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Casos de estudio Magreb y Sahel enero 2022

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El inicio del año 2022 ha sido testigo de un nuevo máximo en la actividad terrorista en el Sahel: en el mes de enero se ha tenido constancia de 107 atentados, que superarían el que hasta ahora suponía el valor más alto, 106, registrado en mayo de 2021[1]. Por otro lado, el número de víctimas mortales (241) ha descendido considerablemente, siendo casi un 40% inferior al del diciembre. Supone, además, el valor más bajo desde febrero de 2021 (163). La mortalidad media de los atentados caería, por tanto, hasta 2.25, contrastando con el ratio de 5 del mes de noviembre.

Las claves del mes

  • Magreb: aumentan los atentados en el sur de Libia, y en Marruecos se perpetra el que sería el primero en más de un año.
  • Sahel Occidental: golpe de Estado en Burkina Faso, donde continúa muy alto el nivel de actividad yihadista.
  • Golfo de Guinea: continúan los atentados en Benín, y se registra un ataque muy cercano a la frontera con Ghana, que hasta ahora no se ha visto afectado por este tipo de violencia.
  • Cuenca del Lago Chad: reactivación de Ansaru, que atenta contra grupos criminales en el centro de Nigeria.

 

 

Análisis de las regiones de estudio

A continuación, se realiza un análisis pormenorizado de la actividad de carácter yihadista en las zonas de estudio.

 

Sahel Occidental

Burkina Faso protagoniza el panorama mensual: no solo en términos de terrorismo, ya que lidera, una vez más, la comparativa regional de violencia yihadista, sino políticos, ya que ha pasado a engrosar la lista de naciones en las que han tenido lugar golpes de Estado recientemente. Las protestas, tanto por parte de la población como por miembros del ejército, golpeaban al país desde el mes de noviembre, debido a la evidente degradación del contexto de seguridad y el avance imparable del terrorismo yihadista. Ya a principios de enero un grupo de militares habría sido detenido por intento de golpe de Estado, que finalmente se consumó el día 24: el líder del sector sublevado, Paul-Henri Sandaogo Damiba, ha disuelto el Parlamento y suspendido la Constitución, y actualmente lidera una junta militar transitoria—denominada Movimiento Patriótico para la Salvaguarda y la Restauración (MPSR)—hasta la celebración de elecciones, cuya fecha, por el momento, se desconoce. Este movimiento ha sido condenado por la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) y por la Unión Africana, que suspendieron todas las actividades en el país horas después, así como por la Unión Europea.

Por otro lado, el nivel de actividad yihadista se mantiene estable respecto al anterior Observatorio, donde marcó un nuevo máximo histórico; no así el número de víctimas mortales, que se ha reducido en casi un 50% desde diciembre. El atentado de mayor gravedad tuvo lugar en Ankouna, en la región Centro-Norte de país, donde 11 civiles fallecieron tras la invasión de la localidad por parte de un gran número de terroristas, que saquearon numerosas propiedades e incendiaron parte de los inmuebles (caso de estudio 20). La actividad terrorista a lo largo de su frontera sur continúa, tanto cerca de territorio marfileño como beninés. Además, tuvo lugar un atentado contra el yacimiento de oro de Mogandé (caso de estudio 109), localidad fronteriza con Ghana, cuyo territorio nacional no se ha visto aún afectado por este tipo de violencia. De hecho, el único de los países monitorizados del Golfo de Guinea que ha sufrido acciones terroristas ha sido Benín, donde en diciembre la coalición JNIM, afín a al-Qaida, habría reivindicado por primera vez un atentado. De hecho, es probable que sea este grupo el que se encuentra detrás de la explosión en el parque Pendjari (caso de estudio 25) mediante IED.

 

 

Malí también mantiene el nivel de violencia terrorista del mes de diciembre, con un total de 21 atentados en los que más de 30 personas habrían perdido la vida. El país ha sido además escenario de nuevas tensiones entre las dos principales facciones yihadistas, la coalición JNIM y la filial de Dáesh, el Estado Islámico en el Gran Sáhara (EIGS), que habrían protagonizado enfrentamientos en la región del Gourma maliense, fronterizo con Níger y Burkina Faso (casos de estudio 13, 15, 17 y 78). Según la información disponible, JNIM trataría de neutralizar la influencia local del EIGS en esta región maliense, que se disputan desde hace más de dos años.

La inestabilidad política continúa protagonizando el contexto maliense. A principios de enero, la junta de transición, que lidera el país desde 2020, informó del retraso de las elecciones—inicialmente previstas para febrero de 2022—hasta 2026. Esta decisión ha provocado multitud de reacciones internacionales, generalmente contrarias, que han derivado en la imposición de contundentes sanciones económicas por parte de la CEDEAO y de la Unión Económica y Monetaria de África Occidental (UEMOA), lo que supone un notable menoscabo del normal funcionamiento del país y de sus ciudadanos. No obstante, durante los últimos días, países como Guinea y Mauritania han reanudado los intercambios comerciales.

Asimismo, la presencia de miembros de la compañía de seguridad rusa Wagner, que parece estar prácticamente confirmada, continúa deteriorando la cooperación de los principales socios occidentales del país: Suecia ha confirmado la retirada de sus tropas de la operación Takuba durante 2022, tras el rechazo mostrado por las autoridades malienses a la presencia del contingente danés adicional enviado a principios del mes de enero. Por su parte, se espera que la Unión Europea se pronuncie durante el mes de febrero sobre posibles reestructuraciones de la misión.

En Níger, los niveles de violencia también se mantienen estables respecto al anterior Observatorio. Pese a ello, en Tillabéri—extremo occidental del país, fronterizo con Malí—la coalición JNIM habría reivindicado la que sería su primera acción en la zona, que hasta ahora ha estado dominada por el EIGS. Este ataque habría sido contra un puesto de la Guardia Nacional en Torodi, sin que conste balance oficial de víctimas (caso de estudio 60).

 

 

Lago Chad

En términos generales, la cuenca del Lago Chad, el otro principal foco de terrorismo yihadista de la región de estudio, se mantiene estable respecto a diciembre. No obstante, se aprecian importantes cambios si se analiza a nivel nacional.

Por un lado, en Nigeria prácticamente se ha registrado el doble de actividad terrorista que en el anterior Observatorio: los 19 atentados de los que se tiene constancia en el mes de enero han acabado con la vida de 65 civiles y militares. Destaca además la reivindicación de un ataque por parte del grupo Ansaru, afín a al Qaida, del que no constaba actividad desde 2020 (caso de estudio 56). Habría sido perpetrado en la región de Kaduna, situado en el centro del país, a escasos 200 kilómetros al norte de la capital, Abuya. No solo es reseñable la reaparición de Ansaru, sino las características del atentado, que fue dirigido contra un grupo de criminales que operaban en la zona de Damari, así como por el canal de reivindicación, ya que han utilizado uno de los medios oficiales de al Qaida.

Por otro lado, continúan los enfrentamientos entre Boko Haram e ISWAP en la zona noreste. Este último continuaría con la reestructuración geográfica del grupo y, en este sentido, habría designado la ciudad de Gudumbali como la “capital” de la filial.

En cuanto a Camerún, los niveles de violencia han disminuido notablemente respecto al mes anterior. La actividad terrorista continúa concentrándose en el extremo norte del país y, por el momento, la información disponible no permitiría distinguir si se trata de ataques de Boko Haram o de ISWAP.

 

Magreb

Enero también ha finalizado con novedades en el contexto de seguridad de la región del Magreb. En Libia, donde durante los últimos tres meses no se había tenido constancia de actividad terrorista, se han registrado tres atentados, todos ellos cometidos por grupos afines a Daesh en la zona sur del país. El primero de ellos, en Murzuq, acabó con la vida de un militar del ejército del Mariscal Hafter; posteriormente, una patrulla local de defensa, de etnia Tubu, fue atacada en el desierto, y tres de sus miembros fallecieron en el enfrentamiento. Por último, otro choque entre miembros del Ejército Nacional Libio (LNA) y miembros de Daesh en Monte Asida se saldó con la muerte de dos de los terroristas (casos de estudio 69, 88 y 89).

Además, en Marruecos se habría producido el primer atentado desde octubre de 2020. En esta ocasión, una mujer francesa de 78 años, residente en Tiznit, fue apuñalada en el mercado de la localidad. Las autoridades han abierto una investigación considerando los hechos como terroristas, aunque no consta ningún tipo de reivindicación (caso de estudio 59).

Por otro lado, las autoridades de Túnez han llevado a cabo dos operaciones antiterroristas: en primer lugar, detuvieron a un presunto miembro de Ansar Asharia (afín a al Qaida) que trataba de viajar a Malí (caso de estudio 19) y, posteriormente, una mujer de nacionalidad tunecina fue arrestada a su llegada al aeropuerto de la capital, procedente de Siria. Según la información disponible, pretendía atentar en su país de origen (caso de estudio 41).

 

Perspectiva regional

El inicio de 2022 ha sido testigo de un nuevo máximo en cuanto a actividad terrorista de carácter yihadista en la región del Sahel, que ha ido acompañado de un contexto sociopolítico más complicado, si cabe, al existente en 2021.

El golpe de Estado en Burkina Faso da paso a una situación de incertidumbre en el país no solo política, ya que podría tener también graves consecuencias económicas y en términos de seguridad. Por el momento, la CEDEAO no ha impuesto sanciones al país, como sí sucedió en Malí, ya que esperan al resultado de las negociaciones que tienen lugar desde hace algunas semanas. Algunos importantes aliados del país, como EEUU, ya han advertido de la posibilidad de retirar ayudas en caso de que se erija un nuevo régimen militar, lo que podría complicar—aún más—las condiciones de vida de la población burkinesa.

En el caso de Malí, vemos cómo sus principales receptores de mercancías, como son Senegal o Costa de Marfil, que reciben cerca del 90% de sus exportaciones de animales vivos, se están viendo notablemente afectados por las restricciones económicas impuestas tras la ampliación del plazo de transición. Mientras los niveles de terrorismo continúan siendo muy altos, la continuidad de las misiones de apoyo internacionales peligra debido a la presencia de miembros de Wagner.

Por otro lado, en la cuenca del Lago Chad, el atentado reivindicado por Ansaru resulta muy significativo: durante los últimos meses hemos visto cómo los lazos entre los criminales y los terroristas se han estrechado, llegando a reivindicar estos acciones que en principio habrían sido perpetradas por aquellos. No obstante, la actitud de Ansaru, que ha atentado contra estos, cambia el panorama, ya que se posiciona a sí mismo como un proveedor de seguridad de la población civil, siguiendo la estrategia de grupos terroristas como la filial JNIM en la zona del Sahel Occidental o de ISWAP en el Lago Chad. Aumenta, por tanto, la posibilidad de que se recrudezca la violencia en la zona centro y norte de Nigeria, donde tanto los distintos grupos terroristas como criminales puedan luchar por el control de la región.

 

[1] Debido al avance hacia el sur de los grupos terroristas de carácter yihadista, a partir de este Observatorio se monitorizarán, también, Benín, Costa de Marfil, Ghana y Togo, pertenecientes al Golfo de Guinea, y donde la actividad violenta de estos grupos viene aumentando desde hace más de un año. Si no se contabilizasen los dos atentados acaecidos en Benín y se mantuviese la región de estudio existente hasta diciembre de 2021, se mantendrían los registros de dicho mes, con 105 ataques terroristas.