por esclarecer. Que ETA no sea nunca más operativa es una buena noticia, pero esto no debe impedir que se siga trabajando para conocer la verdad y para que se erradique la cultura del odio que queda enraizada en algunos puntos del País Vasco y Navarra, siendo una expresión de esto los continuos homenajes a etarras al salir de prisión o episodios como el vivido en Alsasua. Las víctimas del terrorismo lo merecen y la sociedad de un país democrático como España también.

*Este artículo fue publicado originalmente en el diario La Provincia.