Respuesta del Estado mozambiqueño a los yihadistas de Cabo Delgado

Conforme han transcurrido los meses de verano, la situación en la provincia mozambiqueña de Cabo Delgado ha variado de forma ostensible debido a un mayor conocimiento de las diversas causas que han originado el conflicto, de sus fuentes de financiación, y del origen étnico y nacional de sus componentes. Estas nuevas informaciones han permitido un cambio en la forma de abordar el conflicto en dicha provincia por parte del Ejecutivo de Maputo encabezado por Filipe Nyusi, que casualmente es nativo de esta región que concentra los enfrentamientos entre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y los insurgentes islamistas de Ahlu Sunna Wa-Jammah.

A estas alturas del enfrentamiento entra las fuerzas de seguridad y los insurgentes que azota el norte de Mozambique, se sabe que una parte sustancial de los componentes de la organización tienen su origen en la convergencia de jóvenes radicales islámicos, que huían de la presión policial de Tanzania, con desempleados que se dedicaban a la extracción ilegal en minas de rubíes en el distrito de Montepuez de forma previa, hasta que el Gobierno ordenó su expulsión. Esta se dio de manera extremadamente violenta tras conceder la licencia de explotación a Montepuez Ruby Mining Partnership, cuyo capital pertenece a una empresa radicada en Londres, y a altos cargos del partido Frente de Liberación de Mozambique (FRELIMO), en el poder desde 1975.

Tras 10 meses de ataque a localidades de los distritos costeros de Cabo Delgado, la organización conocida por los nativos de la región como Al Shabaab de Mozambique no ha emitido aún ninguna proclama en la que explique su corpus ideológico o la voluntad de erigir un emirato en el que rija la Sharia, o tan siquiera una enumeración de los ataques realizados a diferentes aldeas a modo de reivindicación de los mismos. Este hecho refuerza la tesis de que su actuación pretende generar un clima de terror y una oleada de refugiados que permita continuar con tranquilidad con el tráfico ilegal de madera, piedras preciosas y otras materias de las que la provincia es rica.

Estos datos en manos del Gobierno han motivado que el Ejecutivo haya desplegado tropas en la provincia diseminadas por diferentes localidades a lo largo de una franja de 200km con el fin de prevenir los ataques islamistas. Del mismo modo lo ha hecho en la frontera con Tanzania para frenar la llegada de nuevos voluntarios provenientes de este país y de las vecinas Kenia, Somalia o Uganda, y para obstaculizar el contrabando de materias primas con el fin de eliminar una de las fuentes principales de financiación terrorista.

El operativo militar ha venido acompañado a su vez por un convenio de colaboración en la lucha contra la organización yihadista con Tanzania firmado a primeros de año, una restricción del acceso a la zona a periodistas que pretenden informar de primera mano sobre la evolución de conflicto, así como de una férrea prohibición a los líderes religiosos y vecinos de informar a la prensa, por lo que desde hace meses toda noticia sobre este conflicto ha sido aprobada o tolerada por el Ejecutivo de Maputo.

Si nos basamos en esta información, el cambio de estrategia ha motivado un descenso de los ataques de las células de Ahlu Sunna Wa-Jammah a localidades de Cabo Delgado, ha facilitado la detención de decenas de jóvenes que pretendía cruzar desde Tanzania para unirse al grupo yihadista mozambiqueño, así como la supuesta identificación de al menos seis miembros de su cúpula directiva y la detención de su líder, conocido como Abdul Raim, el pasado 16 de Agosto cerca del río Rovuma que separa Mozambique de Tanzania.

Además, a través del uso del Ejército y los servicios de inteligencia se ha procedido a la detención de al menos 500 civiles presuntamente simpatizantes del grupo terrorista yihadista, se han cerrado diversas mezquitas y existe la constancia del derribo de al menos una de ellas, sospechosa de ser utilizada para radicalizar a la población de la provincia. Todo ello indica que la organización yihadista se ha reducido a varias células que luchan por conseguir armas, dinero y alimentos para subsistir.

Sin embargo, hemos de ser conscientes de que un ejército como el mozambiqueño, involucrado de forma intermitente en conflictos armados como su lucha de liberación nacional y en la guerra civil posterior y usado para intereses público-privados, como para el desalojo de las minas de rubíes de Montepuez, no siempre se ha caracterizado por respetar los derechos humanos y menos en durante el último caso. Son premisas que no permiten asegurar que su utilización sin restricción ni testigos vaya a mejorar la situación en una provincia que vive desde hace años un sordo conflicto étnico-religioso.

Cabo Delgado está poblado mayoritariamente por dos etnias, los Kimwani, una comunidad principalmente musulmana que habita en la costa y de extracción humilde, y los Makonde, de confesión cristiana y de cuna de parte de la cúpula militar encargada de erradicar la amenaza yihadista y de la que procede el presidente del país.

Basándonos en estos datos, si tras los ataques yihadistas se puede intuir el intento de una parte de la comunidad Kimwani de zafarse del avance de la comunidad Makonde hacia los distritos costeros, un exceso de represión estatal podría ser tomado por un intento de la segunda por hacerse con el control total de una provincia en la que se han descubierto grandes yacimientos de grafito, rubíes gas natural y la que arriban en sus costas 40 toneladas de heroína afgana anuales en camino hacia su destino final: Europa.

Lo cierto es que Nyusi está comprometido con la búsqueda de la estabilidad política del país para presentarlo como un activo a las trasnacionales, que están realizando grandes inversiones para radicarse en el país y explotar sus múltiples recursos. Para ello, no ha dudado en  llegar a un acuerdo de paz definitivo con el movimiento de la Resistencia Nacional Mozambiqueña (RENAMO), la integración de sus militantes en el Ejército, la policía y el aparato funcionarial del Estado, así como una descentralización territorial, por lo que no va a tolerar que esa oportunidad única se malogre por disturbios creados en su provincia natal y lugar donde la mayoría de esas empresas tienen voluntad de asentarse.

De momento, la respuesta del Estado, con la ayuda de Tanzania, es firme y, si nos fiamos de las informaciones emitidas bajo la supervisión del Gobierno de Maputo, el grupo puede ser erradicado en cuestión de meses, siendo el mayor motivo de preocupación que tanto Nyusi como los altos mandos militares oriundos de Cabo Delgado no caigan en la tentación de aprovechar la operación y el apoyo de naciones vecinas para beneficios personales o de su grupo étnico.

Bibliografía

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