Terrorismo de extrema derecha: Un desafío para el sector financiero

La financiación mediante criptoactivos de actividades terroristas de extrema derecha ha crecido durante los últimos años. Fuente: Blockchain News.

Hugo Puig Calle

A finales del pasado año, la rama española de The Base fue desarticulada tras un operativo de la Policía Nacional. Fue un momento importante en la historia reciente de la lucha antiterrorista en nuestro país: tras años en los que el terrorismo islamista había acaparado el principal foco mediático de las intervenciones policiales, aparecería una nueva amenaza extremista violenta muchas décadas después de que los últimos grupos terroristas de extrema derecha dejasen de operar en nuestro país. En las fotografías publicadas por la policía y por la propia célula terrorista se pueden observar armas, equipamiento militar, uniformes, banderas… cuyo origen no parece claro.

Algunas informaciones han apuntado que la organización obtiene fondos mediante el tráfico de drogas. Por otra parte, otros medios han informado de que Rinaldo Nazzaro, líder de la organización global, recibe fondos procedentes de donaciones en criptomonedas, comprando criptoactivos en una conocida plataforma fintech de criptomonedas y transfiriéndolos a través de una aplicación de billeteras, donde los bitcoins se cambian por Monero, eludiendo así la vigilancia de las entidades bancarias y del mencionado exchange. El monedero móvil es la forma en que algunas organizaciones criminales intentan eludir a las autoridades y a los reguladores financieros, ya que es menos transparente que el uso de una cuenta bancaria. Lo que queda claro es que organizaciones como The Base han hecho uso del sistema financiero para recibir los fondos que necesitaban de cara a preparar sus actividades ilícitas.

¿El sistema financiero corre un riesgo con el terrorismo de extrema derecha? En su artículo de 2023 titulado “Near–Sighted on Far-Right Financing: why we need a CFT rethink”, Stephen Reimer expone los retos actuales a la hora de detectar la financiación de lo que él denomina “SAT” (terroristas autoactivados por sus siglas en inglés), es decir, individuos o pequeñas células que operan de forma autónoma, parecido al caso de The Base. Reimer señala que las medidas contra la financiación del terrorismo (CTF) se aplican de forma inadecuada al movimiento de extrema derecha: las normas CTF se diseñaron para combatir grandes organizaciones terroristas, como Al Qaeda, que cuentan con una amplia estructura de financiación, lo que facilita su detección y lucha por parte de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Esto ha sido muy eficaz hasta la fecha, pero los SAT no operan como estas grandes organizaciones criminales: la mayoría de los atentados perpetrados por los SAT van precedidos de pequeños pagos, normalmente compras banales, que no superan el apetito de riesgo de muchas instituciones financieras.

Por otra parte, cuando las instituciones financieras han tratado de impedir la financiación de grupos extremistas, estos se han volcado en la economía cripto, especialmente en Europa. En un artículo de 2025, Chainalysis, la compañía de Michael Gronager, destacó que, si bien las donaciones en criptomonedas a grupos extremistas a nivel global se han reducido (aunque EE.UU. sigue siendo, con diferencia, la principal región donde se recaudan estas clases de donaciones), existe un preocupante aumento en Europa, todo ello provocado por el incremento de la polarización y la radicalización en este último lustro.

Los datos de Chainalysis son preocupantes para Europa. Si bien el valor total de estas donaciones no supera el millón anual, entre 2023 y 2024 las donaciones a grupos nacionalistas/supremacistas aumentaron casi un 270%. El informe destaca que este aumento se debe en parte a que los países europeos están restringiendo la recaudación abierta de fondos, lo que lleva a las organizaciones extremistas a recaudar criptomonedas orientadas a la privacidad. Chainalysis también apunta a cómo las billeteras de Bitcoin vinculadas a grupos de derecha radical se financian entre sí.

Dicho todo esto, es importante señalar que las autoridades europeas no son totalmente ajenas a estos fenómenos. Ya en 2020, Europol, en su informe anual “European Union Terrorism Situation and Trend report”, sitúa a los SAT como la amenaza terrorista más importante a la que se enfrenta el continente. Dicho informe dedica una sección al terrorismo de extrema derecha, donde se caracteriza a los SAT como “grupos socialmente aislados y motivados predominantemente por una mezcla de antisemitismo y antifeminismo”, que se han alimentado de la propaganda en línea, el principal nexo internacional de todos estos grupos e individuos.

Por otra parte, en su informe anual más reciente, Europol señala cómo las organizaciones extremistas de extrema derecha en Europa se están financiando mediante métodos legales e ilegales, algo que, en palabras de la organización policial europea, “permite una estructura financiera diversa y resistente”. De esta forma, estas organizaciones compaginan robos y tráfico de drogas con conciertos, venta de merchandising o eventos para recaudar fondos. Precisamente, The Base organizaba sesiones de entrenamiento militar, cursos en los que los asistentes, a cambio de pagar una cantidad de dinero, se enrolaban en un programa donde la organización les daba alimento, equipo militar y les adiestraba en tácticas militares.

En definitiva, desde hace cinco años, las organizaciones de extrema derecha han ido ganando nuevos miembros, mientras consiguen construir una fuerte estructura financiera. ¿Cómo deben responder el sector financiero y los reguladores comunitarios? En primer lugar, es necesario atajar los métodos de financiación alternativos y colectivos, como el crowdfunding, que generan importantes riesgos para los equipos de cumplimiento, al ser difíciles de rastrear. Este método debe limitarse a ONG y otras organizaciones acreditadas, y establecer controles más estrictos, como una normativa que obligue a las organizaciones beneficiarias a presentar un registro de sus donantes y que imponga un límite económico para acceder a este método de financiación.

También es necesario seguir invirtiendo en la vigilancia dentro del ecosistema cripto para evitar que los grupos extremistas puedan mover fondos con total inmunidad. En este sentido, la normativa europea MiCA, que lleva vigente cerca de un año y medio, debería empezar a dar sus frutos, limitando los proveedores de criptoactivos y aumentando los requisitos para poder transaccionar con ellos. Pero, si algo destaca en el ecosistema cripto es la privacidad, y si bien los adalides de estas divisas abogan por una menor regulación y supervisión de los actores financieros, las consecuencias pueden ser la proliferación de grupos criminales y extremistas.

Pero la cuestión más importante a la hora de atajar esta situación por parte del sector financiero es la necesidad imperiosa de excluir, de impedir la actividad de los actores tóxicos que se ubican al borde de la regulación vigente o fuera de ella, amparados por la facilidad de acceder a sus servicios a través de internet. En los últimos años hemos visto el ascenso de nuevas entidades financieras que, frente a los organismos tradicionales, realizan toda su actividad por internet: muchas de estas operan con controles estrictos, pero otras buscan extender su cuota de mercado más allá de los límites morales.

Mientras los principales bancos y otras empresas de servicios financieros están comprometidos en la lucha contra los grupos extremistas (no por nada su modelo de negocio se basa en la regulación), otras organizaciones construyen un sistema financiero opaco, amparado en los criptoactivos y fondos de dudosa procedencia, sin imponer los estándares necesarios para evitar la financiación de grupos extremistas. Luego, estas mismas organizaciones reintegran los fondos en el sistema, haciendo uso de las instituciones financieras tradicionales, las cuales tardan en detectar el origen de estos fondos. Existe incluso el caso de compañías fintech para las cuales es más rentable permitir el uso de sus servicios por parte de organizaciones terroristas y luego hacer frente a las consecuencias económicas.

En definitiva, el sector financiero debe impedir que esta nueva forma de terrorismo, como lo es The Base, encuentre los recursos que necesita para sobrevivir, pero las instituciones deben apostar por blindar a las entidades financieras serias frente a amenazas y establecer una regulación moderna y rigurosa que limite los riesgos y persiga las malas prácticas.