Una investigación desmonta la versión de la izquierda abertzale sobre la que consideran la primera víctima del “conflicto vasco” y critica los intentos de imponer un relato propagandístico del terrorismo de ETA.
El 27 de marzo de 1961, en un control situado a la entrada de Bilbao, agentes de las Fuerzas de Orden Público (FOP) hirieron de gravedad a José Antonio Martín-Ballesteros, quien quedó paralítico, y acabaron con la vida de Javier Batarrita. Según El Correo, se trataba de un vecino “muy conocido y querido en los medios de la Villa por sus actividades comerciales y deportivas”. Su muerte era, por consiguiente, “doblemente dolorosa para nosotros”. El gobernador civil de Vizcaya, Antonio Ibáñez Freire, informó de que el coche de Batarrita había sido confundido con el de unos “terroristas” y que, sin saber por qué, “se originaron varios disparos”. Diez policías y guardias civiles fueron procesados. En 1963 la Audiencia de Bilbao los absolvió.
Desde el exilio, el nacionalismo vasco dio otra versión de los hechos, que luego recuperó y ornamentó ETA. En resumen, lo ocurrido no habría sido
un accidente, sino una “ejecución extrajudicial” planeada por las FOP para matar a tres líderes de ETA, entre ellos Julen Madariaga. La prueba más evidente serían los cuarenta y nueve impactos de bala que habría recibido la víctima mortal. El hecho de que Madariaga y Batarrita tuvieran un automóvil similar habría propiciado la confusión de objetivo. La dictadura habría intentado ocultar el crimen eliminando toda la documentación.
No es cierto: las fuentes están disponibles para cualquier investigador. Sencillamente nadie se había molestado en buscarlas. Encontré la causa judicial completa en el Archivo Histórico Provincial de Vizcaya. El examen de sus casi seiscientas hojas (por las dos caras) desvela que la muerte de Batarrita fue el desenlace de una tragedia que se había puesto en marcha en Vitoria el día 26, cuando un empresario arruinado realizó una falsa denuncia para hacerse con un certificado de buen comportamiento. Dijo haber escuchado una conversación entre “terroristas”. Al día siguiente un guarda jurado vio a Batarrita y sus compañeros en un lugar cercano al señalado por el falso testigo, por lo que las FOP los tomaron por sospechosos. Se estableció un improvisado y chapucero control en Bolueta para comprobarlo, pero, al detener el coche, uno de los agentes hizo fuego. Sus compañeros, creyendo responder a un ataque, dispararon. Batarrita recibió seis impactos de bala. Según la Audiencia de Bilbao, el policía o guardia civil que inició el tiroteo era culpable de “delito de imprudencia temeraria con resultado de homicidio, lesiones graves y daños”, pero no se pudo establecer quién era. El Tribunal Supremo volvió a juzgar al principal sospechoso en 1965. Fue absuelto.
Ni en la causa judicial ni en otras fuentes coetáneas se menciona a ETA o a sus miembros. No podía ser de otro modo, ya que los “terroristas” de la denuncia solo eran fruto de la imaginación de un contratista desesperado y sin escrúpulos. Los agentes que dispararon a Batarrita no confundieron su Peugeot 203 con el de un etarra. Desde Vitoria les habían transmitido la matrícula del de la víctima: M-94.430. No hay pruebas de que las autoridades ordenasen una ejecución extrajudicial y mucho menos la de Julen Madariaga, al que detuvieron con facilidad en agosto de 1961. En realidad, la dictadura no se interesó por ETA hasta su primera acción reivindicada, cometida el 18 de julio de aquel año. Por entonces la represión policial se centraba en el Partido Comunista, al que se consideraba la mayor amenaza para el régimen.
Al igual que tantas personas en toda España, Javier Batarrita fue víctima del franquismo. Ahora es víctima de la mentira. Reescribiendo este y otros episodios históricos, el nacionalismo radical refuerza y publicita la imagen del “conflicto”: una guerra étnica en la que los invadidos vascos y los invasores españoles llevarían enfrentados desde la noche de los tiempos. En ese sentido, el caso Batarrita es un ejemplo paradigmático de alteración e instrumentalización de la historia. Presentándolo como “la primera víctima del conflicto”, se pretende justificar por qué la banda terrorista empezó a asesinar en 1968 y no paró hasta 2011, causando 845 víctimas mortales. Al fin y al cabo, ETA no hacía sino actuar en legítima defensa contra la violencia previa, ilegítima y desproporcionada del “Estado” contra los propios etarras. Desde tal perspectiva, todo habría comenzado cuando, con el objetivo de acabar con Madariaga, las FOP mataron a Javier Batarrita, “la primera víctima del conflicto”. Pero no, no fue Batarrita. Parafraseando a Hiram Johnson, la primera víctima del “conflicto” fue la verdad.
Se ha hecho frecuente escuchar que en el País Vasco que se está librando una “batalla de relatos”. Sin embargo, la existencia de relatos contrapuestos no significa que estos tengan el mismo valor. Inventar y manipular no es equiparable al trabajo de archivo: el relato del propagandista no es el mismo que el del historiador. La prioridad absoluta del primero es servir a su causa política, aunque tenga que falsificar el pasado. En cambio, el segundo intenta explicar lo sucedido de una forma veraz y rigurosa, para lo que se vale de la metodología propia de su oficio. Dicho de otro modo, el historiador aspira a acercarse lo máximo posible a la verdad, independientemente de lo incómoda que sea.