Análisis de la de la actividad yihadista en el Magreb y el Sahel de octubre de 2018

De entre los 24 atentados yihadistas que el Observatorio ha registrado durante el mes de octubre,  en los que han muerto al menos 113 personas, el que más atención mediática ha atraído ha sido, por extraño que parezca, uno sin víctimas mortales. El día 29 una tunecina de 30 años se inmoló en la avenida Bourguiba de la ciudad de Túnez (caso de estudio #55). El ataque tenía como objetivo a las fuerzas de seguridad, que constituyeron 15 de los 20 heridos, y cuestiona el repunte del turismo que, desde la ola de ataques yihadistas que padeció el país en 2015, estaba por fin consolidándose en el país magrebí. La relevancia del atentado no se debe, por tanto, a sus consecuencias o a su autoría, ya que de momento ningún grupo se lo ha atribuido, sino al sitio donde ha tenido lugar: un bulevar emblemático, al estilo de los Campos Elíseos, donde cada vez se veían más turistas occidentales, algo esencial para la economía del país (10% del PIB).

El suceso recuerda a Túnez la realidad de la amenaza terrorista, ya que hasta ahora se había concentrado en zonas rurales e incluso de montaña. La sociedad tunecina abre el debate e intenta comprender cómo la mujer, en paro tras tres años, pudo haberse radicalizado hasta el punto de inmolarse. Lo que es seguro es que, como ya se hizo en 2015, el gobierno aumentará en número e intensidad sus operaciones antiterroristas en los próximos meses (en octubre se han arrestado al menos a 12 personas y se ha matado a otro terrorista que portaba un cinturón de explosivos). Hay que recordar que el país sigue en estado de emergencia (lo había prorrogado a principios de mes) y que, por ello, la tensión entre los distintos partidos políticos está en aumento.

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Aun así, la situación en Túnez es más favorable que la que viven países como Nigeria o Malí, donde el vacío de poder es más que patente en algunas zonas. El ejemplo más representativo es Borno, la región al noreste de Nigeria en la que el Ejército trata (hasta ahora sin éxito, pese a los presagios de su presidente, Muhammadu Buhari, que, por cierto, ya ha confirmado que se presentará a la reelección en 2019) de hacer frente a la insurgencia de Boko Haram. Allí ha tenido lugar uno de los ataques más relevantes del mes: el asalto a la base militar de Metele (#13). Tras varias informaciones contradictorias, se ha sabido que los combates fueron mucho más duros de lo que inicialmente se informó. Fueron 18 los militares fallecidos y más de 150 los desaparecidos. El Observatorio está a la espera de que se confirmen o no sus muertes. Asimismo, los ejércitos nigeriano y chadiano aseguran haber contraatacado ese mismo día y haber matado a más de 120 terroristas.

La sociedad nigeriana vive en un ambiente bélico tan abrumador que ataques de esta envergadura ni siquiera causan una gran conmoción. No es así el caso del asesinato de Hauwa Mohammed Liman, matrona del Comité Internacional de la Cruz Roja, a manos de la rama asociada al Daesh de Boko Haram (#31). Secuestrada desde marzo, la opinión pública anhelaba que no siguiese la misma suerte que su compañera Saifura Khorsa, ejecutada en septiembre (caso de estudio #27 de ese mes). Su muerte ha causado indignación, como refleja el comunicado de la organización Bring Back Our Girls: “Señor presidente, es hora de revisar sus prioridades. Su mandato actual implica un deber constitucional para dar prioridad a la seguridad de las vidas de todos los ciudadanos por encima de los intereses personales de la reelección”. Asimismo, también se critica al Gobierno su actuación al disolver con la fuerza la procesión anual de fieles chiíes, que intentaba entrar en Abuya, dejando al menos 27 muertos. Una violencia que se repite cada año y que preocupa, como reflejan los artículos e editoriales nigerianos, al poder utilizarse como pretexto hacia la creación de un nuevo Boko Haram chií.

Por otro lado, la amenaza sobre el Sahel sigue ampliándose cada mes que pasa, con una mayor actividad y presencia de organizaciones yihadistas, como demuestra la creación de una nueva rama del JNIM en Burkina Faso. En Malí, donde el estado de emergencia también ha sido prorrogado en octubre, este grupo terrorista, junto con el ISGS, continuan comiendo atentados con impunidad: nueve este mes, que han causado 46 víctimas mortales, entre civiles, militares y dos cascos azules de la MINUSMA (#50). También ha tenido lugar la primera reunión del G5 (compuesto por Malí, Burkina Faso, Mauritania, Níger y Chad) en Niamey tras la destrucción de su base militar en junio (caso de estudio #36 de ese mes), en la que se ha apuntalado el objetivo prioritario de alcanzar lo más pronto posible la plena capacidad operativa. En contraste, el JNIM ha respondido con un nuevo vídeo, en el que insta a todos aquellos que luchan contra el grupo yihadista, ya sean del Ejército o de milicias armadas, a arrepentirse, “dejar de ser esclavos de Francia” y regresar a las filas de los verdaderos musulmanes.

En cuanto a la zona norte, la reestructuración del Daesh en Libia cada vez es más evidente: los yihadistas han abandonado su estrategia de expansión territorial a favor de los métodos de guerrilla, como demuestra el atentado del día 29 (#57), en el que murieron tres militares y dos civiles. Aunque estén anclados en el sur del país, esta reorganización les hace todavía más peligrosos, con capacidad para atacar incluso en grandes ciudades como Trípoli. Por su parte, Argelia continúa con su presión mediante la destrucción de bases y arrestos, muchos de ellos tras la rendición del propio terrorista en enclaves como Tamanrasset o Bordj Badji Mokhtar (10 en octubre).