Víctimas olvidadas del yihadismo: El caso de Leah Sharibu

Documento OIET 02/2021

Luis Antonio González Francisco

Chad, Níger, y sobre todo Nigeria conforman, aunque no son los únicos, un grupo de países africanos tristemente famosos por sufrir los violentos embates de las distintas manifestaciones del terrorismo yihadista. En el caso concreto de Nigeria, este empezó en 2002 en el estado de Borno, al norte del país a través del grupo fundado por Mohamed Yusuf bajo el nombre de  Jamā’at Ahl al-Sunnah li-l-Da’wah wa-l-Jihād (Grupo Comprometido a Propagar las enseñanzas del Profeta y el Yihad).

Conocido comúnmente como Boko Haram, expresión hausa–fulani que puede traducirse como «la educación occidental es un pecado», en mayo de 2015 se unió a Daesh pasando a denominarse Wilāyat Gharb Ifrīqīyyah (Provincia de África occidental). En 2016 el «califato» sustituyó al entonces líder del grupo Abubaker Shekau por Abu Musab al-Barnawi (Habeeb Bin Bin Muhamed Yusuf al-Barnawi) produciéndose un cisma que aún perdura.

El liderazgo de la organización yihadista sufrió un nuevo cambio en marzo de 2019 pasando a ostentar a la jefatura del grupo  el no muy conocido Abu Abdullah Ibn Umar al-Barnawi (alias Ba Idrisa ) quien, en septiembre de 2019 fue definido como «Terrorista Global Especialmente Designado» por la Administración Federal de EE.UU.

Integrantes de la facción de Shekau secuestraron en abril de 2014  en Chibok, Estado de Borno, a 276 estudiantes que profesaban la religión cristiana, lo que desencadenó una campaña internacional vehiculizada fundamentalmente a través de redes sociales digitales mediante el hasthag #BringBackOurGirls. Representantes de los dos partidos que componen el Senado de Estados Unidos se mostraron partidarios de poner «boots on the ground» (botas sobre el terreno), llegando el senador republicano John McCain a afirmar en una ocasión: «Ciertamente enviaría tropas de los EE. UU. para rescatarlas».

Esta campaña con el tiempo fue decayendo y no consiguió que todas las niñas fuesen puestas en libertad. Las que finalmente salieron del cautiverio, 21 menores en octubre de 2016 y otras 82 en mayo de 2017, lo habrían hecho, según una publicación de The Wall Street Journal, tras haber recibido los yihadistas un millón de dólares en la primera ocasión, y en la segunda otros dos millones de dólares así como la excarcelación de cinco comandantes del grupo terrorista.

Fotograma de un vídeo difundido por Boko Haram con las menores secuestradas en Chibok. Fuente https://www.voanews.com/africa/nigerian-leader-asks-un-help-free-abducted-chibok-girls

A imitación de su rival Shekau, la facción liderada por Abu Musab al-Barnawi perpetró una acción similar en el Estado de Yobe. El 19 de febrero de 2018, la filial de Daesh en la zona secuestró a 110 niñas que recibían formación en la Escuela Técnica y Científica de Niñas del Gobierno, en la localidad de Dapchi. Cinco de las menores murieron durante el secuestro. Otras 104 niñas fueron entregadas a sus familiares en marzo de 2018.

Pese a las categóricas afirmaciones del titular del Ministerio de Información de Nigeria, Alhaji Lai Mohammed, quien declaró que la puesta en libertad de las estudiantes había sido «incondicional» y que «ningún dinero cambió de manos», según algunas fuentes  fueron transferidos a los secuestradores un total de cinco millones de dólares junto con la puesta en libertad de cinco cuadros yihadistas de alto nivel.

Imagen de las menores las menores secuestradas por los yihadistas en Dapchi. Fuente https://www.vibe.com/news/entertainment/boko-haram-dapchi-schoolgirls-kidnapped-niger-republic-569638/

Sin embargo, una de estas niñas no corrió la misma suerte que sus compañeras. Su nombre es Leah Sharibu, nacida el 14 de mayo de 2003, quien cayó en cautiverio en manos de los yihadistas de la filial de Daesh.

Poco después del secuestro, la joven, junto con otras dos de sus compañeras, logró huir de sus captores por un espacio de tres días. En ese periodo de tiempo estuvieron deambulando por la zona hasta que, cansadas y exhaustas, se acercaron al poblado de una familia nómada de etnia hausa-fulani a la que pidieron ayuda para regresar junto a sus familiares en Dapchi. La familia alimentó a las muchachas pero las llevó de vuelta con sus secuestradores.

Abu Musab al-Barnawi decidió actuar de manera distinta con Leah Sharibu porque la niña, de religión cristiana, se mantuvo firme en su negativa de abandonar su fe para abrazar el islam. Esta era una exigencia sin la cual sus captores se negaron a ponerla en libertad para, de esa manera, presionar al gobierno federal de Abuja. El 16 de septiembre de 2018 los terroristas difundieron un vídeo titulado «Mensaje de sangre» en el que se mostraba la ejecución de Saifura Husseini Ahmed Khorsa, una matrona de 25 años integrante del Comité Internacional de la Cruz Roja.

Saifura Husseini había sido secuestrada por Wilāyat Gharb Ifrīqīyyah el 01 de marzo de 2018 junto a otras dos trabajadoras de la Cruz Roja, Hauwa Mohammed Liman y Alice Loksha Ngaddah. Los yihadistas amenazaron con ejecutar a estas dos jóvenes y a Leah Sharibu si el Gobierno de Nigeria no se avenía a negociar con ellos. A mediados de octubre de 2018, los terroristas anunciaron que Hauwa Mohammed Liman había sido asesinada y que Alice Loksha Ngaddah junto a Leah Sharibu serían sus “esclavas” de por vida.

Imagen de Lea Sharibu facilitada por los terroristas afiliados a Daesh responsables de su secuestro. Fuente https://www.premiumtimesng.com/news/top-news/325017-senate-urges-fg-to-reactivate-dialogue-for-leah-sharibus-release.html.

En enero de 2020 se difundió la noticia de que la joven había dado a luz a un bebé cuyo padre era un comandante del grupo yihadista. La información indicaba que antes del parto Leah Sharibu «se convirtió» al islam, antes de «contraer matrimonio» con el terrorista. En ambas circunstancias, conversión y matrimonio, no parece, ni mucho menos, que la verdadera voluntad de la persona secuestrada tuviese manera alguna de influir, aunque sea mínimamente, en el devenir de los acontecimientos.

Cuando se cumplieron tres años y cinco semanas del secuestro de las estudiantes de Dapchi, en marzo de 2021, el US-Nigeria Law Group, organización asentada en Estados Unidos, informó que antes de finalizar 2020, Leah Sharibu habría tenido otro hijo fruto de la unión forzosa. Emmanuel Ogebe, coordinador del US-Nigeria Law Group, declaró que «A pesar de la oferta de un pastor estadounidense el mes pasado [febrero de 2021] de entregarse a cambio de la libertad de Leah, no hubo una respuesta tangible de sus captores».

El periodista nigeriano Dan Ochima Agbese suscribía, a comienzos de abril de 2021, una columna de opinión en el periódico The Guardian Nigerian News en la que destacaba como fue cayendo en la irrelevancia el caso del secuestro de Leah Sharibu a pesar de las promesas de liberar a la joven hechas por el presidente de Nigeria, Muhammadu Buhari.

En una carta abierta, Gloria Puldu, portavoz de la familia Sharibu  interpelaba al presidente Buhari en los siguientes términos: «El 19 de febrero de 2021 se cumplieron tres años desde que [Leah Sharibu] fue secuestrada junto con sus compañeros de escuela secundaria a quienes pudo liberar el 21 de marzo de 2018 apenas un mes después de su secuestro. Por lo tanto, queremos suplicarle que utilice los mismos negociadores, estrategias y medios que se utilizaron para asegurar su liberación para hacerlo para nuestra hija, Leah. Los niños de Kankara en el estado de Katsina recuperaron su libertad seis días después de su secuestro en diciembre de 2020».

Gloria Puldu, presidenta de Leah Foundation, iniciativa para mantener vivo el caso de la menor secuestrada y para ayudar a otras jóvenes afectadas por el terrorismo, hacía referencia a un episodio que tuvo lugar en el noroeste de Nigeria el 11 de diciembre de 2020. En una acción atribuida a la facción yihadista disidente liderada por Abubaker Shekau, fueron secuestrados 344 escolares. Como en anteriores ocasiones, pese a la negativa gubernamental, se difundieron informaciones según las cuales las autoridades del Estado de Katsina habrían liberado un pago a los secuestradores de 76.000 dólares para que los menores fuesen puestos en libertad, cosa que finalmente ocurrió el 17 de diciembre de 2021.

El ataque deliberado contra escolares, y los centros educativos en los que se forman, parece formar parte de una calculada estrategia encaminada a que tanto niños como progenitores detraigan su interés en recibir una ya de por sí precaria educación lo que, a priori, facilitaría a las organizaciones de inspiración yihadista un terreno más proclive para su implantación.

Además, la gestión de los propios secuestros, les genera al menos tres escenarios beneficiosos para sus intereses. Uno, secuestros masivos pueden ser presentados como una demostración de la fuerza propia y de la incapacidad de los poderes estatales y federales para impedir a los yihadistas la comisión de los mismos; dos, la propia negociación podría conferirles de facto la condición de interlocutores válidos con las autoridades gubernamentales; y tres, de estas acciones derivan la obtención de importantes fuentes de financiación y de liberación de terroristas, dos importantes elementos de cohesión grupal y eventuales polos de atracción para la incorporación de nuevos militantes.

Leah Sharibu es únicamente una de las caras visibles de muchos rostros anónimos inmersos en un conflicto atizado por el terrorismo yihadista que ha provocado en Nigeria y en países aledaños centenares de miles de desplazados entre los que hay más de 800.000 niños que son o han sido víctimas de cruentos abusos.

Estos menores y sus familias sueñan, ríen y lloran exactamente igual que quienes habitan en otras latitudes más favorecidas y con mucha frecuencia caen en la irrelevancia toda vez que dejan de ocupar algunos segundos en informativos o, más lamentable si cabe, dejan de ser un hashtag relevante en las redes sociales.

El ya fallecido senador John McCain apostaba por poner «botas sobre el terreno» para poner fin al secuestro de las escolares de Dapchi entre las que se encontraba Leah Sharibu. Ciertamente, para acometer situaciones tan complejas como las derivadas de la acción del terrorismo yihadista, la opción securitaria es medular si bien debe ir acompañada de medidas complementarias y paralelas sin las cuales el empleo de la fuerza militar difícilmente podrá resolver el problema por sí solo. Es decir, se necesitaría implementar una estrategia de «boots on the ground» aunque esta debería trascurrir acompañada de otra de «books on the ground».