La protección de los Derechos Humanos frente a los retos y desafíos en África Occidental

Informe completo

Resumen ejecutivo

La combinación de factores estructurales en África Occidental y el Sahel, como la inseguridad alimentaria, la pobreza extrema y la fragilidad institucional, junto con la expansión del terrorismo transnacional y la proliferación de golpes de Estado militares, ha generado un deterioro acelerado de las condiciones de vida para millones de personas. Los derechos humanos se han convertido en una variable subordinada a la gestión del conflicto regional, cuando no en un objetivo directo de la violencia.

El presente informe pone de manifiesto que las violaciones de derechos humanos en la región responden a dinámicas interconectadas que se refuerzan mutuamente. La violencia ejercida por grupos armados no estatales, en particular el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), las filiales de Estado Islámico en el Sahel (EI-Sahel) y en el área del lago Chad (ISWAP) y Boko Haram, convive con abusos sistemáticos cometidos por fuerzas militares gubernamentales y grupos paramilitares. La población civil, atrapada entre estos actores, soporta las consecuencias más graves en forma de desplazamientos masivos, restricciones en el acceso a servicios básicos, una violencia sexual que a menudo se utiliza como arma de guerra y la criminalización de la propia defensa de derechos.

El informe documenta también la dimensión estructural de la crisis. Las juntas militares que gobiernan Burkina Faso, Mali y Níger han adoptado medidas que erosionan gravemente el estado de derecho, restringen la libertad de prensa y dificultan la labor de organizaciones humanitarias y de derechos humanos. La retirada de misiones de Naciones Unidas y de la Unión Europea y la reconfiguración de alianzas de seguridad hacia actores como Africa Corps, han agravado la situación de inseguridad y han creado un vacío en la supervisión y monitorización de la violencia contra civiles que nadie ha logrado llenar de manera satisfactoria.

A partir de los resultados extraídos, el informe concluye que los actores con capacidad de incidir en la situación, tanto de la mano de los propios Estados de la región como de los organismos regionales africanos, la comunidad internacional y, en particular, España y la Unión Europea, deben basarse en un diagnóstico de los instrumentos reales disponibles y de los límites de su capacidad de influencia en el contexto posterior a la ruptura con la arquitectura regional de seguridad.