Operación Dihan: una sentencia inédita contra la radicalización yihadista en prisión

Bandera de DAESH pintada por el condenado en zona pública de una prisión. Fuente: Fuentes de la investigación

Introducción

La Guardia Civil recientemente ha logrado una sentencia inédita en la lucha contra la radicalización yihadista en prisión[1]. Por una parte, por condenar a un individuo radicalizado en prisión que pintaba banderas del grupo terrorista Daesh y, al mismo tiempo, lograr una innovadora condena por amenazas a los funcionarios de prisiones, a los que amenazaba con frases como «Os voy a matar como manda la bandera del Estado Islámico presente en todo el mundo».

Antecedentes

El fenómeno de la radicalización en prisión es considerado una de las principales amenazas a nivel estratégico nacional e internacional[2], por la naturaleza del espacio penitenciario y la complejidad de los procesos de radicalización y reclutamiento que allí se producen de individuos para la causa yihadista, tal y como puso de relieve en el marco de la Operación Escribano, mayor investigación[3] desarrollada en Europa en el ámbito de la radicalización yihadista en prisiones en favor de la organización terrorista Daesh.

Análisis

La Sección 4ª de la Audiencia Nacional ha impuesto una condena de seis años de prisión a un interno que, cumpliendo prisión por varios delitos no relacionados con el terrorismo, sufrió un proceso de radicalización durante su estancia en prisión. Una vez radicalizado en la ideología yihadista, comenzó a realizar actividades a favor de la organización terrorista Daesh, entre ellas múltiples pintadas de su bandera, siendo condenado por un delito de enaltecimiento que el Tribunal ha penado con tres años de prisión. Asimismo, también amenazaba de muerte a los funcionarios de prisiones en nombre de este grupo terrorista, delito de amenazas no condicionales dirigidas al colectivo de funcionarios de prisiones que la Sala ha sancionado con otros tres años de prisión.

El caso de este interno, en prisión desde el 2016 y bajo seguimiento de los servicios penitenciarios por presentar un incipiente proceso de radicalización yihadista desde 2018, pone de manifiesto la alta capacitación y profesionalidad del personal penitenciario encargado de la detección de los procesos de radicalización, así como la coordinación e intercambio de información entre la administración penitenciara y los cuerpos de seguridad que investigan el fenómeno terrorista, como es la Jefatura de Información de la Guardia Civil.

Cabe resaltar el perfil de este preso, ya que no se trata de un interno condenado previamente por terrorismo, sino que se encontraba cumpliendo condena por delitos de diferente naturaleza (contra el patrimonio, violencia familiar y contra el orden público), si bien la propia institución penitenciaria lo clasificó como un interno de especial seguimiento por sumar indicios de radicalización yihadista.

Como resultado del proceso de radicalización al que fue sometido por otros presos radicales afines al grupo yihadista Daesh, el ahora condenado comenzó a realizar pintadas de su icónica bandera. Algunas de estas pintadas fueron de gran tamaño, de hasta tres metros y se encontraron en diversas dependencias de la prisión, generalmente de carácter público por ser los espacios comunes y de recreo de otros internos. La finalidad de estas pintadas era enaltecer, honrar y justificar al grupo yihadista, creando así un riesgo de futura comisión de actos de naturaleza terrorista entre los internos que veían esas pintadas.

Este extremo ha sido destacado por la sentencia, ya que reconoce que el interno radicalizado realizaba las pintadas[4] “en zonas comunes en las que él cumplía condena y otros presos considerados por la Administración Penitenciaria como vulnerables a la captación de ideas radicales”.

Para la investigación, esclarecimiento y enjuiciamiento de estas pintadas de carácter terrorista ha sido fundamental la colaboración de la administración penitenciaria con los especialistas en Policía Judicial que elaboraban los informes técnicos y con los peritos caligráficos del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil.

Además de las pintadas, el interno radicalizado protagonizó numerosos incidentes con conatos de agresión, insultos y amenazas de muerte a distintos funcionarios en nombre de la organización terrorista Daesh, gritándoles frases como:

• «vais a morir todos bajo la bandera del Estado Islámico».
• «te voy a matar en nombre de Alláh y de la bandera del Estado Islámico».
• «la bandera del Estado Islámico pronto estará extendida por todo el mundo y moriréis como infieles».
• «pronto el Estado Islámico dominará el mundo».
• «os voy a matar a vosotros y a vuestras familias […] a matar en nombre de Alláh y de la bandera del Estado Islámico».
• «vais a abrazar el islam o morir».
• «pronto entrarían por nosotros hasta el corazón de Madrid».

Esta postura amenazante, en la que se esgrime el mandato del grupo yihadista como su fin último[5], la reiteración de las amenazas y su hostilidad hacia los funcionarios de Instituciones Penitenciarias como colectivo profesional, fueron elementos clave. La Sala consideró que sus expresiones estaban impregnadas de verosimilitud, no solo por las amenazas proferidas por el preso, sino también por las circunstancias en que fueron proferidas, dentro de la propia prisión y que implicaba a la propia organización terrorista de la que hacía propaganda con sus pintadas ante posibles nuevos adeptos.

Se debe tener en consideración que el interno radicalizado, además de las pintadas de banderas y amenazas en nombre de Estado Islámico, también llegó a conseguir, al menos en tres ocasiones, cuchillas con las que podría preparar un arma de construcción artesanal. Esta cuestión incrementaba el riesgo de que protagonizase una acción violenta y obligó a la administración penitenciaria a aumentar las medidas de seguridad.

Por todo ello, el Tribunal también consideró que existía “quebranto de la tranquilidad y sosiego de un colectivo especialmente vulnerable, como es el de Instituciones Penitenciarias”, lo que supone un hito para los funcionarios de prisiones, colectivo a menudo aquejado de falta de respaldo, y que la investigación de la Guardia Civil y la sentencia emitida por la Sala otorga ahora reconocimiento público y apoyo.

Durante el juicio oral fueron muy relevantes y esclarecedores los testimonios de los funcionarios de prisión víctimas de las amenazas; así como el testimonio de una trabajadora social que atendió al interno radicalizado y que, a pesar de advertirle que tendría que informar a las autoridades de sus amenazas, el ahora condenado siguió detallándole sus planes de atacar. Con dicho testimonio se puso de relieve en la sala que el preso radicalizado no solo amenaza de muerte a los funcionarios, sino que disponía de un plan concreto para “matar o secuestrar a algún funcionario de prisiones porque así lo exigía su religión”.

Esta segunda sentencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en menos de un año[6] parece consolidar en la jurisprudencia la posibilidad de condenar por delitos de terrorismo en ámbitos cerrados, como así ocurre con el interior de las prisiones. En este caso se trata de internos que no tienen ningún tipo de conexión con el mundo exterior, ni con la organización terrorista con la que se identifican, de la que se consideran sus soldados o muyahidines y para la que desarrollan esta labor proselitista.

Estas condenas, además, ponen de manifiesto la eficacia del discurso radical y de los procesos de captación que llevan a cabo sobre otros internos. La propia sentencia recoge que la misma organización terrorista Daesh, así como sus seguidores, consideran la prisión como un lugar propicio para la captación y propagación de sus tesis radicales, al entender que los internos son un colectivo vulnerable y receptivo a sus ideas, incitando a la comisión de ataques violentos contra funcionarios de prisiones.

Del mismo modo, esta sentencia supone un hito y un precedente en la protección del personal perteneciente a Instituciones Penitenciarias en el ámbito de la amenaza terrorista yihadista. Considera que las amenazas proferidas contra algunos funcionarios por el condenado, tanto por su contenido, como por la forma en que se llevaron a cabo, trascienden el ámbito individual de los funcionarios amenazados, abarcando a la colectividad del cuerpo de funcionarios de Instituciones Penitenciarias, ya que el Tribunal considera probado que fueron realizadas implicando a la organización terrorista Daesh.

Por último, resulta necesario destacar la importancia de los sistemas de control y seguimiento de internos adoptado por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP) para detectar los conatos de radicalización de internos, así como la labor de los funcionarios de prisiones, sin cuyo esfuerzo diario no se hubiera identificado este proceso de radicalización, ni se hubiera podido recopilar la información con la que los analistas de la Jefatura de Información han sustentado su investigación y que ha permitido al Tribunal condenar al investigado.

[1] SAN 4/2025, de 25 de febrero de 2025.

[2] Ejemplo de ello son la Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) de 2021 (p. 57) o las Conclusiones del Consejo de la Unión Europea sobre la prevención y la lucha contra la radicalización en centros penitenciarios adoptadas en junio de 2019. En este sentido, EUROPOL ─a través del Informe sobre la Situación y las Tendencias del Terrorismo en la Unión Europea (TE-SAT)─ continúa poniendo de manifiesto, año tras año, el gran número de ataques terroristas llevados a cabo en los Estados Miembros y perpetrados por personas que han sido total o parcialmente radicalizadas en prisión; cabe destacar, por ejemplo, que en el año 2020 al menos cinco ataques yihadistas en Europa (Austria, Alemania y el Reino Unido) involucraron a presos o excarcelados en el momento de cometer el ataque.

[3] La investigación dio comienzo en 2017 al detectar unas pintadas de banderas de DAESH en un centro penitenciario y fue ampliándose hasta investigar a un total de 28 internos que mantenían una intensa relación epistolar, tanto a través de canales reglados como sorteando las medidas de control de la administración penitenciaria. La investigación concluyó a finales de 2020, constatando que los principales investigados habían planificado la constitución de un grupo para cohesionar y reincorporar en la militancia yihadista a presos por delitos de terrorismo y continuar con la actividad terrorista al salir de prisión. En el transcurso de la operación se analizaron más de 1000 cartas y 100 informes emitidos por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias; en su explotación se practicaron 17 registros, incautando más de 800 evidencias que necesitaron de más de 400 traducciones; todo ello apoyado con un total de 19 informes periciales del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, así como otros informes de inteligencia elaborados por expertos de Europol y de la propia Guardia Civil

^[4] Las pintadas inicialmente investigadas superaban la docena en, al menos, cuatro centros penitenciarios, pero durante el juicio oral se puso de manifiesto que el interno acusado, a pesar de conocer las consecuencias de sus actos, continuaba realizando pintadas, incluso en la noche previa a su enjuiciamiento en la Audiencia Nacional.

[5] Es notoria la importancia que la organización terrorista Daesh concede a sus adeptos en prisión, manifestada a través de una estrategia difundida por su aparato mediático de propaganda y que va orientada a captar presos vulnerables a adoptar su ideario y culminar así un proceso de radicalización. Por ejemplo, en fechas próximas a los hechos en publicaciones como la revista “O MUJAHIDEEN IN THE WEST”, afín al ideario yihadista, se difundieron artículos en los que se realizaba un llamamiento a los muyahidines para que, con los medios que dispongan, ataquen a las prisiones o a sus funcionarios.

[6] La otra sentencia dictada en el mismo ámbito es SAN 4/2024, de 12 de febrero de 2024, relativa a la Operación Escribano en la que se condena a dos internos a siete años y medio de prisión por delitos de captación y adoctrinamiento terrorista.