Vice Minister for Foreign Affairs and Cooperation of Spain, Ignacio Ybaez addresses the Security Council meeting: Maintenance of international peace and security Respect for the principles and purposes of the Charter of the United Nations as a key element for the maintenance of international peace and security Letter dated 1 February 2016 from the Permanent Representative of the Bolivarian Republic of Venezuela to the United Nations addressed to the Secretary-General (S/2016/103)
“Saltarte el camino de la ley es perder legitimidad contra el terrorismo”
“Marruecos nos ha trasladado que la cooperación antiterrorista está al margen de sus problemas con la UE”
“Es difícil de creer que un socio europeo como Bélgica alegue riesgo de torturas para no extraditar a una etarra”
“En Irak, la experiencia antiterrorista de la Guardia Civil es muy demandada”
La agenda exterior española tiene desde enero de 2015 un destino preferente: Nueva York. La elección de España como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha supuesto el desembarco de las prioridades españolas, incluida el terrorismo, en el epicentro de la diplomacia internacional.
Uno de los encargados de ponerles voz es Ignacio Ybáñez (Nevilly sur Seine, París, 1962). Tras una carrera diplomática que comenzó en 1989 y que le ha llevado a destinos tan variopintos como Tanzania, Egipto, Guatemala o Bruselas, en noviembre de 2014 fue nombrado secretario de Estado de Exteriores. Desde su cargo le corresponde lidiar con la crisis de los refugiados, las relaciones con Marruecos o el asunto que copa ahora el pódium de las preocupaciones en materia de seguridad: el terrorismo yihadista. En esta batalla, resalta que España es “un ejemplo” en el tratamiento a las víctimas y considera fundamental el respeto a las líneas rojas ya que “saltarte el camino de la ley es perder la legitimidad contra el terrorismo”.
El pasado enero España cumplió un año como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Qué ha supuesto para España?
Para España estar en el Consejo de Seguridad es un reto, ya que el Consejo tiene la labor del mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, y una responsabilidad ante todos los países que nos han apoyado en el proceso frente a unos contrincantes importantes, Nueva Zelanda y Turquía. En el ámbito de la lucha contra el terrorismo es una oportunidad: históricamente hemos tenido un papel relevante en la comunidad internacional, por desgracia, por nuestra lucha contra el terrorismo. Por ello queremos aprovechar nuestra presencia en el Consejo de Seguridad para que el terrorismo esté en el centro y orientarlo hacia aquellos temas que más preocupan a España.
¿Qué objetivos de los marcados para 2015 se han cumplido?
Hemos hecho un buen primer año y estamos satisfechos, sobre todo en materia de lucha contra el terrorismo. Nos habíamos fijado como objetivo apoyar algunas de nuestras líneas más características. La primera, que la comunidad internacional respondiera al reto que supone el terrorismo, y eso se ha conseguido. Hemos tenido la ocasión de organizar una sesión del Comité contra el Terrorismo, que es el órgano que dentro del Consejo de Seguridad trata el tema de la lucha contra el terrorismo de forma más intensa. Se reúne siempre en Nueva York pero, en julio de 2015, conseguimos que se reuniera en Madrid. La temática que se escogió fue muy actual: la lucha contra los terroristas extranjeros, nacionales de un país que operan en otros países, y que se da en relación con el yihadismo en países como Siria e Irak. El Comité adoptó las Bases de Madrid, que marcan las líneas directrices de cómo afrontar esta realidad. Es un buen ejemplo de que la cooperación internacional es esencial y, en este sentido, España ha sido un ejemplo a nivel internacional por su relación con Marruecos.
¿Y las demás prioridades?
La segunda es la prevención del terrorismo. Hemos incentivado al secretario general a tomar un papel de liderazgo y lo hemos conseguido: va a adoptar un plan de acción específico contra el extremismo violento. Y el tercer elemento es cómo aportar remedio al terrorismo. Nosotros le damos un papel esencial a las víctimas.
A nivel internacional, España es ejemplo de cómo poner a las víctimas en el centro del debate, en primer lugar por un deber de justicia, de reconocer el sacrificio que las víctimas tienen en la lucha contra el terrorismo, en la reparación del daño; pero también porque pueden ser un instrumento en la lucha contra el terrorismo: al contar lo que es y cómo les ha afectado, dan testimonio de la barbarie del terrorismo.
De hecho, se celebró una sesión en la que víctimas españolas dieron su testimonio en el Consejo de Seguridad.
Teníamos mucho interés en llevar a las víctimas al seno del Consejo de Seguridad. En octubre celebramos una sesión específica, con el liderazgo de Estados Unidos, y llevamos a víctimas con nombres y apellidos para explicar los efectos del terrorismo. Eran víctimas de ETA en España, de Daesh en Oriente Próximo y de Boko Haram. Era una sesión abierta a otros países, no sólo a miembros del Consejo, y muchos embajadores pudieron escuchar las vivencias de las víctimas en primera persona. Hay varias ideas para avanzar en este sentido en 2016. Una de ellas es aprobar una Declaración Presidencial, donde se podrían recoger esos elementos. También promover un Estatuto Internacional de la Víctimas, siguiendo el ejemplo español.
¿Qué implicaciones prácticas tendría una Declaración Presidencial en torno a las víctimas del terrorismo?
Nuestras aspiraciones son de máximos: nos gustaría que recogiera todos los elementos a los que le hemos dado importancia en torno a las víctimas, que los Estados tengan una legislación avanzada… Pero el Consejo de Seguridad es un trabajo a quince con una comunidad internacional con su propia visión. La declaración presidencial la adopta el presidente con el consenso de los otros quince, que tienen derecho a veto. Nosotros somos optimistas: gracias al trabajo que realizamos el año pasado, así como el de otros países como Jordania, esperamos lograr un texto ambicioso.
Una de las prioridades para 2016 es poner en valor la experiencia española en la lucha contra el terrorismo. ¿Qué se debería poner como ejemplo de buenas prácticas?
Hay seis aspectos fundamentales. El primero, el papel de las víctimas. Hay socios, algunos tan relevantes como Estados Unidos, que nos piden siempre que expliquemos cómo hemos tratado a las víctimas, la conciencia que despertaron en el conjunto de la sociedad y cómo eso cambió la lucha contra ETA. El segundo punto, que surgió de las víctimas, es el consenso político y social para luchar contra el terrorismo, que es necesario para la lucha antiterrorista. En España dio buenos resultados y ahora vemos a otros países que se enfrentan al terrorismo y que no han sido capaces de generarlo. También está el tema de la cooperación interna, porque es importante que fuerzas de policía, la justicia y la administración trabajen juntos y se coordinen entre ellos.
¿Cuáles son las otras líneas de acción?
También es importante plantear instrumentos legales, sobre todo para los combatientes extranjeros que van a otros países a atentar y a veces las herramientas legislativas no están adaptadas a esta situación. Nosotros hemos hecho modificaciones en el Código Penal para que, si una persona se desplaza a un país tercero para cometer un delito y luego vuelve a España, pueda ser detenido y encausado por tribunales españoles. Hay que estar siempre muy a la avanzada porque el terrorismo busca los huecos de la sociedad libre para atentar. Otro punto importante es el respeto a los derechos humanos: saltarte el camino de la ley es perder legitimidad en la lucha contra el terrorismo. Y el último, muy relevante ahora, es la cooperación internacional: un país solo no puede enfrentarse a la lucha contra el terrorismo. Lo vimos cuando nos enfrentamos a ETA: hasta que no se consiguió generar una conciencia internacional, países como Francia o Estados Unidos no se implicaron en la lucha contra el terrorismo. Ahora pasa lo mismo cuando países como Siria, Irak o Túnez se enfrentan al terrorismo: es importante que cooperen con países vecinos.
En torno al consenso político o social, ¿en España está en duda ese consenso?
Yo espero que no. Las Fuerzas políticas que tenían clara mayoría en la legislatura anterior siguen teniendo mayoría en el Parlamento y otras fuerzas políticas, como Ciudadanos, han manifestado ese apoyo y espero que otras se vayan sumando. Hay que trabajarlo mucho porque el consenso es esencial. También es importante que las víctimas y la sociedad civil cumplan su labor y empujen a las fuerzas políticas hacia el consenso. Si en un país se produce una fractura en cómo enfrentarse al terrorismo, los terroristas empiezan a ganar la batalla.
La cooperación antiterrorista entre España y Marruecos goza de muy buena salud. No obstante, el pasado febrero, Marruecos suspendió relaciones con la Unión Europea. ¿Esta decisión supone un riesgo para la cooperación hispano-marroquí?
Valoramos muchísimo la relación bilateral y el mensaje que nos dan es que esa cooperación está al margen de esa dificultad que están teniendo en el ámbito de la Unión Europea. Como es lógico, nos preocupa porque Marruecos es un país que ha apostado por una relación preferente con la Unión Europea. Estamos haciendo todo lo posible para rebajar la tensión entre la Unión Europea y Marruecos. Estoy muy esperanzado y los últimos mensajes han sido muy positivos. Además, en el ámbito internacional, cada vez se valora más la cooperación entre España y Marruecos y, en materia de terrorismo, la ven como un ejemplo.
España, junto a Rumanía, va a promover la creación de un tribunal especial para juzgar delitos de terrorismo. ¿Por qué es necesario crearlo?
Es una idea hispano-rumana que parte de la convicción de que no podemos dejar los crímenes terroristas impunes y debemos dotarnos de todos los instrumentos. Hay países que no han sido capaces de juzgar a terroristas que han cometido atentados y eso es una carencia importante para la comunidad internacional. De ahí la idea de crear un tribunal que pueda actuar y que sería complementario a la Corte Penal, también porque no todos los países han reconocido a la Corte. Es una idea a futuro: estamos en los inicios y habrá que ver hasta dónde podemos llegar.
En la agenda de seguridad europea ocupa un papel prioritario el terrorismo yihadista. ¿Qué retos afronta España?
España tiene un historial propio de atentados yihadistas y está en primera línea para combatirlo. Es muy importante dotarnos de todos los medios para combatir el terrorismo, reforzar la parte policial y la cooperación internacional. También hay otra parte muy importante, y nuestra experiencia con el terrorismo de ETA lo tenemos claro, que es contraponer a los mensajes de odio que el terrorismo transmite, mensajes que deslegitimen esa realidad. Hay que promover también mensajes positivos porque es importante no sólo desmentir a los terroristas, sino en el caso del extremismo violento, desmontar lo que los terroristas dicen que hacemos. Sólo hay que pasar por la M-30 y ver la mezquita o comprobar la integración de las comunidades musulmanas, que tienen el máximo nivel de aceptación por parte de la sociedad. Trabajar en esas dos líneas, promover la integración plena de las comunidades y decirle a la sociedad que los terroristas son los primeros anti Islam, porque el Islam es una religión de paz, es importante. España, comparado con otros países europeos, lo ha conseguido porque incluso después de los atentados de Madrid, nunca hubo mensajes de rechazo a la comunidad musulmana. Quizá esto lo echamos de menos en los discursos contra el yihadismo en otros países, como en el caso de Nigeria con Boko Haram.
¿Qué hay que hacer para visualizar ese mensaje?
Introducir ese mensaje en todas las facetas de la vida social: en la educación, explicando a los niños qué es el radicalismo y a qué te lleva no considerar al otro igual que tú; en los mandatarios políticos, para que hagan ese mensaje permanente y que siempre que haya un atentado haya un mensaje de unidad; y en los medios de comunicación, que son esenciales para transmitir ese mensaje. Hay que dejar claro que la narrativa es la nuestra y la contranarrativa es la de los terroristas, que nos transmiten una visión del mundo que es falsa. Utilizan mensajes muy bien presentados y con gran difusión, pero falsos, presentando a comunidades musulmanes maltratadas, cuando no es así.
España apoyó la resolución 2249, que instaba a los Estados miembros a adoptar las medidas necesarias para prevenir y reprimir atentados terroristas, así como para erradicar refugios seguros para terroristas en determinados países. ¿Qué medidas concretas ha adoptado España en ese sentido?
España se ha sumando a la coalición internacional contra el Daesh y animamos a todos los países a cumplir con esa resolución que obliga a todos, porque el Consejo de Seguridad ha establecido que es una obligación de los Estados Miembros la lucha contra el Daesh. En nuestro caso concreto, decidimos unirnos y volver a Irak, después de que había sido un elemento de división en nuestra política, y conseguimos un acuerdo de todos los partidos para que 300 militares españoles formaran al Ejército iraquí para que sean ellos los que combatan en primer lugar al Daesh. Tenemos una petición reciente para hacer lo mismo con la Policía iraquí y, en ese sentido, la experiencia de la Guardia Civil en la lucha contra el terrorismo es muy demandada, de ahí que haya una petición concreta del Gobierno iraquí para hacer lo mismo. Ahora, hay que esperar a tener un Gobierno para tomar esa decisión. A la vez, insistimos mucho en la cooperación con países como Túnez, que se enfrenta a la amenaza terrorista en su propia frontera, y estamos intentado definir un paquete de apoyo; o en Libia, donde aún no estamos en esa situación porque no hay Gobierno y lo que pretendemos es promover una solución política impulsada por Naciones Unidas. Si no lo conseguimos, van a ser los terroristas los que ganen la guerra.
Los atentados de Bruselas han vuelto a vapulear los cimientos de la seguridad en Europa. ¿Qué debe hacer la Unión Europea para enfrentarse a esta amenaza? ¿Es necesaria una respuesta militar?
La respuesta a esta amenaza terrorista debe abarcar los diferentes aspectos que son necesarios para dar una respuesta total. La respuesta policial es importante y para ello la Unión Europea sigue tomado medidas a efectos de reforzar la cooperación internacional, que es decisiva para hacer frente al terrorismo. Estamos ampliando el intercambio de información y la gestión de las fronteras externas. En el terreno militar la coalición internacional actúa mediante ataques aéreos y también dando formación a las fuerzas que deben enfrentarse a Daesh sobre el terreno. De hecho, España ha enviado 300 militares a Irak para ayudar en esa tarea de formación. Estamos viendo que, a pesar de que Daesh mantiene sus brutales ataques terroristas, ha ido perdiendo gran parte del territorio y ciudades que había ocupado tanto en Siria como en Irak: Kobane, Tal Abyad, Tikrit, Ramadi, Palmira. Pero sabemos que no se va a derrotar al terrorismo con medios exclusivamente policiales, o militares, como son necesarios frente a Daesh en Siria e Irak. Debemos tener presente que toda la fuerza de Daesh procede de la debilidad o la inexistencia del poder estatal en las zonas donde se ha establecido. Es una batalla de gran alcance estratégico, que debe incluir la solución de los graves problemas de fondo y los conflictos políticos de donde Daesh ha extraído su fuerza en Siria e Irak, así como en el nuevo frente de Libia.
En las últimas semanas han arreciado las críticas a las políticas antiterroristas del Gobierno belga y a sus fuerzas de seguridad. ¿Son justas las críticas? ¿Qué aspectos de la lucha contra el terrorismo debe mejorar Bélgica?
Si estamos hablando de reforzar la cooperación internacional, la base para ello es que todos tomemos en primer lugar las medidas necesarias en el interior de nuestros países. Y eso lo estamos haciendo. Todos los Estados Miembros de la UE sabemos que frente a una amenaza cambiante, como es el terrorismo actual, tenemos que adaptar nuestros mecanismos. Tenemos unas democracias maduras y unas administraciones nacionales eficaces que están en condiciones de hacer frente a ese reto y de poner en marcha los nuevos mecanismos necesarios.
¿Qué nuevos lazos prevé trazar España para enfrentarse al terrorismo internacional?
El terrorismo lo llevamos en la mochila para todos los temas, es una constante en nuestra actividad. Tenemos una relación muy estrecha con países cercanos, como Marruecos. También compartimos la preocupación del terrorismo con los países del Sahel, los vecinos de nuestros vecinos, que han creado el grupo G-5 con el que tenemos una relación muy directa y estamos apoyando.
También hay otros países con los que la cooperación en materia terrorista es inexistente, como Venezuela. ¿Qué medidas está llevando a cabo España en relación con la presencia en este país de miembros de ETA huidos?
La línea es la de siempre: cualquier persona que haya cometido un delito hay que perseguirla esté donde esté. Para eso, nuestra petición a otros países, Venezuela incluido, es que cuando pedimos la extradición de una persona, la cumplan. Ejercemos toda la presión que podemos, a veces con éxito y otras sin él, pero no cejamos en ello. La lucha contra la impunidad es permanente y esencial en la lucha contra el terrorismo.
En Venezuela hay unos cuarenta miembros de ETA con causas pendientes. ¿Es un país seguro para etarras huidos?
Esperamos que no y hacemos todo lo posible para que no lo sea. No obstante, mientras que, cuando en base a informaciones fidedignas y a los convenios vigentes sobre extradición, reclamemos por la vía judicial a etarras huidos de la Justicia y las autoridades del país cuya cooperación se solicita rechacen nuestras reclamaciones, entonces sí podríamos considerar a ese país un refugio seguro para los etarras.
Hay otro caso, el de la etarra Natividad Jáuregui, que España reclama por su implicación en varios asesinatos y que la justicia belga se niega a extraditar aduciendo que en España podría sufrir torturas. ¿Qué medidas ha tomado o pretende tomar el Gobierno al respecto?
En este, como en todos los casos, se aplica la legislación española y se fundamenta jurídicamente cualquier petición que hagamos. Por eso, nos resulta muy difícil aceptar de parte de un socio europeo alegaciones de esta naturaleza. En España, al igual que en Bélgica, el régimen de garantías al detenido es el máximo establecido por los instrumentos jurídicos internacionales en la materia, por lo que no tienen ningún fundamento los motivos aducidos por los tribunales belgas parta denegar la extradición de Natividad Jaúregui. Seguiremos insistiendo en este caso, aportando nuevos argumentos a través de los canales de cooperación judiciales e intergubernamentales. Estamos convencidos de que pronto nuestra petición será atendida pues, insisto, la respuesta que se ha dado a esta petición española de extradición carece de sentido entre países europeos.
Arnaldo Otegi salió de prisión hace unas semanas y, durante su estancia en la cárcel, la izquierda abertzale ha intentado presentarlo internacionalmente como un preso político, consiguiendo que personalidades como el Nobel de la Paz Desmond Tutu comprasen ese mensaje. ¿Cómo está contrarrestando España esta campaña?
Nuestros socios tienen la convicción de que España es una democracia, en la que se respetan plenamente las libertades políticas y los derechos humanos. Carecen de importancia las campañas que quieran poner en duda este hecho, pues no percibo en nuestras relaciones internacionales la opinión de que en España haya presos por razones políticas, se practique la tortura o se conculquen los derechos humanos. Por el contrario, lo que nos da autoridad moral en esta materia es que hayamos conseguido derrotar a ETA dentro del marco de la ley.
En cuanto a los refugiados, ha habido manifestaciones de miembros del Gobierno alertando de que terroristas del Daesh podrían utilizar los flujos de refugiados para entrar en Europa. ¿Qué medidas se están tomando para evitarlo?
El terrorismo es una amenaza permanente y utiliza todos los resquicios posibles, por lo que cualquier vía para penetrar en una sociedad será utilizada, desde los refugiados hasta las líneas aéreas normales. Existe una preocupación clara siempre que hay flujos de personas que vienen de una zona de conflicto a países europeos, pero tenemos medios suficientes para controlarlo bien. Hay que reforzar la cooperación internacional y no conviene mezclarlo con el debate de los refugiados. Los estados tienen la obligación de controlar quiénes llegan a sus países y hacer todos sus chequeos, pero los comentarios que se hicieron en ese momento no deben ser considerados como la respuesta a los refugiados, que debe ser mucho más compleja.
¿Por qué la Unión Europea está teniendo tantos problemas?
No es porque somos la Unión Europea que tenemos este problema, sino más bien porque la Unión Europea no se ha desarrollado lo que se tenía que haber desarrollado en políticas de migración y asilo. Nosotros promovemos más Europa y más solidaridad entre todos para ser capaces como grupo de responder mejor. Ha habido ofrecimientos concretos de recibir a refugiados en España, pero tiene que haber un buen mecanismo de recepción y acogida en los países a donde llegan, como Grecia, donde tienen que hacer un trabajo previo, pero el compromiso se mantiene.
Para lo que sí parece que ha habido consenso en materia de política exterior es para el acuerdo en torno a la expulsión de refugiados a Turquía, que ha sido muy criticado por organismos como ACNUR, que lo han considerado “fuera de la legalidad”. ¿Cómo valora las críticas?
Hay una conciencia del reto de la inmigración y Europa tiene capacidad de reaccionar, pero necesita contar con sus países vecinos y Turquía es uno de los grandes vecinos y además, un país que aspira a ser miembro de la Unión Europea. Lo que se ha buscado en las reuniones del Consejo Europeo con el primer ministro turco es responder conjuntamente y que cada uno pueda hacer la parte de su trabajo. Turquía tiene fronteras directas con Siria, por tanto es uno de los puntos de entrada de los refugiados, y lo que la Unión Europea ha querido es buscar un acuerdo que todavía no está cerrado. Pero la Unión Europea lo ha dicho muy claramente, también nuestro presidente del Gobierno, que el acuerdo va a respetar plenamente la legislación internacional en temas de refugio. Cada persona que valore el acuerdo puede manifestar sus críticas, pero no tengo ninguna duda de que el acuerdo va a respetar las obligaciones de Europa y de Turquía en el tema de los refugiados. El reparto de cargas entre Europa y Turquía es legítimo que lo busquemos: qué puede hacer Turquía de más y qué puede hacer Europa a favor de Turquía. Además, estamos negociando con un país que es candidato a formar parte de la Unión Europea, no es un vecino cualquiera.
En 2015 España, Jordania y Nueva Zelanda promovieron la aprobación de la resolución 2358 sobre derecho internacional humanitario. ¿Qué implicaciones ha tenido?
La crisis política en Siria había sido y sigue siendo un tema de difícil acuerdo entre los miembros del Consejo de Seguridad y era difícil que España tuviera que asumir el liderazgo siendo miembro no permanente. Al contrario, hay otros ámbitos como el derecho humanitario donde los miembros no permanentes teníamos un papel y nos sumamos a Jordania y Nueva Zelanda. Jordania ha dejado de ser miembro del Consejo y ese papel lo tenemos este año España y Nueva Zelanda, a veces con el apoyo de Egipto. Lo que se busca es que haya resoluciones con condiciones para todos los actores de la región, donde se respete plenamente el derecho humanitario y se facilite la labor de la comunidad humanitaria, ya sean organizaciones de Naciones Unidas u otras como Cruz Roja, y establecer que todos los combatientes y los países respeten la labor humanitaria. Ahora estamos trabajando en otra resolución dirigida a que se consiga el respeto a los que ejercen la atención sanitaria a las víctimas del conflicto y que nos va a ocupar todo 2016.
Amnistía Internacional ha denunciado que España ha vendido armas a Arabia Saudí que se han utilizado en ataques contra civiles.
La posición española es muy estricta: tenemos un mecanismo de control de la venta de armas que analiza caso a caso cada venta, y los mecanismos que tenemos implican que no pueda darse esa situación. Nosotros podemos seguir vendiendo armas a Arabia Saudí, que es un socio preferente de España, y si el Consejo de Seguridad aprobara un mandato para interrumpir la venta de armas, lo asumiríamos. Las operaciones son muy controladas y cada vez que se venden armas en zonas de conflicto somos muy cuidadosos, exigimos certificados de uso y estamos tranquilos porque cumplimos bien la legalidad. Lógicamente, las ONGs querrían que el comercio de armas fuera más limitado, pero nosotros pensamos que lo importante no es limitar el comercio de armas, sino asegurarnos de que donde se venden armas, no son utilizadas en conflictos que el Consejo de Seguridad haya declarado de especial seguimiento. Somos muy estrictos para que la venta de armas no viole ninguna norma establecida por el Consejo de Seguridad. No creo que haya nada que nos preocupe.
