Acercamiento de presos: “O se disuelven de una vez por todas o se acogen a los criterios legales, que no se van a cambiar”
“El Gobierno no va a colaborar en escenificaciones, ni en hacerle la vida más fácil a lo poco que queda de ETA “
“Nadie está legitimado para fomentar la impunidad ni para sustraer pruebas a la acción de la justicia”
José Antonio Nieto (Córdoba, 1970) desembarcó en el Ministerio del Interior el 21 de noviembre de 2016 para convertirse en el número dos de una de las carteras más complejas y expuestas del nuevo Gobierno de Mariano Rajoy. Desde entonces, el antaño alcalde de la ciudad de la Mezquita y hoy Secretario de Estado de Seguridad ha tenido que afrontar un panorama protagonizado por la amenaza yihadista, por escándalos policiales que afectan a temas tan sensibles como el 11M o el caso Faisán y, en última instancia, por el anuncio del desarme de ETA.
La nueva cúpula del Ministerio del Interior ha desembarcado en un contexto difícil, con un nivel de alerta terrorista 4 y en el maro de una lucha frenética contra un terrorismo que nada tiene que ver con el que hasta el momento atacaba nuestro país. ¿En materia antiterrorista, cuáles son las prioridades que se marca el nuevo equipo de Interior?
La lucha contra el terrorismo es una prioridad absoluta para el Ministerio del Interior y para el Gobierno de España. Una prioridad que, en el caso del terrorismo yihadista, alcanza a la comunidad internacional en su conjunto y por ello estamos trabajando codo a codo con nuestros aliados europeos, compartiendo información, evaluando regularmente el nivel de alerta antiterrorista y reforzando las medidas de seguridad donde sea necesario. También apoyaremos los trabajos del Centro Europeo contra el Terrorismo de Europol, dirigido por un coronel de la Guardia Civil desde el pasado año, y desarrollaremos la Directiva PNR de la Unión Europea (que regula el uso del registro de datos de pasajeros aéreos para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de delitos terroristas y otros delitos graves), desarrollando el PNR español.
Tras el cese de la actividad terrorista de ETA, el yihadismo se ha convertido en la principal amenaza para la seguridad en España. ¿En qué ha cambiado el trabajo de las Fuerzas de Seguridad?
Los servicios de información de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han sabido adaptarse a las nuevas amenazas terroristas. Y lo han hecho desde la experiencia exitosa en la lucha contra ETA, con un modelo integrado y coordinado de actuación que es admirado en la Unión Europea. Ahora que los servicios de información funcionan a pleno rendimiento contra el terrorismo yihadista, toca afinar la adecuación del resto de unidades policiales, con la articulación de nuevo métodos de prevención, protección y respuesta que refuercen los ya existentes, y que contribuya a cerrar el círculo para garantizar la mejor seguridad posible para nuestros ciudadanos.
España sigue siendo uno de los países de la Unión Europea con mayor número de detenciones de terroristas yihadistas, según datos de Europol. ¿Cómo valora la lucha policial contra el terrorismo yihadista?
España está amenazada, como el resto de la comunidad internacional. No podemos ignorarlo, ni olvidarlo. Pero tenemos grandes fortalezas para contrarrestar esa amenaza y una de ellas es, sin duda, la eficacia demostrada por nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Trabajan todos los días por nuestra seguridad, y lo hacen con mucha profesionalidad y abnegación, pero también pagando un precio muy alto, como desgraciadamente sucedió en el ataque terrorista a nuestra embajada en Kabul, donde dos agentes de la Policía Nacional, Jorge García Tudela e Isidro Gabino San Martín, fueron asesinados.
¿Tiene esto último relación con el hecho de que España no haya sido escenario de un atentado de este tipo desde el 11M?
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están realizando un trabajo impagable para garantizar nuestra seguridad, y han practicado más de 700 detenciones desde el 11M, en España y en otros países de nuestro entorno. Estas operaciones contraterroristas han contribuido, sin duda, a la seguridad de todos los españoles. Y también se han neutralizado planes terroristas en otros países, con información obtenida aquí que hemos facilitado a nuestros aliados. Porque la amenaza es compartida y también debe serlo la responsabilidad de hacerle frente. Y así lo estamos haciendo, en la Unión Europea, en el seno de la Coalición anti-Daesh y a nivel bilateral, especialmente con Marruecos y Francia.
El fenómeno de la radicalización violenta ha entrado con fuerza en las políticas públicas de seguridad. ¿Qué medidas se están promoviendo para combatir esta lacra?
Una de nuestras prioridades es el pleno desarrollo del Plan Estratégico Nacional de Lucha contra la Radicalización Violenta. Queremos sentar unas bases sólidas, con la participación de las administraciones públicas y la sociedad civil, para evitar que nuestros jóvenes caigan en la falaz narrativa de los terroristas. Para ello, tenemos marcados dos ejes prioritarios: la formación de los actores implicados y la creación de un contranarrativa eficaz, con una voluntad expresa y consciente de participación de las víctimas del terrorismo. Estoy convencido de que el testimonio de las víctimas es el más directo, el más puro y el más eficaz para la creación de narrativas frente al terrorismo.
Ante el aumento de detenidos por delitos relacionados con el terrorismo yihadista, ¿qué tipo de programas se están promoviendo para desradicalizar a los terroristas que cumplen pena de prisión?
Actualmente tenemos en marcha un Programa de Intervención con Internos Islamistas en Centros Penitenciarios, que se apoya en la experiencia consolidada en la gestión de presos terroristas por parte de los expertos de Instituciones Penitenciarias, que están realizando un trabajo muy profesional. Es un programa muy avanzado, que está siendo estudiado por otros países y con el que se está consolidando el ámbito penitenciario como un escenario controlado y muy alejado del tópico de las prisiones como lugares preferentes de captación yihadista.
Pese a que el Plan Nacional contra la radicalización defiende que el nivel local es uno de los más sensibles, los episodios de homenajes a etarras se producen diariamente en pueblos de Euskadi y Navarra bajo el paraguas de recibimientos vecinales. ¿Por qué no se están pudiendo atajar estos episodios?
No podemos esperar nada bueno de aquellos que siguen anclados en la estela de un terrorismo fracasado y derrotado. Desde luego, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado siguen trabajando para poner en conocimiento de las autoridades judiciales aquellos hechos que puedan constituir delitos de enaltecimiento del terrorismo o menosprecio de las víctimas. Sabemos que en muchos casos es difícil para la justicia delimitar lo que es delito y lo que no, pero seguimos trabajando para acotar posibles espacios de impunidad. También en la red, contra aquellos que humillan a las víctimas en las redes sociales, y también en la vía administrativa, impulsando la actuación de la Abogacía del Estado contra decisiones de ayuntamientos que vulneran la ley de Protección Integral de las víctimas del terrorismo.
¿Faltan herramientas legales que permitan a las Fuerzas de Seguridad evitar el culto al terrorismo en enclaves como el País Vasco o Navarra?
Realmente no creo que falten herramientas legales. España tiene un andamiaje normativo consolidado y fuerte contra las diferentes expresiones del terrorismo. En la última reforma del código penal, además, se aumentó la pena del delito de enaltecimiento hasta tres años de prisión, en los casos más graves.
ETA ha vuelto a copar portadas de periódicos en todo el mundo tras el anuncio de desarme realizado a través de sus mediadores. No obstante surgen una serie de cuestiones clave. En primer lugar, y teniendo en cuenta que estos mediadores fueron detenidos mientras intentaban destruir armas, es decir, pruebas, y que hoy anuncian que gestionan esas armas al margen de ETA, ¿cómo velará el Gobierno central por la protección de pruebas que pueden resultar clave en la resolución de asesinatos?
Si ETA quiere desarmarse, la mejor forma de hacerlo es que comunique a las autoridades francesas donde están las armas que le quedan, sin alterar su emplazamiento ni su contenido. Por nuestra parte, vamos a seguir trabajando, como hasta ahora, en estrecho contacto con las autoridades francesas para la investigación de los crímenes cometidos por ETA. No va a haber impunidad, con desarme o sin él.
El Gobierno vasco y el entorno de ETA acusan repetidamente al Gobierno central de obstaculizar el desarme de ETA. ¿Cuál es la postura del Gobierno en torno al desarme de la organización terrorista?
La captura de los arsenales y la detención de los terroristas constituyen, de facto, el verdadero desarme de ETA, el más eficaz, el mejor verificado y el más justo. A este respecto, la gran mayoría de las armas usadas por los terroristas están ya en manos de la justicia, tanto en Francia como en España. Sólo el año pasado se ocuparon más de cien armas de ETA, la cifra más alta en los últimos diez años. Y con las pocas armas que les quedan, los rescoldos de ETA llevan cinco años tratando de rentabilizar su entrega, con patéticos episodios de teatralización. El Gobierno no va a colaborar en escenificaciones, ni en hacerle la vida más fácil a lo poco que queda de una ETA en estado de descomposición. Además, tal y como las autoridades judiciales vienen repitiendo, las armas son pruebas, evidencias de delitos que es necesario estudiar. Lo contrario sería impunidad y nadie está legitimado para fomentar la impunidad ni para sustraer pruebas a la acción de la justicia.
¿El Gobierno central baraja el acercamiento de presos etarras al País Vasco tras el supuesto desarme o mantendrá la exigencia de abandono de la disciplina de ETA y de renuncia a la violencia para los presos que quieran evitar la dispersión?
Lo poco que queda de ETA no va a conseguir ningún rédito político por entregar las armas, de la misma forma que nada consiguió por dejar de matar. Con los terroristas no habrá transacciones ni concesiones. O se disuelven una vez por todas o se acogen a los criterios legales, que no se van a cambiar.
El debate sobre el número de efectivos de la Guardia Civil en el País Vasco ha vuelto a estar de actualidad. ¿Se planea un descenso del número de agentes?
La Guardia Civil y la Policía Nacional tienen importantes misiones que cumplir en todo el territorio nacional, también en el País Vasco. Y su despliegue será el adecuado a las necesidades en cada momento, siempre desde un criterio técnico. Precisamente ahora que hemos derrotado a ETA no vamos a ceder en lo que era una de sus máximas aspiraciones. Ni la Guardia Civil ni la Policía Nacional van a ser nunca expulsadas del País Vasco.
En localidades como Oñate se promueven todos los años escraches y otros actos de acoso contra la Guardia Civil con la autorización del Gobierno vasco. ¿Entra dentro de la agenda de la secretaría de Estado promover una actuación más firme del Gobierno vasco ante el acoso a las FSE en el País Vasco?
Es un hecho que todavía quedan rescoldos violentos en algunos puntos del País Vasco y de Navarra, después de tantos años de generación de odio y de creación de una subcultura de la violencia. Lo hemos visto con total claridad en las agresiones contra los guardias civiles y sus compañeras en Alsasua. Frente a ello, tenemos la firme determinación de que estos actos no queden impunes. Y, al mismo tiempo, impulsaremos la necesaria elaboración y difusión de un relato sobre tantos años de terrorismo que ponga en su sitio a las víctimas y a los asesinos, a los que defendimos la democracia y a los que la atacaron, y también a aquellos que dieron soporte y aliento a los terroristas.
Sortu está promoviendo concentraciones para denunciar supuestos casos de tortura cometidos por la Ertzaintza, a la que compara con la Guardia Civil. La respuesta del Gobierno vasco ha sido criticar las concentraciones y criticar también la comparación de la policía autonómica con la Guardia Civil. ¿Qué opinión le merece la iniciativa de Sortu?
Precisamente los que durante tantos años han amparado y acompañado la violencia terrorista, ahora tratan de darnos lecciones de derechos humanos. Todavía les queda un largo camino que recorrer, un camino de dignidad política y moral que todavía ni conocen dónde comienza.
¿El Gobierno planea adoptar algún tipo de medida para contrarrestar las críticas del Gobierno vasco y del PNV tanto a las Fuerzas de Seguridad como a su labor en la lucha contra el terrorismo de ETA?
El Gobierno está plenamente comprometido con la defensa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que son, además, los auténticos responsables del final del terrorismo, de que se haya puesto fin, con la derrota operativa de ETA, a tantos años de sufrimiento injusto y baldío. La sociedad española en su conjunto, todos los españoles, tenemos una deuda impagable con el sacrificio de miles de policías y guardias civiles.
En 2016, ocho de cada diez detenidos por yihadismo acabaron siendo condenados. ¿Cree que este tipo de datos destacan la labor policial de España en Europa?
Es un éxito compartido. En primer lugar de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que actúan quirúrgicamente, como un cirujano experto. Pero también de jueces y fiscales, muy especializados y que desarrollan una tarea extremadamente profesional. Y también, como no, del consenso político que impulsó la reforma de nuestro código penal, uno de los textos más modernos de la Unión Europea, y con el que dimos el paso de una norma penal eficaz contra el terrorismo jerárquico al desafío actual que supone el modus operandi del terrorismo yihadista contemporáneo.
El nuevo director adjunto operativo de la policía señaló que uno de los objetivos era recuperar la confianza perdida en terrenos como el judicial. Tras la polémica que han suscitado los supuestos informes perdidos en torno al 11M o el caso Faisán, ¿qué cambios cree el ministerio que deben acometerse en el seno de la Policía Nacional?
La Policía Nacional está formada por miles de mujeres y hombres que trabajan diariamente con entrega y sacrificio para hacer de España un país más seguro. Ahora tienen al frente a un gran profesional, el comisario Florentino Villabona, que cuenta con todo nuestro apoyo para liderar un nuevo proyecto al frente de la Policía.
Las revelaciones del director adjunto operativo de la Policía Nacional, Eugenio Pino, apuntan a la existencia de un informe ahora perdido sobre el caso Faisán en el que se apunta al Gobierno de Zapatero como implicado en el chivatazo a ETA. Si se localiza el informe, como espera el ministro del Interior, ¿se depurarán responsabilidades políticas?
En este asunto hemos tenido absoluta transparencia. La Policía Nacional tiene instrucciones concretas para despejar cualquier duda al respecto y poner, en su caso, cualquier información a disposición de las autoridades judiciales.
¿Vuelve este caso a ser una prioridad para el Gobierno, como lo era cuando el PP estaba en la oposición?
El caso “faisán” es un caso cerrado y la justicia ya se pronunció sobre las responsabilidades de los distintos implicados. Nosotros respetamos absolutamente las decisiones judiciales, y a ellas nos sometemos. Eso sí, como responsables actuales del Ministerio del Interior, debemos aprender la lección: los atajos no son el camino correcto para los responsables de seguridad.
Otra de las revelaciones de Eugenio Pino apuntaban a la existencia de un informe sobre el 11M. ¿Sigue siendo un caso abierto? ¿Tienen que esclarecerse las lagunas de la investigación?
La Policía puso ese informe a disposición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que ha dictaminado que no existen elementos nuevos ni diferentes de los ya conocidos. Se ha actuado con diligencia y transparencia absoluta.
