Combatientes europeos y sus familias: un desafío europeo

Apunte 3/2021

Carmen Arroyo

Grupo de mujeres y niños en el centro de detención sirio de Al Hol. Fuente: AFP/ GAMAL-GABRIEL

Un buen número de individuos de distintos países, entre ellos más de 5.000 europeos, se desplazaron a partir del año 2011 a Siria e Irak, pasando a formar parte todos ellos de lo que se conoce como Combatientes Terroristas Extranjeros (CTE). Una amplia mayoría de ellos se unieron a las filas de organizaciones terroristas como Daesh o el desaparecido Frente Al-Nusra (facción de Al Qaeda en Siria) y fueron adiestrados en campamentos de entrenamiento. Algunos incluso llevaron consigo a sus familias. Otros tantos fueron enviados bajo instrucciones directas de las organizaciones de las que formaban parte o decidieron por sí mismo volver como retornados al continente europeo, llegando a cometer acciones terroristas en Occidente.

La carga ideológica del salafismo yihadista ha conseguido y consigue convencer de la importancia de su causa. Daesh y Al Qaeda cuentan con una estructura eficaz de reclutamiento y propaganda en redes sociales, mezquitas, cárceles y otros. Tanto es así que son capaces de trasladar a una persona, junto con toda su familia, de un sistema donde los Derechos Humanos y las necesidades básicas están cubiertas a uno donde las carencias y la pérdida de libertades son tales que no hacen más que facilitar los objetivos de dichas organizaciones. Así, pasan de ser un civil más con pasaporte europeo a un terrorista.

Al mencionar a los retornados surge un problema aún mayor: las mujeres e hijos de aquellos yihadistas que han participado en las guerras de Siria o Irak. Consciente o inconscientemente, de buena voluntad o presionadas, estas mujeres traspasaron la línea hacia el califato yihadista. Mientras, muchos de los hijos de yihadistas occidentales han crecido en el entorno de Daesh o Al Qaeda y, a partir de cierta edad, han sido incluso entrenados militarmente. Es por ello que algunos especialistas tildan a la cuestión familiar como “un desafío en todos los niveles de la sociedad, porque el proyecto del califato es construir un Estado que necesita habitantes y población”.

A pesar de ello, no hay un consenso en cuanto a la repatriación, es una cuestión de la que pocas veces se habla desde las esferas políticas y que no tiene la repercusión que debiera. Son ciudadanos de nacionalidad española, alemana o italiana, entre otras, que están siendo juzgados por procesos no reconocidos por la Comunidad Internacional. Algunas fuentes especializadas, además, destacan que los CTE “se encuentran en un limbo procesal y legal. La Unión Europea es totalmente contraria a la repatriación de estas personas y confía en las fuerzas militares kurdosirias y el Estado iraquí para que les juzguen y encierren. Pero estos dos escenarios presentan muchísimas ilegalidades […] en los que hay torturas y hasta pena de muerte, en el caso de Irak.”

A la lucha contra el terrorismo se le han dado perspectivas diferentes según cada país miembro de la Unión Europea. Dado que el número de retornados no es el mismo, cada país hace frente a esta amenaza con sus respectivas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Fuera de la esfera de la Unión, también se dan casos en los que son los propios gobiernos los que retiran la nacionalidad de la persona, como la británica Shamima Begum.

Este vacío legal en cuanto a la responsabilidad de los Estados europeos para con sus ciudadanos es algo que ya se ha puesto de manifiesto en anteriores ocasiones. Se muestra necesario que los estados no traten de esquivar la amenaza y que las políticas gubernamentales sean complementadas unas con otras, cooperando para gestionar la situación de retorno de estas personas, las cuales llevan meses y, en ocasiones años, esperando respuesta. Los países europeos se enfrentan a una decisión política de gran envergadura, cuyas repercusiones ponen en riesgo la seguridad tanto europea como nacional de los Estados Miembros. No obstante, la decisión de hasta qué punto estas personas pueden ser reintegradas en la sociedad occidental es una cuestión que ni los gobiernos ni la Unión Europea quieren afrontar. Los desafíos en términos de seguridad que supondría su repatriación, añadido al impacto negativo entre una buena parte del electorado por ser considerada como una decisión impopular, son algunos de los motivos por los que los gobiernos europeos han decidido ponerse de perfil frente a esta situación.