Noticia 20/2021
Ana Aguilera
En el día de ayer, un periodista francés que cubría noticias en la ciudad maliense de Gao, al norte del país, fue mostrado en un vídeo circulando por las redes sociales afirmando estar secuestrado por la filial yihadista de Al Qaeda, la coalición JNIM, desde hace varias semanas.
Así lo ha confirmado además Reporteros Sin Fronteras (RSF), una ONG francesa que defiende el periodismo libre e independiente en el mundo, y el propio Ministerio de Asuntos Exteriores francés, el cual se encuentra actualmente en contacto con los familiares de Dubois y las autoridades malienses.
Malí constituye uno de los países donde el secuestro triunfa entre los métodos de extorsión a nivel yihadista, una tendencia creciente a través de los años. La escalada de violencia sin precedentes que se da en varios de los puntos del Sahel y el terror que siembran estas prácticas para la sociedad civil y las autoridades locales está poniendo en grave riesgo el control de amplias zonas del territorio tanto de Malí como de sus países periféricos, especialmente Burkina Faso y Níger.
Los secuestros a extranjeros o personal de las fuerzas locales y el orden público constituyen una importante fuente de financiación no exclusivamente para el yihadismo sino también para otros grupos violentos y el crimen organizado en la región, consiguiendo así autofinanciarse todos ellos gracias al pago de los rescates que a menudo han ascendido a cifras millonarias. Los secuestros a extranjeros, además, son especialmente buscados para este tipo de práctica por el mayor impacto que provoca tanto a nivel nacional como en el extranjero y porque suelen ser más valiosos en términos monetarios. Otros métodos de pago a veces incluyen la liberación de otros yihadistas arrestados por las autoridades, lo cual a la larga termina por perpetuar esta actividad como una muy lucrativa y aprovechable fuente de ingresos e intercambios.
Sin embargo, aceptar las condiciones de los grupos terroristas y ceder al chantaje teóricamente no es una práctica habitual para los gobiernos extranjeros, sobre todo por parte del gobierno francés, el cual suele pasar a la ofensiva si no se materializa un avance sustancial en las negociaciones. De hecho, según fuentes oficiales, la última rehén francesa fue liberada junto a otra persona de los brazos de la coalición JNIM en octubre de 2020 sin recibir en principio ningún tipo de recompensa. Sin embargo, días después de su liberación, unos 200 prisioneros yihadistas fueron puestos en libertad por parte de las autoridades de Malí, llevando a especular sobre ese acto como la condición en las negociaciones por la liberación de los rehenes.
En cualquier caso, que los gobiernos acepten directa o indirectamente las condiciones de los grupos criminales en los secuestros hace que esta práctica, sobre todo a nacionales con algún tipo de renombre o a extranjeros, se haya impuesto como la norma entre las milicias insurgentes y otros grupos delictivos, en vista de las grandes oportunidades de financiación e influencia que dichos actos les brindan. Además, en el caso de organizaciones de carácter yihadista como JNIM, El Estado Islámico del Gran Sahara o Boko Haram, también es muy importante el rédito propagandístico que obtienen con este tipo de operaciones, acaparando la atención de los medios internacionales.