Fenomenología yihadista en África Occidental: el caso de Benín

Call for papers: Anuario de terrorismo y violencia de la extrema derecha 2021
02/09/2021
Actividad yihadista en el Magreb y el Sahel, agosto 2021
15/09/2021

Figura 1: Mapa de Benín. Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores español

Documento OIET 7/2021

Luis Antonio González Francisco

Do-Aklin, también conocido como Gangnihessou, era uno de los tres  hijos del rey Agassu que, según cuenta la historia, disputaron a comienzos del siglo XVII el trono de reino de Allada, enriquecido con el comercio de esclavos y ubicado en África occidental. Al no conseguir su propósito se trasladó al norte para fundar el reino de Abomey. El hijo de Do-Aklin, Dakodonu, en torno al año 1640, fundó el reino de Dahomey. Dahomey fue precisamente el nombre elegido por el país el 1 de agosto de 1960 cuando se independizó del poder colonial francés.  Esta denominación se mantuvo hasta el año 1975, fecha en la que fue sustituida por la de República Popular de Benín y esta a su vez en 1990 por el actual nombre oficial del país: República de Benín.

El país limita al sur con una franja de costa de poco más de 100 kilómetros del océano Atlántico que baña el Golfo de Guinea, al norte con Burkina Faso y Níger, al este con Nigeria y al oeste con Togo. Según datos del CIA World Factbook posee una población de más de trece millones de habitantes fundamentalmente concentrada en el área del sur, aunque también en el este, y con una región norte escasamente poblada. Cuenta con varios grupos étnicos, siendo los mas numerosos los Fon (38.4 %) seguidos de los Adja (15.1%), los Yoruba (12%), los Bariba (9.6%) y los Fulani (8.6%). La religión musulmana es la que cuenta con más fieles, con un 27.7% del total, seguida de cerca de la religión católica, con un 25.0% del total.

En el Índice de Desarrollo Humano, informe que mide el grado de progreso de cada país elaborado desde 1990 por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la República de Benín ocupa el lugar 158 (países con un desarrollo humano bajo) de un total de 189 países. Sus vecinos se sitúan en lugares aún más bajos (Nigeria el puesto 161, Burkina Faso el 182 y Níger el último puesto de la lista, el 189).

Según el Banco Mundial, el sistema económico del país se sustenta con las transacciones económicas con Nigeria, lo que supone un 20% del PIB, y con la agricultura, especialmente el cultivo del algodón. Es precisamente de ese sector de donde proviene el actual presidente del país, el millonario Patrice Talon, que ganó las elecciones presidenciales la convulsa jornada del 10 de abril de 2021 y que también es conocido como “roi du coton” (rey del algodón).

 

Figura 1: Mapa de Benín. Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores español

 

Poco después de la llegada al poder de Patrice Talon, en junio de 2021, vio la luz un informe titulado “Laws of Attraction Northern Benin and risk of violent extremist spillover”. El documento está firmado por Kars de Bruijne y elaborado de manera conjunta por la Unidad de Investigación de Conflictos de Clingendael, Instituto Holandés de Relaciones Internacionales y la ONG  Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) que asegura que lleva trabajando desde 2020 con una ONG beninesa de la que no ha revelado el nombre.

Es precisamente esta última organización la que señala un aumento del 30% en el número de incidentes violentos registrados entre 2017 y 2019, situando estos fundamentalmente en la zona norte del país. Esta situación sería debida fundamentalmente a tres cuestiones: los virulentos enfrentamientos entre agricultores y ganaderos que han causado muertos y heridos, lo que ha hecho preciso el despliegue de las fuerzas armadas de Benín para su contención. Estos conflictos se han visto incrementados por la afección a la trashumancia de ganado entre Togo, Burkina Faso, Benín y Níger de las medidas de contención de la pandemia COVID-19 y a la aplicación de nuevos impuestos. A este hecho le siguen las tensiones respecto a la propiedad de la tierra y a la divergencia de los derechos tradicionales con los estatales. En tercer lugar, la violencia se ha desatado recientemente en parte debido a la concesión a la ONG sudafricana African Parks Networks (APN) de la gestión y vigilancia de espacios naturales públicos como el parque de la Pendjari, en el que ha desplegado 125 guardas armados  junto a otros 60 el parque W., lo cual no ha sido recibido con una buena acogida en la mayor parte de la sociedad general.

El informe señala además que, aunque no hay indicios de bases estables en el país por parte de grupos yihadistas, estos se mueven y tienen recursos logísticos y contactos con ciudadanos de Benín en las provincias norteñas de Alibori, Atacora y Borgou. En esta zona, JNIM (Jama’at Nasr al-Islam wal Muslimin / Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes), filial de Al Qaeda, compra y/o roba alimentos y combustible llegando a mantener enfrentamientos con guardas de la APN. Además, JNIM se instaló en el parque W del lado de Burkina Faso al desalojar del territorio al EIGS (Estado Islámico del Gran Sáhara) dependiente de Daesh. En el documento se indica que el gobierno de Benín oculta al público estos datos mientras trata de solventar el problema. Desde instancias gubernamentales se le ha restado importancia al informe, llegando a negar la veracidad de su contenido y la metodología empleada.

Estas manifestaciones realizadas desde fuentes oficiales contrastan con otras recogidas en un estudio cuyo contenido se hizo público el 01 de julio de 2021 bajo el título “Northern Gulf of Guinea countries – The new frontier for Jihadist Groups?” cuya elaboración corrió a cargo de la Fundación Konrad Adenauer (Konrad-Adenauer-Stiftung). En el documento se recoge la preocupación por parte de las autoridades beninesas por la situación en la vecina Burkina Faso, cuyos algo más de 300 kilómetros de frontera, de gran porosidad al igual que las de Níger y Nigeria, se encuentran fuera del control del gobierno burkinés, pudiendo esa situación traspasar los límites fronterizos y reproducirse en Benín.

Además, en la parte nigerina del parque W opera la katiba (brigada) Usman da Fodio (nombre del fundador en el siglo XIX del Califato de Sokoto). Compuesto por una cuarentena de yihadistas a cuyo frente se sitúa un individuo llamado “Abadalá”, de etnia yoruba y nacido en la frontera entre Benín y Nigeria en el año 2012, quien se desplazó a Mali para integrarse en el MUYAO (Movimiento para la Unicidad y la Yihad en África Occidental). Este grupo está asociado al EIGS cuya presencia habría sido detectada, según se recoge en el documento, en Karimama, Gorouberi, Mamassi-Fulah, centro Karimama, Bogo-Bogo, Garbey, Koara y Kompanti. En el distrito de Malanville, cerca de Karimama, habrían sido detectados operativos de EIGS en la localidad de Wollo Château, quedando la dirección de la zona a cargo de un yihadista llamado “Monsieur Shangania”.

Julie Benmakhlouf, integrante de IDLO, organización intergubernamental mundial dedicada a promover el estado de derecho y el desarrollo sostenible con estatus de observador de la ONU desde 2001, en una entrevista publicada en febrero de 2021, ponía el foco en el desplazamiento de grupos armados a localizaciones en el que hasta el momento no habían operado: ciertas zonas de Níger, Burkina Faso, Benín, Costa de Marfil e incluso Togo.

Bernard Emié, máximo responsable del la Dirección General de Seguridad Exterior (DGSE) francesa apuntaba ese mismo mes de febrero que los terroristas de Al Qaeda ya están financiando a efectivos en Benín y también en Costa de Marfil para expandirse en esos territorios. Julie Benmakhlouf destaca la elevada capacidad de movimiento de estos grupos de adaptarse a las zonas en las que buscan implantarse para gestionar los conflictos existentes con el fin de aumentar el número de prosélitos. El interés de los yihadistas por expandirse hacia el sur es fundamentalmente económico, ya que buscan asegurar el acceso al mar del que carecen en Níger, Malí o Burkina Faso.

El trasfondo económico también podría estar detrás del secuestro de dos turistas franceses en el parque de la Pendjari, retenidos el 1 de mayo de 2019 por hombres armados que también asesinaron a su guía. Estos dos rehenes, junto con otros dos de origen surcoreano y estadounidense, fueron liberados pocos días después por militares franceses. La operación, que se desarrolló en territorio burkinés, no fue ni mucho menos inocua, ya que les costó la vida a Cédric de Pierrepont y a Alain Bertoncello, dos integrantes del Comando Hubert (unidad de élite de la Marina de Guerra francesa). El almirante Christophe Prazuck, jefe del Estado Mayor de la Armada gala hasta 2020, destacó que la información que manejaban apuntaba a la transferencia de estos rehenes al grupo yihadista maliense Katiba Macina, actualmente integrada en JNIM. Cabe la posibilidad de que la intención de los secuestradores fuese la de “vender” los rehenes a los yihadistas.

Ya en febrero de 2013 las autoridades francesas, debido a su intervención militar en Mali, desaconsejaron a sus nacionales la estancia en la zona noreste del país debido al riesgo de que fuesen objeto de secuestros y/o atentados en territorio de Benín. Para hacer frente a las diferentes manifestaciones de criminalidad, entre los días 15 y 18 de mayo de 2018 se puso en marcha la “Operación Koudalgou” realizada de manera conjunta por efectivos de Burkina Faso, Benín, Ghana y Togo. Se procedió a la detención de 202 individuos (52 en Burkina Faso, 42 en Benín, 95 en Togo y 13 en Ghana).

Esta operación orientada a frenar la criminalidad transfronteriza, en la que se vieron implicados 2.902 efectivos con el apoyo de dos helicópteros, vehículos ligeros y motocicletas, propició la detención en Burkina Faso de dos individuos sospechosos de vínculos con el yihadismo. También fueron intervenidos 40 cartuchos de explosivo, 38 armas largas y 623 motocicletas. Clément Sawadogo, responsable de seguridad del gobierno burkinés declaró: “Vamos a involucrar a las fuerzas de defensa de los cuatro países para que podamos aunar nuestros recursos, nuestra experiencia y nuestras capacidades para superar la delincuencia grave y el terrorismo”.

En abril de 2019 los servicios de inteligencia de Burkina Faso, basándose en información obtenida de la interceptación de comunicaciones telefónicas, advirtieron de que varios yihadistas habían abandonado el este de país para buscar refugio en Benín, Togo y Ghana. Esa posibilidad pareció tomar cuerpo cuando ese mismo mes se hizo público parte del contenido del interrogatorio del yihadista burkinés Oumarou Diallo, alias Diaw Oumarou, quien expresó su voluntad de establecer una célula yihadista con ramificaciones en Benín, Togo y Ghana. Detenido en el marco de la “Operación Otapuanu” desarrollada por las fuerzas armadas de Burkina Faso en marzo de 2019 cerca de su frontera con Togo, Oumarou Diallo, de la etnia Peul, fue uno de los primeros yihadistas en establecerse en el territorio este de Burkina Faso al frente de varias decenas de individuos conocidos como el “grupo de Diawo”. Previamente había estado combatiendo en Mali donde mantuvo vínculos con el líder yihadista Amadou Koufa, fundador y emir del Frente de Liberación de Macina, también conocido como Katiba Macina y cuadro de alto nivel del conglomerado yihadista JNIM.

Una probable combinación de delincuencia /terrorismo se produjo en un episodio que tuvo lugar el 15 de febrero de 2021. Individuos armados atacaron el campamento de Point Triple, situado en la intersección de las fronteras de Benín, Níger y Burkina Faso. Esta acción propició la intervención de las fuerzas armadas beninesas que pusieron en fuga a los atacantes que en su huída se llevaron un coche y una motocicleta. Estos vehículos, especialmente las motocicletas, son muy útiles por la versatilidad que poseen para los desplazamientos. Precisamente ese fue el medio de locomoción empleado por una decena de individuos que, durante la noche del 8 al 9 de febrero de 2020, atacaron las instalaciones policiales de Keremou, cerca de la ciudad de Banikoara, en las proximidades de la frontera con Burkina Faso. A consecuencia del ataque uno de los cuatro agentes de servicio resultó muerto y otro más sufrió heridas de gravedad.

Las motivaciones de la acción violenta no están del todo claras, aunque existen informaciones que apuntan que los autores de este mientras abrían fuego gritaban Al·lahu-àkbar (Dios es el más grande). Para Kars de Bruijne la presencia yihadista en Benín está clara y en su opinión (junio de 2021): “hay al menos cinco células yihadistas que operan al norte de Benín”.

William Assanvo, investigador del Institute for Security Studies (ISS) señaló en una entrevista publicada en el año 2016 que en África Occidental, “la amenaza terrorista es multiforme”. El propio Assanvo es uno de los tres autores, junto con Ella Jeannine Abatan  y Michaël Matongbada, de un informe fechado el 28 de enero de 2021 en el que recoge: “Desde 2016, el terrorismo se ha convertido en una grave amenaza en Benín y Togo. Los grupos extremistas violentos continúan realizando ataques cerca de las fronteras del norte que estos países comparten con Burkina Faso y Níger, o en sus territorios”.

Desde la década de 1970, especialmente en el norte de Benín, ha ido proliferando la versión del Islam conocida comúnmente como wahabismo, que se caracteriza por una rigorista interpretación de la doctrina musulmana. Esta situación, unida a otros factores como el bajo nivel económico o los enfrenamientos entre pastores y agricultores, plantea un panorama nada halagüeño, el cual se deteriora más aún si cabe debido a las consecuencias de la pandemia provocada por el SARS-CoV-2.

Al igual que un virus, el yihadismo necesita para su supervivencia “infectar” un entorno. Esta tarea se vuelve más sencilla si en este escenario se dan una serie de circunstancias favorables para su desarrollo como la existencia previa de conflictos, de manifestaciones de violencia y de injusticias reales o percibidas. Todas estas circunstancias pueden propiciar, al menos en el plano teórico, que el yihadismo se convierta en un eficaz “gestor de la frustración” ocupando los huecos que las autoridades no son capaces de cubrir de manera efectiva.

En este punto tiene especial relevancia los enfrentamientos entre agricultores y ganaderos, ya que como recoge el informe “Actividad yihadista en el Magreb y el Sahel, julio 2021” del OIET elaborado por Marta Summer, “si bien esto no estaría directamente relacionado con el terrorismo en un primer momento, estudiando los antecedentes de los países del Sahel actualmente afectados por el terrorismo yihadista vemos cómo los grupos se aprovechan de conflictos locales de este tipo para consolidar su presencia”.

Los pastores, concretamente los que pertenecen a la etnia fulani, se les vincula con el extremismo. En este colectivo podría llegar a tener algún tipo de influencia el mensaje yihadista, ya que como apunta Wassim Nasr en una publicación de The Soufan Center (agosto de 2021): “El segundo al mando [En JNIM] Mohammad Kuffa, proporciona al grupo acceso al centro de Malí, Burkina Faso y hasta la frontera con Benín, Costa de Marfil, Senegal y Ghana, debido a su capacidad para reclutar a la comunidad fulani como predicador fulani”.

Las manifestaciones del terrorismo yihadista en la República de Benín podrían calificarse -por el momento- de tangenciales, aunque sería un error restarle importancia. Sirva como ejemplo la vecina Burkina Faso: en octubre de 2015 se produjo un atentado contra un puesto de la gendarmería en Samorogouan, cerca de la frontera con Malí, en una acción que podría parecer aislada. Más de cinco años después, en junio de 2021, los yihadistas ejecutaron un ataque en Solhan, próximo a las fronteras con Malí y Níger, en el que 160 personas fueron asesinadas. La extrapolación mimética de escenarios no es lo más acertado, aunque tal vez lo sea menos no extraer lecciones de lo acontecido en unas coordenadas espaciales y temporales no tan lejanas.