15 años de los atentados de Amán. Evolución de la amenaza terrorista en Jordania y su respuesta

Documento OIET 18/2020

Victoria Silva Sánchez

Estado en el que quedó una sala del hotel Radisson SAS en la que se celebraba una boda en el momento del atentado. Imagen: Roya News.

El 9 de noviembre de 2005 Jordania vivió uno de los días más amargos de su historia reciente. Sobre las 20:50 de la tarde, una serie de ataques con explosivos en tres hoteles de la capital acabaron con la vida de 60 personas e hirieron a otras 115. Los ataques se dirigieron contra tres reconocidos hoteles de Amán, incluyendo el hotel Grand Hyatt, Days Inn y Radisson SAS Hotel (hoy en día el hotel Landmark), que eran frecuentados por diplomáticos extranjeros.

La cifra de víctimas podría haber sido más elevada de no haber sido porque uno de los perpetradores, Sajida Mubarak Atrous al-Rishawi, no llegó a detonar su cinturón explosivo. Al-Rishawi era la encargada de hacerse estallar, junto a su marido Ali Hussein Ali al-Shamari, en la sala Philadelphia del hotel Radisson SAS donde en ese momento se celebraba una boda a la que asistían 900 invitados jordanos y palestinos. A día de hoy, aún no está claro si al-Rishawi se echó atrás tras haber sido forzada por su marido para realizar la acción, o si fue un fallo técnico que impidió que la carga estallase. Sea como fuere, Rishawi fue juzgada y condenada a muerte, siendo ejecutada en 2015 en respuesta al asesinato por parte de Daesh del piloto jordano Muath al-Kasasbeh.

Los ataques de Amán fueron reivindicados por Al-Qaeda en Irak, la franquicia liderada en aquel entonces por el jordano Musab al-Zarqawi, quien ya había intentado en varias ocasiones anteriores ataques contra diversos objetivos de la capital que fueron desbaratados por las fuerzas de seguridad, incluyendo la trama del milenio y una mega operación con numerosos objetivos en 2004.

Giro de tuerca de la política antiterrorista

Los atentados de 2005 marcaron un antes y un después en la respuesta a la amenaza terrorista en Jordania. Hasta entonces muchos jordanos pensaban que los ataques se dirigían hacia intereses extranjeros, como demostró el asesinato de la diplomática estadounidense Lawrence Foley en 2002, o contra símbolos gubernamentales y de las fuerzas de seguridad. La red de al-Zarqawi estaba bien asentada en Irak y Siria, transitaba con facilidad a través de las fronteras y funcionaba con sus propios fondos, incluyendo los aportados por algunos empresarios jordanos, convirtiéndola, en la práctica, en independiente de Al-Qaeda.

De acuerdo con una encuesta realizada por el Centro de Estudios Estratégicos de la Universidad de Jordania, la percepción positiva de Al-Qaeda pasó del 67 por ciento en 2004 al 20 por ciento en 2005 tras los atentados. Esto no quiere decir que la mayoría de los jordanos apoyasen la violencia perpetrada por estos grupos, incluso por parte de aquellos que tenían cierta simpatía por la corriente salafista. El hecho de que la mayoría de las víctimas de los ataques fuesen jordanos tuvo un impacto fundamental en este cambio de percepción, pues hasta entonces parecía mantenerse la ficción de que Al-Qaeda solo luchaba contra intereses occidentales, poniendo los atentados fin a dicha ilusión.

Una de las consecuencias más claras de los ataques fue la aprobación de nueva legislación antiterrorista. La ley antiterrorista de 2006 fue la primera legislación específica para abordar la regulación de un fenómeno, definiendo qué se consideraba terrorismo y las penas establecidas para aquellos acusados de perpetrar actos terroristas. Esta legislación fue criticada por el relator de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Martin Scheinin, ya que comprometía numerosas salvaguardas que afectaban a los derechos humanos, incluyendo el derecho a la privacidad, libertad de movimiento, presunción de inocencia y debido proceso, entre otros.

La política antiterrorista jordana ha demostrado ser tremendamente reactiva. La legislación y las políticas sólo han sido desarrolladas como consecuencia de un hecho dramático. Lo mismo sucedió con la modificación de la legislación antiterrorista en 2014, motivada por el desafío que supuso la proclamación del califato de Dáesh y el poder de atracción que supuso en miles de jóvenes. Fue entonces, y no antes, cuando las autoridades jordanas se dieron cuenta de la magnitud del fenómeno. Hasta entonces, cientos de jordanos cruzaron la frontera siria para unirse a las filas de los distintos grupos armados, un proceso facilitado por la infraestructura existente desde hacía una década.

Sin embargo, las políticas de prevención del extremismo siguen yendo a remolque de los esfuerzos en el marco legal y de seguridad. Pese a que Jordania ha liderado numerosas iniciativas internacionales para prevenir el auge del extremismo violento, lo cierto es que a nivel doméstico las medidas implementadas no han tenido éxito. Expertos jordanos en la cuestión han llamado la atención sobre el peligro de radicalización en las abarrotadas prisiones jordanas y de la radicalización online.

Situación de la amenaza

El terrorismo sigue suponiendo una amenaza en Jordania, aunque ciertamente en un segundo plano durante 2020 debido a la máxima importancia otorgada a la pandemia de COVID-19 y su impacto sanitario, económico y social. Sin embargo, como apunta el analista Amer Al Sabaileh, la creciente inestabilidad regional no permite que Jordania baje el nivel de alerta, tanto en sus fronteras como a nivel doméstico.

La alerta en la frontera requiere especial atención pues, como figura más abajo, las fuerzas de seguridad han detenido a jordanos que intentaban cruzar la frontera siria para unirse a Daesh. Esto significa que, pese a haber perdido las plazas fuertes de Raqqa y Mosul, la organización, que permanece operativa en el triángulo comprendido entre Al-Sukhna, al-Mayadin y Ma’adan, con una fuerza de aproximadamente 45.000 militantes, sigue atrayendo reclutas. Más preocupantes para Jordania son los informes que apuntan a la creciente penetración yihadista en la región de Daraa, fronteriza con Jordania, donde se han registrado enfrentamientos entre tribus beduinas y la 8ª Brigada del Ejército Sirio, en manos de fuerzas rusas, además de numerosos ataques reclamados por parte de Dáesh. La zona fronteriza con Siria formaba parte del territorio bajo el plan de desescalada diseñado por Rusia en 2017 y que Jordania ha apoyado como solución a la situación. La desestabilización de la región resulta preocupante entre el aparato de seguridad jordano.

En un artículo anterior se detallaba la amenaza terrorista en Jordania y la respuesta dada a la misma, haciéndose hincapié en la importancia de la amenaza terrorista local que se ha desarrollado en los últimos años. Se trata de una amenaza velada ya que los operativos detectados son capaces de esconder sus intenciones durante la planificación y preparación de los ataques, cogiendo a las autoridades por sorpresa, lo que supone una fortaleza por parte de estas células, capaces de operar bajo estrictas condiciones de seguridad sin ser detectados.

Desde 2001 se han registrado en Jordania 42 atentados terroristas. Sólo cinco de ellos tuvieron lugar antes de los ataques del 9 de noviembre de 2005 y otros tres entre 2005 y 2011, registrándose el grueso de los ataques a partir de dicha fecha y, particularmente, a partir de 2014. El último de ellos tuvo lugar el 6 de noviembre de 2019 en el complejo arqueológico de Gerasa, cuando un hombre hirió a ocho personas con un arma blanca, sin causar víctimas mortales.

Tabla 1. Ataques terroristas en Jordania entre 2014 y 2018. Elaboración propia a partir de: Counter Extremism Project, GTD, ACLED y medios de comunicación.

Respuesta anti-terrorista

Las fuerzas de seguridad, incluyendo policía, ejército y servicios de inteligencia han desmontado numerosos complots e intentos de ataques en los últimos años, aunque la falta de transparencia en la comunicación de información relativa a la seguridad nacional dificulta conocer el número y los detalles de estos.

En los últimos años se han desbaratado diversas tramas terroristas. En agosto de 2019, los servicios de inteligencia desarticularon una trama que pretendía atacar el cuartel de la agencia en Ma’an. En noviembre del mismo año, los servicios de inteligencia informaron de la frustración de un atentado por parte de dos sujetos contra diplomáticos estadounidenses e israelíes, así como contra los soldados americanos desplegados en la base militar de al-Jafr. Uno de los arrestados fue acusado de intentar atacar la Embajada de Israel en Amán y condenado a ocho años de prisión. Otro jordano fue sentenciado a tres años de prisión por planear infiltrarse en Israel y atacar a soldados de este país.

En junio de este año las autoridades informaron de la frustración de una trama a principios de año. Cuatro militantes asociados a Daesh intentaron cruzar la frontera con Siria para unirse a la organización. Al no conseguirlo, planearon atentar contra la iglesia armenia en el barrio de al-Ashrafyeh, y una licorería en al-Wehdat. Los cuatro integrantes de esta célula han sido juzgados por conspiración, intención de perpetrar ataques terroristas, intento de unirse a grupos armados terroristas y apología del terrorismo. En febrero, otras cinco personas que planeaban llevar a cabo atentados suicidas en Cisjordania fueron detenidas.

Por otra parte, en los últimos años se ha intensificado la persecución contra los Hermanos Musulmanes, fruto de la enorme presión ejercida por Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, cuya política se basa en ilegalizar a la organización declarándola terrorista. Las autoridades jordanas no han juzgado prudente el enfoque directo y radical aplicado por estos países y ha preferido actuar por la vía legal.

En general, las relaciones de los Hermanos Musulmanes con las autoridades jordanas han sido tensas, pero ambos actores se reconocían como necesarios y aceptaban un cierto statu quo. Sin embargo, el rey Abdalá II siempre ha aplicado una política más dura con respecto a la organización que su padre Hussein I. Desde 2011 las relaciones han ido deteriorándose cada vez más, motivadas por el contexto regional y el auge y caída de los Hermanos Musulmanes en Egipto.

Las autoridades jordanas han aprovechado y azuzado las divisiones internas dentro de la organización entre la rama dura (halcones) y la rama blanda (palomas), que han resultado en la escisión de distintos grupos dentro de la hermandad. En 2013, un grupo de hermanos provocaron una escisión, creando el partido Zamzam, y en 2017 otro grupo disidente creó el partido “Rescue and Partnership”.

En 2015, Jordania legalizó a la disidente Sociedad de los Hermanos Musulmanes, liderada por el jeque Abdel Majed Thnibat, reconociéndola como la entidad legal, cerrando las oficinas de la organización original de los Hermanos Musulmanes, confiscando todas sus propiedades y transfiriéndolas a la nueva organización, bajo el pretexto de que la organización violaba la nueva ley de partidos políticos.

La hermandad recurrió la decisión por la vía judicial y el pasado 15 de julio el Tribunal Supremo confirmó la decisión gubernamental y solicitó la disolución oficial de la organización, alegando que su existencia no tiene base legal. Los Hermanos Musulmanes han anunciado su intención de recurrir la sentencia y, pese a haber barajado la posibilidad de boicotear las elecciones parlamentarias, finalmente participarán en las mismas el próximo día 10 de noviembre, aunque sus diputados se presentan como independientes en listas de coalición y no bajo la bandera del Frente de Acción Islámica, el brazo político de la organización.

En resumen, los atentados de 2005 convulsionaron a un país que hasta entonces no había vivido en sus propias carnes un atentado de tal magnitud,  marcando un antes y un después en términos policiales, legales y sociales respecto a cómo hacer frente a una amenaza que no perdona a nadie. Desde entonces, Jordania ha fortalecido el marco jurídico para hacer frente a dicha amenaza, a costa de comprometer las libertades de los ciudadanos, pero no ha hecho frente de forma efectiva a las condiciones que propician que miles de ciudadanos simpaticen o participen de forma activa en organizaciones que atacan la libertad y la paz social.

*El Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo no se hace responsable de las opiniones vertidas por los autores de los artículos publicados.