

Lugar en el que ocurrió la explosión que provocó la muerte de un ránger en el distrito de Waeng, Tailandia. Imagen: Narathiwat Public Relations Office
Un nuevo trimestre ha transcurrido en el Sudeste Asiático y, durante este periodo, ha repuntado tanto la actividad de individuos radicalizados como la de los grupos yihadistas activos en la región, lo que ha alterado la tranquilidad de la que últimamente se disfrutaba en los países que la componen.
Si descendemos al análisis por países, vemos cómo Singapur se enfrenta a un grave problema de radicalización entre su población más joven. Durante el segundo trimestre del año se hizo pública la detención de dos jóvenes que pretendían cometer atentados influenciados por la propaganda de Daesh y de un tercero que planeaba emplear la violencia contra estudiantes homosexuales y militares, además de inutilizar páginas web de organizaciones musulmanas.
Por lo que se refiere a Malasia, las fuerzas del orden no han detectado actividad de redes yihadistas propias. No obstante, debido al deterioro de la seguridad provocado por la actividad insurgente, el Gobierno pidió a sus nacionales que extremasen las precauciones si tenían previsto viajar al sur de Tailandia.
En lo que respecta a Tailandia, el tercer trimestre de 2026 resultó extremadamente turbulento, tanto por el notable incremento de la actividad terrorista de los grupos insurgentes como por las contradictorias medidas adoptadas por el Gobierno para tratar de frenar la oleada de violencia. Si inicialmente las autoridades decidieron mantener las negociaciones de paz con la insurgencia, pese a que estos grupos continuaban desarrollando acciones violentas con el objetivo de forzar concesiones por parte de Bangkok, posteriormente dos representantes de Tailandia se retiraron repentinamente de la mesa de negociación y se declaró la ley marcial en una de las provincias del sur del país. A partir de ese momento, se levantó una valla a lo largo de la frontera, se firmaron acuerdos de cooperación en materia de seguridad con Malasia y se solicitó a Interpol la entrega de miembros de la insurgencia implicados en actividades de carácter terrorista.
Ante este cambio de postura adoptado en julio por el Gobierno, la insurgencia respondió durante agosto y parte de septiembre con hasta un centenar de ataques de diferente naturaleza, entre ellos incendios, tiroteos y detonaciones de explosivos, con la intención de alterar significativamente el orden y causar el menor número posible de víctimas. La respuesta del Estado ante semejante demostración de fuerza de la insurgencia consistió en lanzar diversos operativos antiterroristas que se saldaron con la muerte de dos insurgentes, condenar a cadena perpetua a varios individuos que confesaron su implicación en atentados terroristas y solicitar nuevamente la convocatoria de la mesa de negociación con el BRN, invitando además al resto de grupos armados a sumarse a ella. Sin embargo, durante la segunda mitad de septiembre, los insurgentes modificaron parcialmente su estrategia y retomaron ocasionalmente la dinámica de ataques dirigidos a causar víctimas. En una de estas acciones atacaron un camión que transportaba a voluntarios de la defensa civil, causando dos muertos y dieciséis heridos.
En Indonesia, la actividad terrorista de los diferentes grupos yihadistas que permanecen activos en el país ha sido prácticamente inexistente durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2026, en buena medida debido a la vigilancia ejercida por las fuerzas de seguridad sobre estas organizaciones terroristas.
En Filipinas, el hecho de que las elecciones de la Región Autónoma de Bangsamoro finalmente se fijasen para septiembre provocó que el Ejército intensificase sus labores de vigilancia para evitar que los diferentes bloques políticos utilizasen a remanentes de grupos yihadistas con el objetivo de condicionar el proceso electoral. Pese a dicha vigilancia, no pudo evitarse la violencia ni durante los días previos ni en la propia jornada de votación. Se produjeron hasta siete incidentes violentos que provocaron la muerte de cinco civiles y heridas de diversa consideración a otras dieciocho personas.
Además, como en periodos anteriores, los grupos yihadistas que mayor resistencia opusieron a los esfuerzos de las fuerzas armadas y de seguridad filipinas por erradicar el terrorismo en el sur del país fueron los grupúsculos vinculados a Daesh. Así, a comienzos de agosto, Hassan Group perdió al segundo al mando de la organización, junto con otros cuatro militantes, después de que se resistieran a ser arrestados. Semanas más tarde, Maute Group perdió al líder de un grupo afín en circunstancias similares. Esta última organización también sufrió un revés en el ámbito judicial, después de que la justicia rechazase el recurso presentado por la matriarca del clan Maute y otros militantes del grupo terrorista condenados por la decapitación de dos secuestrados en 2016, por lo que deberán cumplir sus respectivas condenas a cadena perpetua.
Respecto a las organizaciones de mayor entidad, tres exmilitantes de la ya desarticulada Abu Sayyaf se entregaron junto con sus armas a las autoridades con el objetivo de acogerse a las medidas de gracia ofrecidas por el Gobierno, opción por la que también se decantaron siete miembros del BIFF. Esta última organización sufrió, además, bajas relevantes durante el verano. A la detención de tres fabricantes de explosivos se sumó la de otros tres militantes, que resultaron heridos durante un enfrentamiento con el Ejército cuando intentaban atentar contra una base militar. Asimismo, el líder de la facción Bungos murió abatido a comienzos de julio durante un enfrentamiento con las fuerzas armadas, mientras que otros seis militantes fallecieron en septiembre tras resistirse a su arresto
Incidentes registrados
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