“Para el Gobierno colombiano exigir la verdad es un acto de revolución”

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“Colombia ha legitimado el terrorismo y los gobiernos han sido tolerantes ante esa lacra”

“En el proceso de paz se han hecho cosas de espaldas a las víctimas y se ha blanqueado la historia”

“Timochenko tiene que ser juzgado y condenado por los delitos de lesa humanidad que ha cometido”

“Es el momento de que los terroristas de ETA pidan perdón”

Sandra Rocha Kuán ya vivía en España cuando ella y su familia se convirtieron en víctimas de las FARC. En 2005 su padre, un ingeniero y profesor universitario, fue secuestrado y liberado con heridas graves que le causaron la muerte. Para entonces Rocha ya era abogada, además de licenciada en Bellas Artes, y hacía su doctorado en Madrid. Dedicada a ayudar a sus compatriotas en trámites de extranjería, descubrió por casualidad que muchos de ellos habían huido de su país a causa del terrorismo. “Colombia no sabe cuántos refugiados por terrorismo tiene”, afirma al tiempo que denuncia la “manipulación política” a la que la clase política colombiana ha sometido a las víctimas. Se refiere también al líder de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, galardonado esta semana en Guernica con el Premio por la Paz y la Reconciliación: “Tiene que ser juzgado y condenado por los delitos de lesa humanidad que ha cometido”, asegura. Para defender los derechos de las víctimas ha creado la Asociación de Víctimas del Terrorismo Colombianas en el Exterior, que tiene sede en Córdoba y que pretende convertir en plataforma para visibilizar a unos de los colectivos más marginados del conflicto colombiano.

¿Por qué es víctima del terrorismo?

Hace once años guerrilleros de las FARC secuestraron a mi padre, Luis Alfonso Rocha. Era ingeniero agropecuario y profesor universitario. Ese día recibió una llamada telefónica en la que lo invitaban a salir de casa y tomar el taxi que lo estaba esperando, y ahí empezó su secuestro. La motivación para su captura fue económica porque la guerrilla se nutre de la venta de la hoja de coca y de los secuestros. Pagamos un rescate y fue entregado en la frontera colombo-venezolana con quemaduras de tercer y cuarto grado y sin el brazo derecho. Pagamos una avioneta privada a un hospital de Bogotá donde son especialistas en tratar a quemados. Falleció a los seis días.

¿Su familia había sufrido con anterioridad el terrorismo o había recibido amenazas?

No. Considero que el terrorismo ha afectado indirectamente a los cuarenta millones de habitantes de Colombia, pero de forma directa no nos había afectado.

¿Su visión del terrorismo en Colombia cambió?

Yo siempre he tenido la visión de que Colombia ha legitimado el terrorismo colombiano y de que los gobiernos han sido tolerantes ante esa lacra que ha desplazado más de ocho millones de colombianos, ha reclutado más de siete mil niños, ha violado el derecho internacional humanitario y provoca que todavía haya víctimas que sigan atravesando las fronteras colombianas solicitando protección internacional.

Fue después del asesinato de su padre cuando comenzó su trabajo como activista desde España, que era donde ya por entonces residía.

Las personas que lográbamos salir del territorio colombiano teníamos una misión muy importante: dar a conocer la verdadera cara de Colombia a la comunidad internacional. Siempre he dicho que Colombia tiene dos caras, la internacional y la nacional que vive día a día el colombiano de a pie y en la que hay secuestros, desplazamientos forzosos, violaciones a las mujeres y violaciones al derecho internacional humanitario.

¿Cuáles fueron sus primeros pasos como activista?

Mi primer paso fue documentarme e investigar. Muchas veces critico que se hable de terrorismo sin conocimiento y sin investigación previa porque se cae en la fabulación y el rumor. Me di de alta como abogada en el Colegio de Abogados y empezaron a llegar a mi oficina personas migrantes que solicitaban trámites de extranjería. Empecé a tener una relación estrecha con mis paisanos, empezamos a hablar del terrorismo y de cómo le había afectado a sus familias, de forma directa o indirecta, cuando vivían en territorio colombiano.

¿El terrorismo era una de las causas de la migración de esas personas?

El terrorismo está detrás de muchos desplazamientos de víctimas. Cuando las conseguía identificar, empezaba a investigar sus necesidades, preocupaciones, cómo vivían, de qué vivían, cómo habían llegado a España… Colombia no sabe cuántos colombianos víctimas del terrorismo residen en el exterior.

"Pagamos un rescate por mi padre y fue entregado con quemaduras y sin el brazo derecho. Murió a los seis días"

¿Cuáles eran sus necesidades?

Debido a la crisis económica, el colectivo migrante es uno de los más golpeados. El desempleo, la falta de recursos económicos y el abandono del Estado colombiano hace que la víctima tenga necesidades económicas y relacionadas con el arraigo. Mi investigación arrojó datos de un desempleo muy alto y de una gran desconfianza institucional.

¿Estas personas habían sido reconocidas como víctimas del terrorismo en Colombia?

Las víctimas que empecé a identificar ya estaban en el Registro Único de Víctimas (RUV). Algunas ni siquiera sabían que eran víctimas y otras querían ser invisibles, aun teniendo como antecedentes el desplazamiento o la muerte de sus familiares, pero consideraban que no querían ser visibles ante el Gobierno colombiano por desconfianza institucional, por temor o porque preferían pasar como migrantes sin el estatus de víctima del terrorismo colombiano.

¿Cómo empezó a ayudar a esas personas?

Primero detecté que necesitaban un apoyo jurídico y psicológico. El estrés postraumático, la depresión, el temor o la culpa eran síntomas habituales. Desafortunadamente, adopté el papel del Estado colombiano. Todas las víctimas necesitan que se las escuche, se las proteja, se respeten y defiendan sus derechos. Empecé a hacer esa labor y a convencerlos para que se dieran de alta en el Servicio de Atención a la Víctima en Colombia para que tuvieran una reparación.

¿Qué tipo de protección les asigna el Estado?

La Ley 1448/2011 establece unas medidas de atención, asistencia y reparación a las víctimas. Desafortunadamente, este derecho a asistencia la víctima en el exterior no lo tiene: solo puede ir al consulado, presentar su declaración y, entre ocho y diez meses más tarde, recibirá la denegación de su derecho, por lo que tendrá que empezar un proceso de reclamación, reposición, tutela… hasta que llegue al Tribunal Supremo. Esto hace que la víctima sea victimizada por segunda vez. Aparte de esto, las personas que atienden a las víctimas en los consulados no son especialistas ni tienen protocolos para atender a estas personas, por lo que muchas veces las víctimas reniegan de las ayudas por la mala atención recibida.

¿Por qué decide dar un paso más y crear una asociación?

Consideramos que era importante mostrar la verdadera situación de la víctima colombiana en el exterior e hicimos un documental. Se llama Mi dolor no tiene precio, una expresión de una señora que recibió en una caja el brazo derecho de su marido y pronunció esa expresión. El objetivo de esta iniciativa era que las víctimas se asociaran y reivindicaran sus derechos al Gobierno colombiano. Hace cinco o seis meses decidimos dar un paso más y crear la asociación. Escribimos a todos los entes del Gobierno nacional para que nos sentáramos y habláramos de la verdadera situación jurídica y psicosocial de las víctimas, pero ninguno nos ha contestado, excepto la Fundación Miguel Ángel Blanco. Su directora, Cristina Cuesta, inmediatamente se solidarizó con nosotros y es una de las madrinas de la Asociación. La presentación pública supondrá abrir una ventana grande para que las víctimas del terrorismo colombiano sepan que hay una asociación y que exijamos nuestros derechos ante el Gobierno colombiano.

 

¿Ha cuantificado cuántas víctimas colombianas hay en el exterior?

Colombia tiene abiertas las puertas en los consulados a las personas que creen que tienen el estatus de víctima. Pero por miedo, por falta de confianza institucional o porque la víctima prefiere seguir siendo invisible, Colombia no tiene el verdadero número de víctimas en el exterior. Tengo registradas de forma personal a 40 víctimas que no se registran por desconfianza institucional, a 20 víctimas que ya se han registrado y entre 85 y 100 que han iniciado el trámite en Andalucía. Pero Colombia no sabe cuántos refugiados por terrorismo tiene. Las víctimas colombianas en el exterior son olvidadas de forma sistemática por el gobierno y por la sociedad colombiana.

¿Cuáles son los principales déficits del Gobierno en relación al tratamiento de las víctimas?

Colombia limita la protección de sus víctimas a las que están en territorio nacional, pero no a las que están en el exterior. Considero que faltó conocimiento e investigación a la hora de realizar la ley de víctimas, de ahí ese abandono estatal.

"Queremos dar a conocer la otra cara de Colombia: todavía hay secuestros, desplazamientos forzosos y reclutamientos"

¿Cómo ha vivido desde el exterior el proceso de paz y finalmente el acuerdo?

El acuerdo estuvo precedido por más de cuatro años de negociaciones en La Habana entre la cúpula de la guerrilla, los representantes del Gobierno colombiano y algunas víctimas. Lo miré desde el comienzo con desconfianza porque desafortunadamente el victimario tiene más derechos que las víctimas. En este momento hay zozobra porque no se sabe lo que va a pasar ni cómo el Gobierno colombiano va a dar tránsito legal a este acuerdo teniendo en cuenta que se ha hecho de espaldas a las víctimas, que se ha legitimado el terrorismo y que ha supuesto un blanqueamiento de la historia.

¿Cuáles son sus expectativas en torno a la aplicación del acuerdo y a algunos de sus puntos más polémicos, como la justicia transicional?

Para mi familia y para mi no sería de nuestro agrado que el señor Timochenko tuviera un escaño en el Senado. La Constitución colombiana habla del derecho a elegir y ser elegido, el problema es que el señor Timochenko tiene que ser juzgado y condenado por los delitos de lesa humanidad que ha cometido. Después de cumplir la pena, podrá ejercer sus derechos, pero antes, no. Otro tema importante es que el único derecho que las víctimas en el exterior tienen es el de retornar, pero sin garantías. Y retornar es el último pensamiento para muchas víctimas.

Otro punto polémico es el de las indemnizaciones o ayudas que se reconocen para los guerrilleros desmovilizados.

Mientras los desmovilizados van a recibir el mínimo interprofesional colombiano de unos 300 euros, las víctimas están haciendo cola en Cáritas y en la Cruz Roja para comer y están pidiendo ayudas en los ayuntamientos para pagar el alquiler. La polémica es comprensible.

En el ámbito político, ¿las víctimas han sido y son manipuladas?

Hay un problema grave: el pulso político que se están echando el señor Uribe y el señor Santos. En medio de ese pulso están las víctimas. El 9 de abril se celebró el Día de la Víctima en el Congreso colombiano y fue más bien el día de la vergüenza nacional. Las víctimas abucheaban y le decían criminal al señor Uribe e incluso una senadora gritó a las víctimas: “¡Vagos, estudien!”.

¿Qué pueden hacer las víctimas colombianas en el exterior para que esta situación cambie?

Lo primero es ser visibles y exigir nuestros derechos ante el Gobierno colombiano. Estamos redactando un escrito ante la ONU para explicar las necesidades y vulnerabilidades de la víctima colombiana en el exterior porque en ningún momento se nos ha tenido en cuenta en el acuerdo de paz. Paradójicamente, muchos representantes del gobierno colombiano vienen a Europa, se reúnen con eurodiputados y dan conferencias en universidades, pero ninguno quiere reunirse con las víctimas. Queremos que la comunidad internacional conozca esta situación y haga presión al gobierno colombiano, pero es difícil porque no tenemos recursos: estamos trabajando con los míos propios, incluso repartiendo comida, porque no tengo el apoyo de un Gobierno que considera que exigir la verdad es un acto de revolución.

Lleva más de una década viviendo en España. ¿Qué visión del terrorismo colombiano tienen los españoles?

La solidaridad es muy grande hacia la víctima colombiana. Los españoles se sorprenden cuando le cuentas las historias porque ellos ven lo que el Gobierno colombiano quiere que vean. Colombia ha ratificado todos los acuerdos internacionales de derechos humanos y tiene una constitución moderna con infinidad de artículos relacionados con los derechos humanos. La otra cara que no conocen y queremos dar a conocer a la comunidad internacional y a España en particular es que todavía hay secuestros, desplazamientos forzosos y reclutamientos. Todavía hay también 7.000 niños reclutados que la guerrilla prometió entregar y que todavía no ha entregado. Tampoco sabemos cuándo va a entregar el armamento ni si lo va a trasladar a otras guerrillas.

Poniendo el foco en España y en los acontecimientos ocurridos en las últimas semanas, ¿qué percepción tiene del terrorismo de ETA?

Las víctimas del terrorismo colombianas en el exterior queremos solidarizarnos con las víctimas del terrorismo de ETA y esperamos que los terroristas se pongan la mano en el corazón y pidan perdón a las víctimas, a sus familias, a la sociedad vasca y a España entera por los crímenes cometidos. Es el momento de hacerlo.