Multidimensionalidad porque las causas estructurales que explican el terrorismo tienen que ver con cuestiones sociales, políticas y económicas. Por tanto, pensar que se puede enfrentar exitosamente a la amenaza del terrorismo sólo con instrumentos militares es una equivocación. Faltan estrategias económicas, políticas y sociales que cambien la situación de los países que sirven de germen fundamental del terrorismo yihadista.
¿Qué papel juegan los países occidentales?
Es necesario recordar que este problema lo tenemos también los países occidentales, en la medida en la que hay individuos que se sienten discriminados y que, por lo tanto, se radicalizan hasta el punto de pensar que la violencia terrorista es la única forma que tienen de resolver sus problemas. Si no atendemos a esta situación, en términos de integración plena de estos individuos en nuestros propios países, seguiremos avivando el caldo de cultivo que permite que siga aumentando el número de terroristas. Los inmigrantes tienen que encontrar acomodo en un marco de derechos y de deberes iguales para todos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos debe ser la base de la convivencia en los países occidentales.
El esfuerzo sostenido en el largo plazo se fundamenta principalmente en la educación. Es un instrumento imprescindible en la prevención de la radicalización. La educación sólo rinde resultados en el largo plazo, por lo que si creemos que hay atajos militares –como se creyó en Afganistán, en Irak, en Siria y en tantos otros ejemplos– para arreglar el problema del terrorismo yihadista, desatendiendo el esfuerzo a largo plazo, sólo conseguimos, en el mejor de los casos, ganar algo de tiempo hasta que se vuelve a reproducir la misma situación o una todavía peor.
¿Qué está haciendo España para luchar contra el terrorismo yihadista?
Atendiendo a que España está en la lista de objetivos del terrorismo yihadista, estamos hoy mejor preparados que nunca para hacer frente a esa amenaza. Es una situación muy distinta a la que teníamos en el año 2004 con los atentados del 11M, porque en aquel momento la atención estaba centrada en el terrorismo de ETA, y no en el terrorismo internacional de perfil yihadista. Pero eso no significa que tengamos garantizada nuestra seguridad. Lo hemos vivido el 17 de agosto de este año en Barcelona y Cambrils. Hay que contar con que el terrorismo yihadista volverá a golpear en algún momento en España, en un futuro indefinido.
España está moviéndose en el marco de la Unión Europea para intentar articular medidas de respuesta a esa amenaza. Al igual que cualquier otro país, España en solitario tiene muy pocas posibilidades de poder llevar a cabo acciones sustanciales contra el terrorismo yihadista. Todo tiene que pasar por el multilateralismo y la multidimensionalidad.
Todavía hay que trabajar mucho para integrar, dentro del territorio español, a los inmigrantes de la comunidad musulmana –casi dos millones de personas–, aunque no estamos en una situación de desintegración tan grave como la de otros países de la Unión Europea. También tenemos que afrontar el desafío de prestar mayor atención a las causas estructurales del problema, y no apostar únicamente por los medios militares. Todo ello evitando identificar a las personas de identidad musulmana que ya viven entre nosotros con potenciales terroristas.
El Ministerio del Interior ha aumentado la seguridad antiterrorista ante la proclamación de Irak de haber derrotado a Dáesh sobre el terreno. ¿Se teme que combatientes de Dáesh que hasta ahora estaban en Irak y Siria se desplacen a España?
En España hay muy pocas personas, en comparación con otros países occidentales, que se hayan implicado en escenarios de conflicto en Siria y en Irak. Por lo tanto, más que en el problema de los foreign fighters o retornados, al que necesariamente hay que atender, el objetivo de esta medida está centrado en evitar que individuos que han residen en España y que se han radicalizado puedan actuar de manera violenta.
Esto vuelve a plantear la cuestión de la integración, de cómo evitar la radicalización y de todas las medidas políticas, sociales y económicas que están pendientes de adoptarse para ello. También aborda los asuntos de colaboración judicial, de inteligencia e información y de servicios policiales que hay que activar para evitar que el terrorismo cumpla sus fines. Tenemos una tarea de largo plazo en la que tenemos que implicarnos de forma más directa de lo que lo hemos hecho hasta ahora, al igual que el resto de países occidentales.
Respecto a la población afectada directamente por las guerras en Oriente Medio, ¿cómo se podría aumentar la ayuda humanitaria? Aitor Zabalgogeazkoa, responsable de la misión en Siria de Médicos sin Fronteras desde 2012 hasta 2014, aseguró en una entrevista a El País que “en Siria, todas las partes implicadas usan la ayuda humanitaria como arma de guerra. Los agentes implicados manipulan la ayuda que ellos pueden controlar y regular: qué zonas favorecen, qué zonas son más beneficiadas”. ¿Está usted de acuerdo con esta afirmación?
La ayuda humanitaria es un paliativo. En ningún caso va a resolver los problemas que hay en los conflictos violentos. No debemos cargar excesivas responsabilidades en quienes lo único que pretenden es asistir y proteger a las víctimas de estos conflictos.
En contextos de conflicto de todos contra todos, como ocurre en Siria, se encuentra sometida a unos condicionantes que hacen que, en muchos casos, no se pueda prestar esa asistencia y esa protección basada en los principios humanitarios, sino que se tengan que aceptar condiciones que perturban la eficacia de la ayuda. En muchos casos, hacen que esa ayuda se convierta en un instrumento más de los actores violentos en la zona.
¿Hay una instrumentalización de la ayuda humanitaria por parte de los Estados donantes, o de los Estados combatientes en los lugares de conflicto?
Por parte de ambos. Muchos Estados donantes no asumen sus responsabilidades en la resolución de los conflictos. Pensemos, por ejemplo, en la vergonzosa actuación de los gobiernos de la Unión Europea para atender a la crisis de los refugiados. Es una obligación jurídica, determinada por la convención del Estatuto de los Refugiados de 1951, asistir y proteger a esa población. No es solamente una cuestión caritativa o de solidaridad, sino un compromiso jurídico que los gobiernos de la Unión Europea han incumplido. Lo que han hecho, en lugar de atender a los refugiados, es contratar los servicios de otros actores –como ocurrió con el acuerdo con Turquía y Libia–.
Esa dejación de responsabilidad estatal deriva en poner en manos de los actores que prestan ayuda humanitaria responsabilidades que no les corresponden, y en poner fondos para esta ayuda o para cooperación para el desarrollo que traten de parchear los problemas que produce esa dejación de responsabilidad política.
Por otro lado, en muchos casos se utiliza esa ayuda humanitaria al servicio de intereses estratégicos, políticos o económicos que no tienen que ver con los principios humanitarios, y que no son, por lo tanto, más que un mecanismo para poder ganar más influencia y lealtades, o limpiar la conciencia de los responsables políticos que no han asumido su deber.
La población civil, quien más sufre las consecuencias de estos conflictos armados, ¿es la última prioridad de los Estados occidentales?
Desgraciadamente se ha demostrado que sí. En estas circunstancias el perdedor neto es la población civil, que se encuentra sometida a dinámicas que en ningún caso puede controlar. La ONU debería ser el actor principal en la gestión de la paz y la seguridad en los conflictos armados, puesto que es su razón de ser. Sin embargo, es un organismo que está marginado porque no hay voluntad por parte de los Estados miembros para darle ese protagonismo necesario. Es el único representante de la comunidad internacional y sin embargo no actúa como debería.
Por otro lado, no existe una coherencia de políticas. Se debería hacer aquello que está de acuerdo con los valores y principios que decimos defender y promover, pero la realidad es que hay una diferencia enorme entre lo que se dice y lo que se hace por parte de muchos Estados democráticos. Nuestros gobiernos [los de la Europa occidental y EEUU principalmente] han apoyado a gobiernos impresentables en países de Oriente Medio y Oriente Próximo, les han armado y avalado, pensando que luego podrían quedarse al margen de las consecuencias de este comportamiento. Esto ha sido un error absoluto. Por ello, todos somos corresponsables de la situación de deterioro de las condiciones de vida en muchos de esos países y de que estén ocurriendo conflictos violentos.
Los intereses geopolíticos y económicos de Occidente en Oriente Medio, ¿han relegado las cuestiones de derechos humanos a un segundo plano?
La implicación de los países occidentales en el mundo árabe-musulmán se fundamenta en claves de seguridad energética: garantizar los suministros de gas y petróleo, que son vitales para mantener nuestros sistemas de vida. A esa seguridad energética hemos subordinado cualquier otra consideración, de tal forma que hemos establecido un juego, desde hace décadas, que determina que para nosotros es válido cualquier gobernante de la zona que no cuestione ese statu quo y que no ponga en duda que se tenga que mantener este sistema del cual Occidente es el principal beneficiario.
Eso provoca que el conjunto de la población de esos países –que no quieren a esos gobernantes y que entienden que se sostienen en el poder fundamentalmente por el aparato represivo del que disponen gracias a potencias occidentales– se vuelva antioccidental y que su principal opción sea el islamismo radical. Si no modificamos este comportamiento, si este statu quo no se altera, si no somos más coherentes en nuestra política exterior con los principios y valores que decimos defender, si no apostamos por la sociedad civil en esos países, nunca acabaremos con las consecuencias que derivan de nuestras actuaciones.