ISKP, una herida abierta en la nueva agenda afgana

Noticia 39/2021

Ciudadanos evacuando el lugar de las explosiones del hospital militar. Fuente: Washington Post/EPA-EFE/REX/Shutterstock

Esta semana Afganistán amanecía con varios tiroteos y explosiones en el principal hospital militar de Kabul. ISKP, la rama territorial de Daesh, habría empleado a cinco hombres para la misión, saldándose con un balance de una veintena de víctimas mortales y varias decenas de heridos. La seguridad en el país se menoscaba y cerca al nuevo gobierno de Afganistán, dejando a los talibán con tantos frentes abiertos que les obliga a realizar maniobras arriesgadas para mantener a la sociedad apaciguada.

El pasado 2 de noviembre, el Estado Islámico de la Provincia de Jorasán (ISKP por sus siglas en inglés) reivindicó un ataque sobre el principal hospital militar del país, Sardar Daoud Khan, situado en Kabul. De momento hay más de una veintena de víctimas confirmadas, y otras varias decenas de personas que han resultado heridas. Una de las víctimas confirmadas, según fuentes oficiales del régimen, sería Hamdullah Mokhlis, miembro de la Red Haqqani y jefe de las fuerzas especiales de Kabul. Al parecer, un militante de ISKP se habría inmolado en la entrada al hospital mientras que otros cuatro hombres armados se habrían puesto a disparar en el interior del edificio en medio del ambiente de caos y descontrol.

La respuesta de las fuerzas talibán no se ha hecho esperar, con una versión manipulada de las cifras reales: el portavoz del movimiento Bilal Karimi ha minimizado el ataque defendiendo que solo siete civiles habrían fallecido y que se ha abatido a tres de los terroristas, eludiendo así la credibilidad de los testigos que afirmaban que el número de víctimas y heridos es mucho mayor, y disfrazando la realidad en forma de victoria de estos sobre su rival territorial.

Los talibán defienden que Daesh es un grupo al que se puede hacer frente, pero lo cierto es que el ataque al hospital es parte de una serie de ataques de ISKP contra infraestructuras y espacios públicos frecuentados a menudo por la población afgana que no ha dejado de intensificarse desde que los talibán se hicieron con el control del país. El pasado mes, la rama territorial de Daesh reivindicó los ataques a gran escala contra las mezquitas chiitas de Kunduz y Kandahar, dejando en evidencia el poderío militar talibán a la hora de combatir el terrorismo islamista en el autodenominado Emirato Islámico de Afganistán ya no solo contra la minoría chiita sino también contra infraestructura estratégica como aeropuertos, escuelas y hospitales.

El desafío a la seguridad del país es uno de los principales escollos a los que se enfrenta el nuevo gobierno, con una brecha de capacidad en recopilación de inteligencia y contrainsurgencia aérea de la que no carecía el anterior gobierno afgano gracias a la tecnología estadounidense, por lo que mostrar un control y dar seguridad a la sociedad resulta imperativo en aras de impulsar un liderazgo sólido (al menos en apariencia) del país. Esta necesidad propagandística ha llevado al movimiento a ocultar el número de víctimas y ataques perpetrados por su rival territorial, ISKP, así como argumentar que el poder real de Daesh en Afganistán no es tan robusto como el movimiento pretende hacer creer.

La preocupación talibán sobre ISKP, más allá de la seguridad de la población

La realidad afgana se encuentra en una suerte de impasse. Los talibán ofrecen cierta seguridad siempre y cuando se comulgue con su hoja de ruta político-ideológica, algo de lo que no fue capaz de conseguir el anterior gobierno central. Aun así, no son pocos los que creen que la seguridad en el Emirato Islámico vaya a continuar deteriorándose, teniendo en cuenta los numerosos retos a los que se enfrenta el país en la actualidad y que aumenta el grado de probabilidad de un estallido social contra el orden público.

Al poner el punto de mira en los riesgos que afectan a la estabilidad del régimen, lo cierto es que el movimiento talibán se encuentra apagando fuegos en múltiples frentes de una manera sistémica. La profunda crisis económica en la que se está adentrando Afganistán está afectando al mercado laboral y estimula una subida exponencial de los precios a los productos más básicos, como los alimentos o el petróleo. Al débil aparato financiero (fruto de la escasez de liquidez a raíz de la toma de poder talibán del mes de agosto) o la falta de inversión que ya se venía dando con el anterior gobierno de Ghani, se le han de añadir variables que ponen en un grave aprieto al liderazgo talibán, como las graves consecuencias para la salud y los servicios sociales causadas por la pandemia. La confluencia de otros elementos coyunturales adversos, como los elevados índices de hambruna o las recientes sequías que han perjudicado los cultivos de los que la población depende intensamente (como el trigo o el maíz) han terminado por disparar los índices de pobreza y descontento.

Todos estos factores son preocupaciones con repercusiones directas en la popularidad del nuevo régimen, y acentúan la ya de por sí frágil economía afgana y el ambiente de crispación social. Por tanto, marcar una victoria en el juego de suma cero geopolítico entre ISKP y los talibán resulta imprescindible para este último a fin de cultivar el contento de la opinión pública. Ello explica las incesantes persecuciones de las fuerzas talibán a objetivos de Daesh, o el tono apaciguador en los comunicados oficiales cada vez que un nuevo ataque terrorista tiene lugar bajo su mando. El nerviosismo por erradicar al terrorismo doméstico advierte de que el nuevo gobierno es consciente de lo mucho que está en juego si incumple la promesa estabilizadora que profesó cuando tomó la capital del país, esperando que una disminución de la actividad terrorista de ISKP provea una seguridad percibida entre la población y permita a los talibán centrar sus esfuerzos en los retos económicos (sin contar los desafíos de consistencia y cohesión interna a nivel político) que se intensifican día tras día en el Emirato.